Camps apuesta ahora por acelerar la reforma del Estatuto para aprobarla antes de Pascua

El Partido Popular valenciano ha protagonizado un giro radical en lo referente al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía. Si en los últimos tiempos había dado largas al asunto, ahora tiene prisa. El presidente de la Generalitat, que el jueves obtuvo en Madrid el visto bueno del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, para que la reforma incluya la plena capacidad de disolución de las Cortes Valencianas, anunció ayer su deseo de que el proyecto sea aprobado antes de la Semana Santa de 2005 para enviarlo a las Cortes Generales y así pueda entrar en vigor antes de 2007.

"Vamos a recortar al máximo los plazos si así también lo estima oportuno la oposición"

El jefe del Consell anunció ayer, tras participar en las jornadas parlamentarias que el Grupo Popular de las Cortes Valencianas celebra en Puçol para planificar su trabajo ante el próximo debate y aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para 2005, su deseo de "recortar al máximo los tiempos" para que la reforma del Estatut sea aprobada por la Cámara antes de la próxima Semana Santa. Francisco Camps recalcó que en la reunión que mantuvo el jueves en Madrid con el presidente nacional de su partido, Mariano Rajoy, obtuvo "el respaldo del Partido Popular de España para la reforma del Estatuto". Un respaldo que le permitió, después de meses de silencio e indefinición, anunciar que la reforma incluirá la plena capacidad de disolución de las Cortes, aquella que supone la convocatoria de elecciones y el inicio de una nueva legislatura de cuatro años, y no sólo la parcial, que abre un miniperiodo legislativo que termina al mismo tiempo que las legislaturas de las demás comunidades autónomas que celebran elecciones cada cuatro años el último domingo de mayo.

El giro del PP en torno al proyecto de reforma estatutaria tiene una lectura interna y otra de ámbito político nacional. La primera, porque al arrancar de Mariano Rajoy el compromiso de aceptar una reforma que incluya la capacidad de disolución anticipada de las Cortes por parte del presidente, lanza un mensaje al interior del partido, en concreto al sector zaplanista, enfrentado desde hace meses al grupo alineado en torno al propio Camps. No en vano, los zaplanistas tienen una nutrida representación en la Cámara, con su presidente, Julio de España y el portavoz popular, Serafín Castellano, a la cabeza.

La segunda, porque el PP no quiere abrir un proceso generalizado de reformas estatutarias y mucho menos que éstas incluyan la plena capacidad de disolución y convocatoria de nuevas elecciones por parte de todas las comunidades autónomas, porque ello complicaría el panorama político español. Rajoy quiere que la Comunidad Valenciana sea la última o, en todo caso, que sólo se sume una comunidad más: Canarias. Y además, que ninguna reforma implique tocar la Constitución. De ahí que el presidente Camps insistiera ayer en que los cambios que se introducirán en la norma valenciana de autogobierno estarán "marcados por el límite constitucional": el PP no aceptará ninguna propuesta de reforma estatutaria que conlleve una modificación de la Constitución.

La aceleración del proceso de reforma del Estatuto tendrá efectos inmediatos: el presidente se entrevistará la próxima semana con los portavoces de los grupos parlamentarios y con los dirigentes de los partidos. "Vamos a recortar al máximo los plazos si así también lo estima oportuno la oposición", dijo Camps, "y se valorará de qué forma se pueden acortar los mecanismos de esta reforma, siempre y cuando haya consenso". En este sentido, González Pons indicó ayer que los socialistas deben hacer lo mismo que el PP: que el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, arranque a José Luis Rodríguez Zapatero el compromiso de que el PSOE en Madrid también "respetará" la reforma del Estatuto que aprueben las Cortes Valencianas. Algo que el presidente del Gobierno ya ha manifestado públicamente.

La comisión de las Cortes encargada de estudiar la reforma del Estatuto ya ha adelantado el trabajo -en anteriores legislaturas ya funcionó- y tiene previsto iniciar en enero las comparecencias de representantes de la sociedad valenciana para que opinen sobre el proyecto. El plazo que puso ayer Camps de aprobar la reforma antes de la Semana Santa de 2005 obligará a acelerar.