La Fiscalía investiga el desvío de 10 millones de euros en Castro Urdiales

La Fiscalía de Santander investiga el desvío de 10 millones de euros en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, tras la denuncia interpuesta por el interventor municipal, quien ha detectado el pago facturas sin consignación presupuestaria por más de seis millones, adjudicaciones a dedo e irregularidades en la plantilla del consistorio. La demanda se refiere principalmente a actuaciones en la anterior corporación, gobernada por el PSOE, pero también incluye anomalías en el nuevo gobierno tripartito (PRC-PP-IU), como el nombramiento como tesorero municipal del concejal de Hacienda. El interventor municipal Fernando Urrutikoetxea declaró el mes pasado ante la Fiscalía durante más de tres horas y media y expuso las, a su juicio, múltiples irregularidades detectadas desde que en 2001 ocupa este puesto. Una de las principales es el desvío de fondos, que la denuncia cifra en cerca de 10 millones de euros. La mitad de esta cantidad provendría de aprovechamientos urbanísticos. El denunciante sostiene que el consistorio no cobra el 10% estipulado del valor de estas operaciones de recalificación y que además el dinero se destina a gasto corriente y no a inversiones en vivienda, como marca la ley en Cantabria.

El interventor expone el caso de una operación de 1.200 viviendas en el barrio de Cotolino, a la entrada de Castro, donde el consistorio ha ingresado 2,8 millones de aprovechamiento por 12.000 metros cuadrados, "un precio muy inferior al del mercado", señala.La denuncia insiste en que el consistorio ha incumplido en estos tres últimos años "la obligación legal" de invertir en la compra del suelo el 10% de los ingresos por impuestos sobre recalificaciones urbanísticas. "Todo ello implica una notable descapitalización del patrimonio municipal, ya que por un lado se deja de ingresar la parte correspondiente al municipio de los aprovechamientos [urbanísticos] y por otro el Ayuntamiento no invierte lo que le corresponde en la adquisición de patrimonio municipal de suelo".

El interventor municipal señala que estas anomalías han llevado al consistorio a tener un déficit que en junio pasado era de 72.000 euros, en vez disponer de un remanente de 10 millones. "Ha desaparecido documentación del Ayuntamiento y se han descubierto decenas de contratos verbales entre enero y junio de 2003", señala Urrutikoetxea. Junto a ello, el alto funcionario asegura que existen de facturas por 1,7 millones de euros en 2002 y 4,3 millones en 2003 "sin poderse tramitar ni, en consecuencia, abonar, al haberse contratado sin consignación presupuestaria".

La demanda presentada por Urrutikoetxea reprocha al nuevo equipo de gobierno que no sólo "no ha efectuado ningún tipo de investigación ni depuración de responsabilidades sobre la desviación y desaparición de fondos de capital", sino que ha validado las cuentas municipales de la anterior corporación. Agrega que el actual alcalde adjudicó a dedo la cesión de un local municipal a una ingeniería, que ha ingresado en las arcas del ayuntamiento 15.000 euros. "Se entiende que de forma voluntaria, ya que no ha existido ningún tipo de acto administrativo para ello ni informe técnico de ningún tipo", agrega.

Conflictos de intereses

Entre otras actuaciones que considera irregulares señala el caso de la persona que ejerce de arquitecto municipal "sin ningún tipo de título jurídico válido", en sustitución del titular de la plaza. Éste "sufre una invalidez total, aunque sigue cobrando la nómina. Pero realiza aparentemente el ejercicio libre y privado de la arquitectura, ya que se anuncia en las páginas amarillas", critica.

En su comparecencia ante la Fiscalía, el interventor expuso el caso del teniente de alcalde Jaime Díez Muro, "que es o ha sido" administrador de dos constructoras, y pidió al Ministerio Público que investigue la licencias de obras concedidas en los últimos años para comprobar si estas empresas ha logrado adjudicaciones.

La relación de presuntas irregularidades denunciadas incluye el nombramiento del concejal de Hacienda como tesorero municipal. El interventor señala que la actual corporación contrató a un abogado penalista para que investigase estas conductas pero que al de unos meses "se olvidaron de él". También se encargó una auditoría de las cuentas, adjudicada en diciembre pasado, "pero después le comunicaron [a la consultora] que no la hiciera", añade

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