El Consell exige ahora que el Gobierno central pague los gastos de la aplicación de la reforma de la LOCE

El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, exigió ayer que el Gobierno central pague los gastos derivados de la aplicación de la reforma de la ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), que el Consell cifra en alrededor de 268,6 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Font de Mora, que compareció ante el pleno de las Cortes Valencianas para defender una comunicación urgente del Consell relativa a las repercusiones de la reforma de la LOCE, añadió a esa cifra otros 189,2 millones de euros por "el déficit estructural que ocasiona la escolarización del alumnado inmigrante" y dijo que además la Generalitat arrastra una "deuda histórica" de más de 2.350 millones de euros provocada por el "déficit de financiación" de la LOGSE, aprobada por los socialistas, que obligó al Consell a un "esfuerzo inversor" adicional. Font de Mora tachó de "contrarreforma de carácter regresivo" la propuesta del ministerio que, aseguró, genera "inestabilidad, incertidumbre y desconfianza" en el sistema educativo.

La portavoz socialista de Educación, Ana Noguera, ofreció un pacto para financiar la reforma, pero exigió al Consell que dé garantías de que se corresponsabilizará y de que el dinero que llegue de Madrid se destinará a la reforma educativa y no a pagar deudas. Noguera aludió a la supuesta deuda histórica que había citado Font de Mora y aseguró que nace tras las elecciones generales del 14 de marzo. La diputada socialista recordó que el Consell "nunca había reclamado nada" al Ejecutivo de Aznar y que incluso el consejero del ramo, Esteban González Pons, defendió en su día que la Comunidad Valenciana podía financiar la LOCE y que no hacía falta pedir dinero en Madrid.

Por su parte, Ramon Cardona, de Esquerra Unida-L'Entesa, aseguró que el PP no tiene credibilidad para hablar de la financiación de la educación y denunció que el gasto público en educación ha bajado del 3,9% del PIB valenciano en 1995 al 3,2% del año 2003.

El asunto de la religión planeó sobre el debate. El consejero aludió a la "obsesión" de los socialistas por devaluarla y sacarla del horario escolar y Noguera dijo que la reforma garantiza los derechos de los padres que quieren religión y los de los que no la quieren, lo que no ocurría con la LOCE.