Bruselas prorroga y corrige las zonas afectadas por la 'lengua azul'

Los expertos de la UE acordaron ayer prorrogar las prohibiciones por el mal de la lengua azul en las provincias de Cádiz y Málaga al completo; en Huelva, dentro de las comarcas de La Palma del Condado y de Ayamonte; y en Córdoba, a Lucena, Montilla y Posada. El Comité permanente de la Cadena Alimentaria -formada por expertos de los países de la UE- apoyó que se añadiera Cartaya a las zonas onubenses afectadas por la medida y dictaminó a favor de que continúen en toda la provincia de Sevilla, menos en Cazalla de la Sierra. Sin embargo, acordó que dejen de aplicarse las restricciones que afectan a la provincia granadina, es decir a las comarcas de Granada, Alhama de Granada y Loja, pues debido a su situación geográfica y a estar ubicadas en un área montañosa "es difícil que se propague la enfermedad", según fuentes de Bruselas.

Esta decisión -que será aprobada formalmente por la Comisión Europea- afecta a las exportaciones de animales vivos, semen y óvulos de ovino, cabras, vacas y otros rumiantes domésticos o silvestres, como por ejemplo los ciervos. Los expertos de la UE confirmaron parte de las restricciones que decidió aplicar la Comisión Europea el pasado jueves a los envíos de animales vivos de varias zonas, tras detectarse focos de la enfermedad.

Asaja pide ayudas

Por otro lado, la organización agraria Asaja solicitó ayer a las Administraciones que articulen de forma urgente las medidas económicas necesarias para amortiguar las pérdidas que van a padecer en Andalucía los ganaderos afectados por la crisis de la lengua azul. Aunque el daño no está aún cuantificado, la patronal agraria insiste en habrá una merma de ingresos importante en el sector, tanto en aquellas explotaciones a las que ya ha llegado la enfermedad de la fiebre catarral como en las que se ha inmovilizado el ganado y, por tanto, paralizado las ventas de ejemplares de vacuno, caprino y ovino.

El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, alertó de que las exigencias de la Unión Europea hacen prever un proceso largo hasta la resolución de la crisis, por lo que es necesario que se establezcan ayudas para paliar en todo lo posible el impacto negativo sobre la economía de los ganaderos. "Éste no es un problema sanitario que pueda afectar al consumo, sino que es exclusivamente económico", añadió.

Por su parte, el presidente de Asaja Cádiz, Manuel Vázquez, quien coordina en la organización todo lo relacionado con el mal de la lengua azul, aseguró que es el momento de exigir a la Junta de Andalucía y al Gobierno central "la máxima eficacia" de las decisiones que se vayan tomando.

Según los datos que maneja Asaja, ya hay más de 1,4 millones de cabezas de ganado afectadas por la enfermedad y, sobre todo, por la inmovilización en casi 12.000 explotaciones