CiU vincula su apoyo a la reforma constitucional al papel del catalán

El catalán, el euskera y el gallego deberían ser oficiales en todo el territorio español y no sólo en sus respectivas autonomías. Y así tendría que figurar en la propia Constitución, según los deseos de Convergència i Unió (CiU). Si el Gobierno no accede a la demanda de los nacionalistas catalanes en su anunciada reforma constitucional, CiU rechazará el texto de la nueva Ley Fundamental y hará campaña en su contra.

Los nacionalistas consideran una incongruencia que el Gobierno central reclame a los organismos comunitarios que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea y, por el contrario, no tenga reconocido este carácter en toda España. Es decir, que en el futuro un ciudadano español pueda dirigirse a la UE en catalán, euskera o gallego y no a la Administración central; o que un eurodiputado pueda expresarse en estos idiomas en la Eurocámara y un senador o un diputado tengan que hacerlo en español en las Cortes Generales.

El pasado 10 de septiembre, en una reunión en La Moncloa, los dirigentes de CiU, Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida, ya transmitieron esta petición a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero nada dijeron de supeditar el reconocimiento de la oficialidad del catalán a que CiU vote a favor en el obligatorio referéndum tras cualquier reforma de la Constitución española.

Pero el Gobierno central no está por la labor de satisfacer las demandas de CiU. Según anunció en el debate de investidura, Zapatero sólo contempla cuatro supuestos para modificar la Constitución: la reforma del Senado para convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial; acabar con la exclusividad masculina en la sucesión de la Corona; una referencia a la Constitución Europea y a la pertenencia de España a la UE, y la enumeración de las 17 autonomías y de las dos ciudades autónomas y su consideración definitiva como parte esencial del Estado.

Una vez abierto el melón constitucional, CiU cree que es una excelente oportunidad para ver cumplidas sus reclamaciones nacionalistas y, de paso, blindarlas mediante su inclusión en la Ley Fundamental. Tan sólo se trataría de que el artículo tercero de la Constitución fijara que el castellano y las otras lenguas españolas (catalán, euskera, gallego) son lenguas oficiales del Estado y se reconociera el derecho de sus hablantes a poder usarlas. En cambio, sería exclusivo del castellano el "deber de conocerlo" en todo el territorio español, tal como estipula en la actualidad el citado artículo.

Por el momento, el presidente del Gobierno ha evitado pronunciarse sobre este polémico asunto. Siempre que se le ha planteado, la respuesta ha sido la misma: el Gobierno se compromete a fomentar el uso y el conocimiento de todas las lenguas habladas en España. Pero ahí se queda.

La de los nacionalistas catalanes no es la única demanda surgida desde Cataluña que persigue introducir más cambios constitucionales. El presidente de la Generalitat, el socialista Pasqual Maragall, quiere que la Ley Fundamental reconozca la especificidad de autonomías como Cataluña, Euskadi o Galicia y se admita su condición de naciones o nacionalidades.