Rebelión democrática

Schumpeter definía la democracia como la forma política en la que los ciudadanos pueden echar al Gobierno. Es difícil, decía Shumpeter, aceptar una definición más amplia, como la de Lincoln, "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", con la que no se puede estar en desacuerdo en el terreno de los principios, pero que no resulta fácil de encajar con lo que ocurre en la práctica en todas las democracias representativas dignas de tal nombre realmente existentes. El pueblo no decide en positivo la política gubernamental, pero sí decide en negativo. Puede echar al Gobierno cuando no le gusta la política que ha puesto en práctica. Este es el núcleo irreductible de la democracia como forma política.

En la pasada legislatura, la rebelión democrática se expresó cuando tocaba, el 14 M

La rebelión democrática es, pues, el elemento constitutivo de la democracia como forma política. Los ciudadanos cada cuatro años, como máximo, tienen que decidir si se rebelan contra el Gobierno o no lo hacen.

Es la única rebelión democrática que puede admitirse como legítima en un Estado democráticamente constituido. Lo contrario es salirse de las reglas del juego y adoptar una actitud golpista. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile con el golpe contra Salvador Allende y es lo que ha ocurrido, aunque de manera distinta y, sobre todo, con resultado diverso, recientemente en Venezuela. Fuera de las consultas periódicamente exigidas en todos los sistemas democráticos no cabe hablar de rebelión democrática, porque el adjetivo deja de ser compatible con el sustantivo.

Esto debería saberlo el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas. Lo debería saber porque lo ha tenido que estudiar en la Facultad de Derecho en la que cursó estudios. Es la misma en la que yo estudié y, desde luego, esto nos lo enseñaron. Pero lo debería saber, además, porque ha formado parte de un Gobierno, que ha adoptado numerosas medidas con las que no estaba de acuerdo un porcentaje muy notable de la población y no creo que haya considerado que el Gobierno estaba deslegitimado y que cabía por ello poner en marcha una rebelión democrática contra el mismo. La legislación educativa o el decretazo fueron aprobados por la mayoría absoluta del PP con un rechazo muy alto de la sociedad española y, sin embargo, nadie puso en duda la legitimidad y la legalidad de la decisión de dicha mayoría parlamentaria. Ni siquiera en el caso de la guerra de Irak, en el que la mayoría de la población en contra de la decisión gubernamental llegó a estar por encima del 80%, se llegó a plantear jamás una rebelión democrática contra el Gobierno que había ganado las últimas elecciones. Se ejerció el derecho de manifestación, pero a nadie se le ocurrió plantear el ejercicio de tal derecho en términos de rebeldía, entre otras cosas porque habría dejado de ejercerse un derecho y se habría pasado al plano de lo jurídicamente prohibido. En la pasada legislatura, la rebelión democrática se expresó cuando tocaba, el 14 M, cumpliéndose de manera escrupulosa el calendario constitucionalmente previsto. Jamás hubo un llamamiento a una rebelión democrática contra el Gobierno, ni siquiera cuando se adoptaron decisiones que, de acuerdo con prácticamente toda la doctrina española, infringían la legalidad internacional.

Con las reglas del juego no se puede jugar. Forman parte de los presupuestos del sistema de convivencia que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. Y la primera de las reglas del juego de la democracia es que la legitimidad del Gobierno se adquiere y se pierde únicamente en las elecciones regularmente convocadas en los plazos constitucionalmente establecidos. Se puede llamar a los ciudadanos a que rechacen y a que hagan expreso su rechazo de una medida política concreta. Pero no se les puede convocar a una rebelión general, como si quien ocupa el Gobierno hubiera dejado de tener legitimidad para ocuparlo. Esto no supone el ejercicio de una oposición democrática, sino todo lo contrario.

Estamos en el comienzo de la legislatura. Hace algo más de seis meses que los ciudadanos andaluces tuvieron la oportunidad de rebelarse democráticamente contra el Gobierno de la Junta de Andalucía y no lo hicieron. Más bien se rebelaron contra la oposición representada por el PP. Los diez escaños que ganó el PSOE fueron los mismos diez escaños que perdió el PP. A los 22 años de haberse constituido la comunidad autónoma de Andalucía, los ciudadanos no se sintieron motivados a rebelarse contra el partido que había ocupado el Gobierno de la comunidad durante todos esos años, sino que se sintieron motivados a rebelarse contra la oposición. Y a hacerlo de una manera particularmente contundente. ¿Por qué?

Sobre esto es sobre lo que debería reflexionar Javier Arenas y con él toda la dirección nacional y regional del PP. ¿Por qué en Andalucía los ciudadanos se rebelan contra la oposición y no contra el Gobierno? ¿Por qué lo hacen de manera particularmente intensa después de haber estado el PP ocho años en el Gobierno de la nación? Después de fracasar la estrategia de llegar a la Junta de Andalucía desde dentro, ha fracasado la estrategia de llegar a la Junta de Andalucía desde Madrid. El PP no fue capaz de aprovechar ni la ocasión de 1996, tras el resultado electoral del 94, en el que había quedado a tiro de piedra de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ni fue capaz de aprovechar la oleada popular de 2000, perdiendo todo lo que había ganado a lo largo de más de un decenio en el reflujo de 2004. En Andalucía no es que "algo se haya tenido que hacer mal", como decía Ruiz Gallardón en su discurso en el 15º Congreso del PP, sino que se han tenido que hacer mal muchas cosas. ¿Por qué se mira la paja en el ojo ajeno, cuando se tiene la viga en el propio?