Cataluña emprende la reforma

En los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición a la democracia, el futuro Estatuto de Autonomía se convirtió para los políticos catalanes en un talismán. Todo sería distinto y mejor cuando Cataluña tuviera su Estatut. Al fin, el 25 de octubre de 1979 se aprobó en referéndum el proyecto de Estatut trabajosamente elaborado por 20 diputados de las Cortes elegidos en Cataluña. Obtuvo el 87,96% de votos afirmativos, el 7,91% de votos negativos y 3,63% en blanco, con un 59,6% de participación. Cataluña volvió a ser, desde entonces, autónoma. De eso hace hoy 25 años justos. Cuando se cumple el aniversario, el talismán de los políticos catalanes ya no es el Estatut, sino su reforma. Desde hace dos años, el debate político catalán gira en torno a esta reforma.

Algunos aducen que hay ya una generación de ciudadanos que no han votado el Estatuto

El Parlamento y el Gobierno catalán celebran el aniversario del Estatuto el día 27

La estabilización de la democracia permite plantear avances sin temer al ruido de sables

El punto de partida es que los 25 años de autonomía han sido un éxito político. Tanto es así, que, a diferencia del País Vasco, el día 27 el Gobierno y el Parlamento catalán conmemorarán oficialmente la efemérides.

El primer acuerdo del Parlamento catalán para la reforma del Estatut fue adoptado el 3 de octubre de 2002, aunque la resolución aprobada remitía el inicio del proceso al año 2004. Aquel fue el día en que Convergència i Unió (CiU), la coalición que gobernaba en Cataluña desde 1980, es decir, la que había dirigido la aplicación del Estatut desde su entrada en vigor, dio por agotadas las posibilidades de desarrollarlo más. El entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se había resistido siempre a emprender la reforma. En octubre de 2002, sin embargo, Pujol pensaba ya en su retirada y cedió a la presión de los sectores jóvenes de su partido.

Pujol había combinado a lo largo de sus sucesivos mandatos una constante denuncia de la "involución" y los "recortes" autonómicos emprendidos desde el 23 de febrero de 1981 por el Gobierno central, tanto con el PSOE como con el PP, con la defensa de la vía negociadora para hacerles frente y alcanzar mayores cotas de autonomía. Su argumento no carecía de lógica. "¿Cómo va a prosperar una reforma del Estatut que ha de ser aprobada en las Cortes por los mismos partidos, PSOE y PP, que se dedican a recortar nuestras competencias desde el Gobierno?", preguntaba en los debates. Su instrumento para forzar la negociación con los Gobiernos era la posición de bisagra que el grupo parlamentario de CiU tuvo repetidamente en las Cortes durante estas décadas cuando no había mayoría absoluta. Eso le permitió presionar a los gobiernos de Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar y arrancarles concesiones. Más efectivo que recurrir a la reforma, argumentaba Pujol, sería conseguir que el Gobierno central aplicara la Constitución con una orientación autonomista como la que existía antes del golpe de Estado del 23-F de 1981, que fracasó pero fue seguido de una involución en la política autonómica.

Este esquema empezó a tambalearse cuando en 1999 el entonces aspirante socialista a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall, empezó a hablar de "reforma por adición", con lo que establecía un ámbito de complicidad con Esquerra Republicana (ERC). Los republicanos impulsaron el sí en el referéndum de 1979, pero siempre han considerado que este Estatuto permite menos capacidad de autogobierno que el aprobado por las Cortes de la Segunda República en 1932. Ahora, Esquerra mantiene ese enfoque. Carles Bonet, senador republicano de la Entesa Catalana, afirma que la diferencia entre el Estatuto de 1932 y el de 1979 es que el primero "respetaban unas singularidades" de Cataluña que ahora "se han desdibujado en medio del régimen común" autonómico. La clave de la reforma es ver "qué singularidades se nos reconocen", a su juicio. Se responde en forma de preguntas: "¿Podremos competir internacionalmente en el ámbito deportivo? ¿Será el catalán segunda lengua de España? ¿Podremos suprimir la división provincial en Cataluña?".

Maragall sugería agregar al Estatut un capítulo sobre derechos de ciudadanía e introducir en él asuntos inexistentes en 1979, como las relaciones con la Unión Europea y la nueva situación de país de acogida de inmigrantes extranjeros. Señalaba también que el sistema autonómico español necesita un Senado que sea Cámara de las comunidades autónomas, que sólo podrá existir previa reforma de la Constitución. Maragall desdramatizaba la idea de reforma señalando que hay ya una generación de ciudadanos con derecho a voto que no han votado ni el Estatut ni la Constitución, porque no tenían edad para ello, y es hora de darles una opción.

