El alcalde de Agost declara que cerró la planta de Sinde por la salud de la población

El alcalde de Agost, Felipe Vicedo, y cuatro de sus concejales -José Luis Belda, Antonio Castelló, María del Carmen Mira y Bartolomé Torres- se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Alicante, por los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia, cometidos en 1995 cuando integraban la oposición municipal. El actual alcalde con apoyo de los ediles imputados, pertenecientes a una formación independiente, clausuraron entonces una planta incineradora, a pesar de que un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana autorizaba la industria. Ayer, el alcalde del municipio, Felipe Vicedo, declaró, durante la vista oral, que clausuró la incineradora porque, según dijo, "tenía que preservar la salud del pueblo de Agost". Vicedo aseguró que desconocía la resolución del alto tribunal debido a que, según agregó, el equipo de Gobierno de entonces, en manos de los socialistas, le denegó toda la información referida a la planta.

Vicedo justificó su actuación en unos informes desfavorables, -elaborados por el ecologista Carlos Arribas y el médico del municipio, a la sazón miembros de la plataforma cívica No a la incineradora-, que alertaban sobre los peligros nocivos de la fábrica para la salud de los residentes, y ante el silencio administrativo de los organismos públicos competentes en esta materia. Además, según el regidor, el secretario municipal y el interventor, pese a que les cuestionó por escrito, "nunca" le advirtieron de que con el cierre de la planta incurriría en la comisión de un delito. "Cuando yo les pido información es porque no lo tengo claro", apostilló el primer edil.

El actual alcalde y sus ediles se enfrentan a ocho meses de prisión y a ocho años de inhabilitación en cargo público. De acuerdo al relato del ministerio público, el alcalde Vicedo, y los concejales aprobaron en un pleno de la Corporación, celebrado el 25 de julio de 1996, una moción para la clausura de la planta incineradora de residuos sanitarios, propiedad del grupo Sinde, SL.

Decreto de cierre

El fiscal sostiene que los cinco acusados instaron la moción, pese a conocer las repetidas resoluciones del TSJ autorizando la actividad de la planta. Ayer, los cuatro ediles negaron este extremo. Para el fiscal, los concejales sacaron adelante la iniciativa pese a la advertencia del alcalde y la abstención del resto de ediles. Sinde, SL, llevó el acuerdo municipal al juzgado, que acordó la apertura de juicio oral. La firma también recurrió el cierre al TSJ, que lo declaró nulo de pleno derecho. Los ecologistas dicen que la quema de residuos causa nubes de polvo tóxico, extremo que niegan la empresa y las autoridades autonómicas que autorizaron la planta a escasa distancia del casco urbano. La mayoría de la población es contraria a la planta.