El Gobierno asegura que el nuevo reglamento permitirá regularizar a 800.000 extranjeros

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calculó ayer entre 800.000 y un millón el número de inmigrantes que podrán regularizar su situación a través de las fórmulas que contempla el nuevo Reglamento de Extranjería. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, coincidió con ella al estimar la cifra en unos 800.000. Las organizaciones empresariales y la gran mayoría de las ONG celebraron el texto legal, que ha sido consensuado con los agentes sociales. El PP, contrario a este acuerdo, considera que generará un "efecto llamada".

Fernández de la Vega recordó, en declaraciones a Radio Nacional, que la fórmula de "normalización" que dará papeles a los extranjeros empadronados seis meses antes de la entrada en vigor del texto -prevista para el próximo febrero- y que dispongan de un contrato de trabajo de seis meses "no es una situación por tiempo ilimitado, sino que pretende dar respuesta a un problema que tenemos encima de la mesa". En España viven unos 1.300.000 inmigrantes en situación irregular, según el cruce de datos del padrón municipal con los de extranjeros regularizados.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha hecho un llamamiento a los inmigrantes para que no acudan todavía a las oficinas de extranjeros, puesto que el reglamento aún no ha sido aprobado y no se les podrá proporcionar información. La portavoz de inmigración del PP en el Congreso, Ángeles Muñoz, acusó ayer al Gobierno de generar un "efecto llamada" con el nuevo texto legal, informa Efe. La suya fue una de las pocas reacciones negativas que ha cosechado el reglamento. Éstas son algunas de las valoraciones que ha recibido el borrador de la norma:

- Federación Española de Hostelería. Valora el proceso de normalización y considera "recogidas íntegramente sus peticiones" en el reglamento.

- Asociación sindical Jóvenes Agricultores. Su presidente califica de "paso adelante" el contrato de tres meses que contempla el reglamento para regularizar a los trabajadores del sector.

- Confederación Nacional de la Construcción. Muestra su satisfacción porque el nuevo reglamento recoge las "peculiaridades" del sector.

- Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Su presidente ve "con buenos ojos" el acuerdo.

- Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Entiende que las excepciones contempladas para el sector agrícola (la duración del contrato necesario para la regularización se podrá reducir hasta un mínimo de tres meses) "podrían paliar en principio el déficit de mano de obra regularizada en el campo".

- Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España. Considera que el "proceso de normalización" que permitirá regularizar a los inmigrantes con contrato supone una medida "de justicia y sentido común". Destaca la "sensibilidad y flexibilidad" del Gobierno y el espíritu "constructivo y conciliador" de los agentes sociales y de las ONG.

- Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui. Califica el consenso alcanzado por el Ejecutivo, los sindicatos y los empresarios como "un paso muy positivo".

- Asociación América-España, Solidaridad y Cooperación. Su presidenta elogia la "precisión" de los plazos a los que se compromete la Administración para responder a las peticiones de trabajo y residencia (un mes) y el reconocimiento del pluriempleo, "que nosotros habíamos reivindicado". Esto último implica que inmigrantes que trabajan de forma discontinua, sobre todo mujeres del servicio doméstico, podrán regularizar su situación presentando sus contratos con varios empleadores siempre que sumen, como mínimo, 30 horas semanales.

- Asamblea por la Regularización Sin Condiciones.

Considera que el pacto, aunque llega "muy tarde", supone "un paso adelante".

- SOS Racismo. Califica de "parche" el proceso de normalización. "Supone un balón de oxígeno, pero en dos o tres años nos podemos encontrar con la misma situación".

- Coordinadora de Entidades de Inmigrantes de Catalunya. Celebra que el Gobierno busque "vías de solución" para los sin papeles que residen en España con el proceso de normalización, pero califica de "insuficiente" el nuevo reglamento.