El fiscal pide cárcel para una abogada por estafar 345.000 euros a seis clientes

La Fiscalía de Madrid solicita seis años de cárcel para una abogada a la que acusa de estafar 345.000 euros (unos 58 millones de pesetas) a seis clientes, entre ellos una mujer invidente de 86 años. El juicio contra la abogada María Felisa G. P. C., que hoy tiene 68 años de edad, se celebrará el próximo día 14 en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid , que preside el magistrado Arturo Beltrán.

La presunta estafa o apropiación indebida es similar en su metodología a la del caso Gescartera. Según el fiscal, la abogada "se valió del ascendiente que se había ganado entre algunos clientes" a los que había representado en distintas causas y les "convenció para que le confiasen distintas cantidades de dinero" para invertirlas supuestamente en sociedades extranjeras.

A los clientes, según el escrito de acusación del fiscal, les prometió "un interés ventajoso superior al promedio" que entonces ofrecían los bancos españoles. La realidad es que la acusada actuó guiada por un "ánimo de lucrarse ilícitamente", según el fiscal. Durante "cierto tiempo abonó a sus clientes los intereses prometidos" de las supuestas inversiones, pero luego, "sin previo aviso ni justificación" se "desentendía" de ellas y dejaba de abonar tales intereses. Al principio pagaba los intereses para "dar una apariencia de normalidad", pero luego, relata el fiscal, dejaba de hacerlo e "incorporaba a su patrimonio personal el dinero" que le habían confiado los clientes.

Supuestas víctimas de estos enredos fueron las hermanas María de los Ángeles y María Luisa B. V. Las conocía de haberles llevado un pleito en 1989 relacionado con un testamento. La sentencia les fue favorable y por eso confiaban en ella. Ambas accedieron a entregar a la letrada, para las inversiones en el extranjero, "20 millones de pesetas (120.202 euros) en dos actos: 10 millones el 27 de marzo de 1990, y otros 10 millones el 27 de mayo del mismo año". A la par, firmaron un documento con la acusada según el cual los millones serían "invertidos en la mercantil Dinamic Electronic, SA". La abogada les prometió que el dinero les generaría un interés del 15% anual. Durante varios años, así lo hizo, "pero sin dejar nunca constancia de los pagos y en una cuantía inferior a la inicialmente acordada, ya que les pagaba 229.166 pesetas anuales, lo que implicaba una reducción unilateral del tipo a un 13,75%", señala el fiscal. La acusada ocultó a ambas hermanas un hecho fundamental, que la citada sociedad fue disuelta el 31 de diciembre de 1995. "En octubre de 1999, la acusada, sin explicación ni previo aviso a la contraparte, dejó de abonar los intereses y se negó a contestar los reiterados requerimientos postales, telefónicos y notariales que le hicieron las hermanas para que les devolviese el dinero y los intereses pendientes", señala el fiscal.

"10% de rentabilidad"

Otra de las clientes supuestamente estafadas es Rafaela P. N., una invidente de 86 años, a la que convenció para "que le entregara 25 millones de pesetas (150.253 euros) con la promesa de que obtendría una rentabilidad superior al 10% anual". Rafaela entregó dos talones el 23 de septiembre de 1997 a nombre de la acusada, "que ésta cobró mediante descuento bancario a través de una cuenta corriente afecta al giro de su despacho profesional". Le pagó intereses hasta el mes de abril de 1999, en que dejó de hacerlo, "nuevamente sin justificación ni previo aviso a la contraparte". "Preocupada por tan irregular modo de actuar", señala el fiscal, "y porque la entrega del dinero no había sido formalizada en documento alguno, [Rafaela] le pidió que subsanara tal omisión". La acusada elaboró un documento en el que reconocía haber "recibido 20 millones de pesetas" -no los 25 realmente entregados- y lo hizo así "a sabiendas de que la cifra plasmada no iba a ser percibida por Rafaela debido a su minusvalía visual".

Según el fiscal, a José Luis V. G., le estafó con similar procedimiento 30.000 euros (unos cinco millones de pesetas). A éste le había llevado en su día un pleito relacionado con la herencia de sus padres. Y le convenció para que le entregase los 30.000 euros, tras prometerle un interés del 10,5% anual.

Asimismo, se ganó la confiaza de Eulalia P. S., a la que también llevó un pleito relacionado con una herencia. Ella misma, mediante un poder general, vendió un piso propiedad de Eulalia y un hijo de ésta, y retuvo de la venta 45.000 euros (unos 7,5 millones de pesetas). Y convenció a Eulalia y a su hijo para invertir esa cantidad en "operaciones comerciales extranjeras" que les reportarían unos intereses del 10%. Lo perdieron casi todo.

Para el fiscal, los hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida o, alternativamente de estafa, agravado por el hecho de que la acusada se valió de su condición de abogada. Este periódico intentó, sin éxito, la tarde del pasado viernes, recabar la versión de la acusada.