Caminando hacia Monterrey

Podemos decir, sin miedo alguno a equivocarnos, que la cooperación internacional al desarrollo en nuestro país estaba, antes del cambio de Gobierno, en una situación crítica. No sólo por los porcentajes que el anterior Ejecutivo dedicaba a la Ayuda Oficial al Desarrollo, que eran de los más bajos de la Unión Europea, sino por la falta de diálogo entre los agentes que conforman la cooperación y la ausencia de instrumentos eficaces para gestionar la misma. Además, hemos visto cómo el Tribunal de Cuentas nos mostraba algunas oscuridades que, en el fondo, mostraban un insultante desprecio del Gobierno anterior por la transparencia en las cuentas y una enorme incapacidad gubernamental para la gestión de la solidaridad internacional española.

Se debe recuperar el diálogo con los agentes de cooperación, en particular con las ONG

Necesitamos un nuevo modelo de ayuda para dar una respuesta rápida a las crisis

La nueva etapa en la política exterior y de cooperación internacional ha abierto nuevas expectativas y signos muy positivos de cambio. Este cambio tiene que afrontar muchos retos, algunos en el espacio inmediato y otros con perspectivas más amplias a lo largo del conjunto de la legislatura.

Por estas razones resultaba imprescindible que la cooperación española decidiera avanzar, de manera inmediata, hacia tres grandes horizontes.

En primer lugar hacia la recuperación del diálogo con los agentes de cooperación, en particular con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), que el anterior Gobierno había perdido y en algunas ocasiones, despreciado. Como en cualquier sociedad democrática, como en cualquier país donante con una mínima arquitectura en su instrumento para la solidaridad internacional, necesitamos espacios comunes consensuados para hacer participativa la política de cooperación. Era necesario, y ya se trabaja con ello, un nuevo Consejo de Cooperación más representativo y más democrático donde los representantes de la coordinadora de ONG para el desarrollo se eligieran a sí mismos. Éste es un avance en materia de democratización, y lo es también en materia de identificación de la coordinadora con el propio Consejo.

En segundo lugar, hay que cumplir la ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional, que recoge la elaboración y aprobación del "Estatuto del Cooperante" para mejorar las condiciones laborales de un colectivo que se enfrenta a desventajas serias y, por otro lado, muy evitables en el ejercicio de su profesión: dificultades de reinserción en el retorno a España, escasa cobertura de los servicios sanitarios, etcétera. Los cooperantes son los protagonistas de nuestra cooperación. Su trabajo es reconocido y altamente valorado por la sociedad, y son el rostro humano de nuestra solidaridad sobre el terreno. Es urgente, por lo tanto, dignificar esta profesión, convirtiendo al propio cooperante en una de las prioridades centrales de la política de cooperación al desarrollo que practique nuestro país.

En tercer lugar, nuestra cooperación necesita de un instrumento que dé una respuesta coherente y coordinada a los compromisos y consensos alcanzados por la comunidad internacional en materia de desarrollo. En ese sentido, el instrumento que tiene que conducir la nueva etapa es el nuevo Plan Director de la Cooperación Española. Un plan que debe contar con una amplia participación y colaboración de los distintos agentes de cooperación, comunidades autónomas, ayuntamientos, expertos independientes y ONG.

Este plan tiene que tener como grandes líneas inspiradoras las mismas que se fije internacionalmente la comunidad donante de la que forma parte España. El aislamiento exterior de nuestro país, incluida la política de cooperación al desarrollo, fue una característica central del anterior Gobierno del Partido Popular que ahora debe ser evitada y corregida. Este plan director debe centrarse en los Objetivos del Milenio, íntimamente relacionados con la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el respeto y cuidado del medio ambiente, aprobados por la Organización de Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio en Nueva York en el año 2000. Por otro lado, debe pivotar también sobre los compromisos adquiridos en el seno del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE acerca de la estrategia de asociación para el desarrollo.

Por último, quisiera subrayar un instrumento del que nuestra cooperación carece dejándonos bastante retrasados en comparación con nuestros socios europeos. Necesitamos un nuevo modelo de ayuda humanitaria, nuestro país necesita una reflexión profunda sobre nuestra forma de respuesta rápida a las diferentes catástrofes y crisis humanitarias que puedan darse. Necesitamos reinscribirla en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Por eso, dentro de los parámetros presupuestarios del Estado, nuestro país necesita un fondo plurianual específico y adecuadamente dotado y diferenciado para la ayuda humanitaria y de emergencia. Las últimas decisiones adoptadas para responder a las crisis de República Dominicana, Haití, Nicaragua y Sudán demuestran que nuestra cooperación se encuentra ágil en sus respuestas, quedando lejos ya aquellas situaciones de bloqueo del anterior Gobierno ante diferentes situaciones de emergencia humanitaria. Sin embargo, con un fondo de estas características, obtendríamos respuestas mejor presupuestadas y más ágiles ante diferentes episodios de crisis que pudieran darse en el futuro en cualquier país del mundo.

A pesar de todas las dificultades heredadas del anterior Gobierno, podemos decir que la cooperación española va por el buen camino, que se acerca a los actores que la conforman y que elabora planes para reformarse a sí misma y ser así un instrumento mejor en la definición y ejecución de nuestra solidaridad internacional.

Podemos decir que se levantan grandes esperanzas entre la ciudadanía y amplias expectativas en la comunidad internacional con el papel que España juegue, desde el cambio de Gobierno, en la lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo de las zonas más desfavorecidas de la Tierra. A partir del progresivo cumplimiento del programa electoral del Partido Socialista, tan sólo necesita tiempo y fondos adecuados en materia de emergencia y ayuda humanitaria. Desde ahí, lejos del descenso de la AOD española de los últimos ejercicios presupuestarios del anterior Gobierno, lejos de las Azores, de las incorrectas definiciones del vínculo trasatlántico y de la huida de Europa del periodo político previo, una cooperación modernizada para un mejor combate contra la pobreza en el mundo, pronto se constituirá como una de las principales banderas de España en su dimensión exterior.

Eduardo Madina es portavoz del PSOE de Cooperación Internacional al Desarrollo en el Congreso de los Diputados.