Una inspección de Trabajo desvela irregularidades en el consistorio de Barberà

Discriminación laboral -"la promoción profesional se les niega a unos y se facilita a otros sin motivo ni criterio objetivo ni razonable"-; discriminación en la remuneración -"el complemento específico es la causa de que ciertos trabajadores cobren cantidades sustancialmente mayores que otros de categoría superior, o que entre trabajadores de igual categoría haya diferencias retributivas de hasta el 137% sin criterios que lo avalen"-, y hostigamiento psicológico -"queda patente la voluntad de causar daño al trabajador"-. Esta retahíla de irregularidades suceden, según la Inspección de Trabajo, en el Ayuntamiento de Barberà del Vallès, gobernado por el PSC e ICV.

El que ha destapado la caja de los truenos es Antonio Cuadrado, que lleva 25 años trabajando como ujier en Barberà del Vallès. En marzo del año pasado denunció lo que considera "acoso moral" contra unos 25 trabajadores, "que sobramos porque no somos de los suyos", dice. Aporta informes médicos que acreditan la existencia de trastornos de ánimo y síndromes ansiosodepresivos desde 1993. Cuadrado lamenta que, pese a sus esfuerzos -superó las pruebas de acceso a la Universidad y empezó Derecho-, no ha logrado subir de categoría.

La reacción del consistorio ha sido de sorpresa. "No entendemos cómo el inspector del Trabajo ha llegado a esta conclusión", señala el concejal de personal, Antonio Báez. Báez explica que el consistorio hará llegar a Trabajo su queja porque "el informe dice lo que dice el trabajador, pero no ha sido contrastado. Si estas acusaciones son ciertas, por qué no nos sancionan y se limitan a requerirnos que cumplamos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Ana Tome, abogada del Colectiu Ronda que representa a Cuadrado, precisa que la Inspección del Trabajo "sólo puede hacer requerimientos, no tiene capacidad sancionadora". El informe, sin embargo, "abre vías porque demuestra que en el Ayuntamiento hay un sistema discriminatorio y que se actúa de forma arbitraria". A partir de ahí, "los trabajadores pueden ir a un juzgado y denunciar los hechos por la vía penal", señala Tome.

Trabajo asegura que en el Ayuntamiento de Barberà hay "un grupo de trabajadores discriminados y otro especialmente favorecido", y que el conflicto existe desde hace más de 10 años, "sin que se haya empezado a solucionar". Además, pone en duda la transparencia y objetividad de la convocatoria de nuevos puestos: "En las bases para plazas cuya provisión requiere la superación de un concurso de méritos, los méritos más importantes se especifican con muchísima concreción (pensando acaso en funcionarios previamente elegidos para su ascenso). O bien sucede lo contrario, se otorga una valoración mucho mayor a los méritos sin concretar". El informe concluye: "O la persona que obtenga la plaza está previamente determinada..., y se le diseña posteriormente un concurso a su medida, o el nivel de discrecionalidad es tan amplio que permite el Ayuntamiento seleccionar libremente sin someterse a criterio objetivo, lo que deja vía libre a la discriminación en la promoción profesional".