La ley de la vivienda de la Generalitat obligará a que 260.000 edificios antiguos superen un control de calidad

El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, anunció ayer que, a partir de la entrada en vigor de la ley de la Vivienda, unos 260.000 edificios antiguos de la Comunidad Valenciana, que suponen más de medio millón de viviendas, estarán obligados legalmente a superar un control de calidad.

Los dueños de edificios de viviendas con más de medio siglo de antigüedad tendrán por primera vez la obligación legal de conservarlas en buen estado, ya que la nueva ley exige superar un control de calidad cada cinco años, competencia que tendrán los ayuntamientos.

Las corporaciones municipales podrán limitar la concesión de licencias de obras y de ocupación a la realización previa de los citados controles de calidad.

Según los datos del Instituto Valenciano de Estadística (IVE), el 35% de los edificios de la Comunidad Valenciana tiene una antigüedad superior a 50 años. En este sentido, 125.000 edificios de la provincia de Valencia se verán afectados por esta medida (el 32%), 85.000 en la de Alicante (el 23%) y 50.000 en la de Castellón (el 35%).

El consejero afirmó que esta nueva ley "tiene un notable carácter social por su efecto beneficioso sobre la práctica totalidad de los ciudadanos". El texto está previsto que se discuta hoy en las Cortes Valencianas.

Por otro lado, la ley equipara a las parejas de hecho con los parientes en primer grado de cualquier propietario de viviendas de protección oficial en los casos de venta o transmisión patrimonial. La Generalitat disfruta del derecho de tanteo y retracto cuando el propietario de una vivienda de protección oficial decide venderla, es decir, puede ejercer el derecho de compra con prioridad. Sólo se excluyen los casos en los que el propietario de una vivienda protegida decida venderla a su cónyuge o a un ascendiente o descendiente directo. La nueva ley equipara a las parejas de hecho al matrimonio y permite la transmisión de la propiedad sin posible intervención de la Generalitat.

El reconocimiento de las parejas de hecho es fruto de las negociaciones del PP, grupo mayoritario en las Cortes que sustenta al Consell, con Esquerra Unida, que formuló una enmienda al respecto.

Rafael Blasco, consejero de Territorio y Vivienda, comentó: "Queremos que la Comunidad Valenciana cuente con un marco legal moderno, real y eficaz, y aspectos como el que se han incluido en la ley de vivienda demuestran el trabajo desarrollado por la Generalitat Valenciana en este aspecto".