La posición de Maragall abría unas posibilidades hasta entonces inexistentes porque los socialistas catalanes difícilmente iban a embarcarse en una aventura que no pudiera obtener también la complicidad del PSOE. Eso fue lo que acabó sucediendo y se consagró en la Declaración de Santillana adoptada por el Consejo Territorial del PSOE el 30 de agosto de 2003. El nuevo líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a defender los proyectos de reforma de los estatutos que llegaran a las Cortes con amplio consenso en los parlamentos autonómicos.

El compromiso fue renovado tras la victoria electoral del 11-M. La reforma formaba parte del programa del Gobierno tripartito de la Generalitat presidido por Maragall desde diciembre de 2003 y contaba, pues, con razonables expectativas de ser aprobada en las Cortes. Naturalmente, esto cambió los términos del problema. Por fin el debate abandonó el territorio de la queja en el que se había desarrollado durante tanto tiempo.

Uno de los autores del proyecto de Estatut, Miquel Roca, explicó a este diario que emprender la reforma no desdice en absoluto, a su juicio, del "balance altamente positivo" que cabe hacer de su aplicación. Destaca que Cataluña ha podido instaurar con él "un Gobierno potente, muy implicado en la vida social" y que así ha vivido "la etapa de autogobierno más larga desde 1714".

La sombra de este balance es, añade Roca, que un documento jurídico-institucional depende a la postre "de la voluntad política con que se aplique". Y en este caso, ha habido, a su juicio "una actitud avara, restrictiva, en los sucesivos Gobiernos de España" que debían haber favorecido su desarrollo.

"No veo en la reforma que se prepara diferencias sustanciales respecto al texto de 1979", dice Roca, sino el lógico "intento de obviar los aspectos negativos que se han observado" en estos 25 años. Objetivo principal es ahora el "blindaje" de las competencias. Pero para el que fue durante 17 años el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, el "problema histórico" es el de la financiación. "Yo diría que ése es un problema que nunca está definitivamente resuelto, pero lo que no tiene sentido es que en el conjunto del Estado convivan sistemas de financiación que arrojen resultados tan diferentes. Nada justifica que unos tengan el doble de ingresos por habitante que los demás". En la práctica, el concierto económico vigente en el País Vasco aporta el doble de financiación que el sistema vigente para Cataluña y Andalucía, señala Roca, "y eso es discriminatorio".

También uno de los más importantes dirigentes políticos de la Cataluña de 1979, Antoni Gutiérrez Díaz, entonces secretario general del PSUC, que era el segundo partido catalán, afirma ahora que la reforma del Estatut es "necesaria" para adaptarlo a los nuevos tiempos.

Apunta dos argumentos. Uno es que la democracia se ha estabilizado en España y eso permite plantear avances que en 1979 se consideraba "arriesgados por temor a reacciones del aparato militar franquista". El otro argumento es la necesidad de adaptar el Estatut a realidades inexistentes hace 25 años. Cuando se redactó el Estatut, señala, "no existían los avances tecnológicos que hoy permiten pensar en opciones como la tasa Tobin a los movimientos de capital; ni fenómenos sociales como la inmigración extranjera; ni la urgencia de definir la participación y las relaciones de Cataluña con la Unión Europea".

La experiencia de estos 25 años ha llevado a los partidos catalanes a la convicción de que el Estatut no les garantiza que las competencias que en él figuran como exclusivas sean realmente exclusivas.

En la práctica, la gran mayoría de competencias acaban por ser compartidas con la Administración central, que dispone de muchos medios, ya sean legislativos o económicos, para "recuperar" el ejercicio de competencia que ya fueron traspasadas a la Generalitat.

Por esta razón, el esfuerzo de los diputados que están elaborando el proyecto de reforma del Estatut en el Parlament se orienta a "blindar" las competencias de la Generalitat. De forma que el ámbito competencial catalán no pueda ser "invadido" por las leyes de bases aprobadas por las Cortes o por otros medios a disposición del Gobierno.

El nuevo Estatuto que se está elaborando contendrá novedades, como el título dedicado a los derechos sociales y ciudadanos, a las relaciones con otras comunidades autónomas y con la Unión Europea. Pero el núcleo de la reforma pretende ser todo lo relativo a la financiación de la Generalitat y al ámbito de competencias. La experiencia de 25 años de vigencia del Estatuto de Autonomía de 1979 ha enseñado a los políticos catalanes que la parte más débil de lo aprobado en aquel momento fue la económica.