Un debate mensual sobre buen gobierno

¿Está una empresa obligada a publicar lo que ganan sus consejeros? ¿Cuántas firmas cotizadas españolas han blindado sus consejos a posibles ofertas? ¿Cumplen estas compañías la obligación de informar en su página web? ¿Qué mecanismos tiene un pequeño accionista para hacer valer sus derechos en una junta de accionistas? Son algunas de las preguntas a las que contestarán los expertos del despacho de abogados Garrigues a lo largo de los próximos meses en las páginas de Negocios. La idea es explicar al lector las últimas tendencias y las mejores prácticas en materia de buen gobierno corporativo, una cuestión que preocupa cada vez más a las empresas españolas, sobre todo a las cotizadas. El primer artículo se publicará el próximo domingo.

En cada ocasión se tratará un tema controvertido desde el punto de vista estadístico y se añadirá la opinión de un experto y una entrevista

El tema elegido para inaugurar esta serie de artículos son los blindajes estatutarios. La estructura de la página será siempre la misma. Los expertos de Garrigues firmarán un artículo de opinión sobre el tema escogido y elaborarán información estadística específica sobre la materia. La sección se completará con una entrevista a un especialista en buen gobierno corporativo.

Para elaborar la información estadística, los profesionales de Garrigues han tomado como base las sociedades cotizadas que forman parte del Ibex 35. En concreto, para analizar cuáles han blindado de alguna forma sus consejos, han acudido a las páginas web de cada una de las sociedades, a los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a información de la Bolsa de Madrid, que también son accesibles a través de Internet. Los documentos en los que se han centrado son los estatutos sociales, el último informe de gobierno corporativo publicado y la información sobre participaciones significativas que cada empresa debe facilitar a la CNMV.

En sucesivas semanas se tratarán otros temas de actualidad en materia de buen gobierno corporativo. Entre ellos están la composición de los consejos de administración y el peso de los consejeros independientes en este órgano de gobierno de la sociedad; el funcionamiento de las distintas comisiones del consejo -de retribuciones y nombramientos, de auditoría, etcétera-; la difusión de la retribución que reciben los consejeros, o el grado de cumplimiento de la normativa sobre información que las empresas deben difundir a través de la página web.

La nueva sección intenta dar respuesta a una inquietud creciente en las empresas españolas. Tras la sucesión de escándalos corporativos que se iniciaron hace tres años con la quiebra de Enron en Estados Unidos, a finales de 2001, muchos gobiernos se apresuraron a legislar sobre estas cuestiones que, tradicionalmente, se quedaban en el ámbito de las recomendaciones.

Así ocurrió en España. Aunque el primer código de buen gobierno se había aprobado en 1998 a propuesta de una comisión de expertos encabezada por Manuel Olivencia, las primeras obligaciones en este terreno no aparecieron hasta la aprobación de las leyes financiera y de transparencia de los mercados durante la pasada legislatura. Ambas normas se inspiraron en los trabajos de otra comisión, en este caso presidida por el empresario Enrique Aldama.

El grueso de esas nuevas obligaciones para las empresas cotizadas tiene que ver con la información que suministran a los mercados y la constitución de algunas comisiones de control del consejo, mientras que cuestiones polémicas como la independencia de los consejeros, el reparto de funciones entre presidente y consejero delegado, o la conveniencia de publicar el sueldo con nombre y apellidos de todos los consejeros se han dejado en el terreno de la autorregulación. Negocios debatirá sobre todas estas cuestiones a partir de la semana que viene.