Un macabro acróstico

EL PLENO DEL CONGRESO escuchó el pasado jueves la demoledora intervención del ministro de Defensa sobre la catástrofe área del Yakovlev-42 D, que costó la vida a sus 13 tripulantes y a 62 militares españoles que regresaban a casa desde Afganistán y Kirguizistán después de concluir su misión humanitaria. El aparato, fabricado en la antigua Unión Soviética y con bandera de Ucrania, se estrelló el 26 de mayo de 2003 a 20 kilómetros del aeropuerto de Trebisonda, escala técnica del vuelo. El Gobierno de Aznar tergiversó, ocultó y falseó todos los datos sobre la catástrofe que pudieran resultar lesivos para su imagen corporativa. La mayoría absoluta del PP en la anterior legislatura permitió al ministro de Defensa, Federico Trillo, vetar la creación de una comisión parlamentaria y yugular las exigencias de responsabilidad política. La cortina de humo esparcida desde los medios oficiales llegó a densidades grotescas: las palabras iniciales de los seis párrafos del editorial -"Un error humano"- publicado por la Revista Española de Defensa de julio-agosto de 2003 formaban -intencionada o casualmente- una frase susceptible de ser interpretada como el remedo en prosa de un macabro acróstico de humor negro: "El responsable definitivo es el EMAD" (Estado Mayor de la Defensa).

El informe del ministro de Defensa sobre las causas del accidente aéreo de Turquía que costó la vida a 62 militares españoles en mayo de 2003 puso de relieve las graves responsabilidades del Gobierno de Aznar

El apasionado libro Yak-42, honor y verdad (Península / Atalaya, 2004), del periodista del Heraldo de Aragón Ramón Javier Campo, no es sólo un relato documentado de la tragedia, sino también una crítica acerba del bochornoso comportamiento del anterior Gobierno al respecto. Pero la mentira -por acción o por omisión- siempre tiene las patas cortas. El obstruccionismo desplegado inicialmente por la juez Palacios y el fiscal Fungairiño para impedir que la Audiencia Nacional depure las eventuales responsabilidades penales de la catástrofe ha sido desbaratado por Cándido Conde Pumpido.

El ministro Bono había comparecido el 7 de julio ante la Comisión de Defensa del Congreso para aclarar los puntos oscuros y deshacer los embustes que impedían reconstruir la crónica del accidente. El Pleno había sido fijado inicialmente el 30 de septiembre, pero fue aplazado a fin de no perturbar el 15º Congreso del PP a principios de octubre; sin embargo, los compromisarios aprovecharon la prórroga para echar gasolina al fuego con el nombramiento de Federico Trillo -titular de Defensa en mayo de 2003- como presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP. El ministro Bono completó su sombrío relato de hace tres meses con datos todavía más sórdidos; las amenazadoras, desvergonzadas y provocadoras intervenciones del obsceno portavoz del PP, Eduardo Zaplana, vejaron la dignidad del Congreso, el respeto a la verdad y la sensibilidad democrática.

Buena parte de las informaciones dadas en su día por el Gobierno de Aznar eran falsas. Los aviones de la antigua Unión Soviética utilizados para el traslado de las tropas no eran sólo inhóspitos, sino también peligrosos: antes de la catástrofe de Trebisonda, varios aparatos de ese tipo sufrieron hasta siete accidentes en diversos países. El Ministerio de Defensa había recibido 12 quejas de militares españoles que viajaron en alguno de los 44 vuelos fletados para misiones humanitarias. La sombra de la colusión entre política y negocios también se proyecta sobre ese drama. El arrendamiento del averiado Yak-42 pasó por cinco subcontrataciones: a lo largo de esa extraña cadena se evaporó el seguro de 75.000 dólares por pasajero. El alquiler del aparato era superior al precio de los aviones de pasajeros utilizados para los traslados desde Kuwait. La tripulación del Yak-42 -cuya caja de voz en registro en cabina estaba estropeada desde hacía mes y medio- llevaba más de 23 horas de servicio. Mientras los forenses turcos identificaron correctamente 32 de los 62 cadáveres, el equipo español se equivocó en el reconocimiento de los 30 cuerpos que les habían sido confiados. Y la negativa a permitir que las familias abrieran los ataúdes de sus deudos y la resistencia a utilizar la prueba del ADN para la identificación de las víctimas hace suponer que el Gobierno de Aznar sospechaba o conocía el fraude.