El fiscal reclama penas más severas para el ex juez Estevill y el abogado Piqué Vidal

El fiscal Carlos Ramos modificó ayer al alza su escrito inicial de acusación y reclamó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imponga penas más severas para el ex juez Luis Pascual Estevill y para el abogado penalista Juan Piqué Vidal, a los que acusa de prevaricación, estafa, amenazas, cohecho, detención ilegal y alzamiento de bienes supuestamente cometidos al actuar de manera concertada y atemorizar a diversos empresarios para lograr que pagasen sumas millonarias de dinero o accediesen a otro tipo de sobornos a cambio de no ir a prisión.

El juicio por el caso de corrupción judicial más importante ocurrido en España quedará visto para sentencia el próximo viernes, cuando las defensas expongan sus informes. El jueves lo hará el fiscal y el resto de acusaciones populares. En la sesión de ayer todas las partes anunciaron sus conclusiones definitivas y fue en ese trámite cuando el fiscal reclamó penas que suman 13 años y dos meses de cárcel para Luis Pascual Estevill por dos delitos de amenazas, otro delito continuado de cohecho y un cuarto de alzamiento de bienes. Inicialmente, la fiscalía solicitaba 10 años y dos meses de prisión para Estevill, al que también se le imputan varios delitos de prevaricación y otro de detención ilegal por los que el fiscal le pide 30 años de suspensión. El abogado defensor del juez pide una pena de tres años de prisión.

En el caso de Juan Piqué Vidal, el que fuera abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, el fiscal Carlos Ramos le reclama nueve años de cárcel por cohecho y amenazas, tres años más de los que solicitaba inicialmente. También pide que no pueda ejercer de abogado durante ocho años. Antes de iniciarse el juicio, Piqué Vidal depositó 390.000 euros en concepto de responsabilidad civil para que se le pudiera aplicar la atenuante de reparación del daño, pero el fiscal no lo ha entendido así. La defensa solicita una multa de 600 euros.

Para los otros cuatro acusados -Wilhelm Richard Lumb, Alberto Salaza, Eduardo Soteras y Juan Antonio Vidal Roca- el fiscal mantiene los cargos y les pide penas de dos años de prisión por un delito de acusación falsa a partir del cual se concretó uno de los sobornos.

La tesis del escrito definitivo de la fiscalía es que Estevill y Piqué Vidal "decidieron de común acuerdo y en provecho mutuo servirse de sus respectivas condiciones" para sobornar a algunos de los empresarios a los que investigaba el juez y a quienes defendía el abogado. Esa coincidencia se produjo, al menos, en 18 procedimientos judiciales. Los sobornos ocurrieron entre 1990 y 1994, primero en el Juzgado de Instrucción número 5 de Terrassa y después en el número 26 de Barcelona, y fueron posibles, explica el fiscal, porque el juez inspiraba "evidente temor" entre las personas a las que investigaba.

Ese miedo se concretó cuando Estevill interrogó a los testigos en varias ocasiones, "siempre de forma extremadamente severa y áspera, haciendo ostensible y público su propósito de decretar la prisión provisional" para los empresarios imputados, dice la fiscalía. Paralelamente a esa actuación, el papel de Piqué Vidal consistió en hacer llegar a sus clientes "de la manera más efectiva, pero también más discreta posible, que la manera de evitar la cárcel era pagar una importante cantidad de dinero" al ex juez y "una comisión" al abogado.

Dinero de Fecsa

La fiscalía sostiene que en julio de 1991 Piqué Vidal mecanografió el número de una cuenta suiza del juez y la cantidad de dinero que se debía pagar y lo hizo llegar al abogado de la empresa Idapsa para evitar que tres de sus directivos acabasen en prisión. Estevill cobró 125.000 euros y Piqué, 36.000, que justificó después con una minuta "ficticia".

Otro chantaje lo sufrieron cuatro directivos de la empresa Macosa, quienes también pagaron más de 186.000 euros para evitar la cárcel. En esa causa existía el riesgo de que el juez imputase al entonces presidente del Banco Central, Alfonso Escámez, por lo que su hombre de confianza en Cataluña, Luis Magaña, entonces consejero delegado de Fecsa, autorizó en noviembre de 1992 que se pagasen 691.000 euros. Ambas cantidades se las repartieron de forma que no se ha podido concretar Estevill, Piqué Vidal y otro abogado al que no se juzga porque está incapacitado, Juan Vives Rodríguez de Hinojosa.

El juez había encarcelado a uno de los consejeros de Macosa y había ordenado detener a otro, pero cambió de parecer después de cobrar "sin que concurriera ninguna causa legítima (...) y con plena conciencia de su ilegalidad e injusticia", dice el fiscal. Algún empresario, como José Felipe Bertrán de Caralt, se negó a pagar. Acabó en prisión.