La fiscal pide tres años de libertad vigilada por un atropello mortal

I. F. G., de 20 años, declaró ayer a puerta cerrada en el Juzgado de Menores número 1 de Valencia. Está acusado de la muerte de un niño de cuatro años al que supuestamente atropelló cuando conducía el coche del padre de un amigo la mañana del 27 de octubre de 2001. La fiscal solicita tres años de libertad vigilada con formación específica en educación vial y trabajos en beneficio de la comunidad.

La condición de menor que tenía cuando ocurrieron los hechos el acusado, I. F., hizo que la sesión de ayer, primera de tres, se celebrara a puerta cerrada. I. F. contestó a las preguntas de todas las partes y mantuvo en su declaración que él no conducía sino que al volante iba su amigo Jorge Juan Magraner, entonces de 18 años (ahora con 21). Tras su testimonio se cumplió con el orden previsto de periciales. La aportada por la Guardia Civil, concretamente por expertos de la Escuela de la Agrupación de Tráfico de Murcia, no ofrece duda alguna: conducía el acusado. Es la conclusión después de reconstruir informáticamente los hechos atendiendo a la disposición de las heridas que sufrieron los dos ocupantes del vehículo tras el mortal atropello. Y fue mientras los agentes exponían las conclusiones cuando I. F. interrumpió durante más de una decena de veces. La juez le pidió primero silencio, le advirtió después de que no estaba en su turno y podía ser amonestado y finalmente lo expulsó de la sala, a la que no pudo volver a entrar a pesar de solicitarlo una hora después de haber sido obligado a abandonarla.

También declaró ayer Jorge Juan Magraner. Y repitió lo que ha sido una constante desde que se iniciara la investigación. No recuerda nada y su amnesia postraumática está acreditada por forenses. Su padre, dueño del turismo, explicó que su hijo había cogido las llaves del lugar donde habitualmente las dejaba y que no se dio cuenta de que aquella mañana no estaban en su sitio. Una decena de testigos prestarán declaración entre hoy y el próximo jueves, mañana miércoles no habrá vista.

Arrollado en un semáforo

Enrique Cogollos estaba en uno de los cruces de la calle de Archiduque Carlos esperando a que el semáforo le diera paso. Con él estaban sus dos hijos, volvía a casa para comer. De pronto un coche a gran velocidad embistió la acera y en su trayectoria se llevó a Pablo, entonces de cuatro años. Enrique y su mujer, Ana Novella, estaban ayer en el juzgado. Su abogado aún no ha precisado cuál será la petición final de medidas sobre el acusado, al que se aplica la Ley del Menor porque ésa era su condición cuando ocurrieron los hechos. Pero no tiene dudas de que es el conductor del vehículo y espera una sentencia condenatoria. Será a partir de ahí cuando se retome el proceso de petición de responsabilidad civil a la familia del acusado que está en suspenso.

Ana Novella y Enrique Cogollos, padres del niño que falleció, insistieron ayer en la lentitud de la justicia con este caso. Tres años se ha tardado en instruir un caso, explicaron, en el que no se tardó 15 días en tomar declaración al mayor de edad, entonces supuesto conductor del vehículo, y otros 15 días en que la policía explorara al ahora imputado. En esa crítica coincide su letrado, Rafael Iniesta, quien advierte de la necesidad de encontrar un punto medio entre "la velocidad a veces arriesgada de los juicios rápidos y la dilación con justificación difícil de sostener, como ha sido ésta".