El futuro intoxicado
Más de 3.000 ejemplares de especies amenazadas han muerto por venenos desde 1990
El uso de cebos envenenados, y otros métodos no selectivos de caza, es una práctica prohibida por la ley desde 1983. Hace, por tanto, más de 20 años que se abandonaron las campañas de exterminio, incentivadas por la propia Administración, cuya finalidad era mantener a raya a las especies que entonces se consideraban alimañas y que hoy tienen, en la mayoría de los casos, la consideración de especies protegidas.
La fuerza de la ley, y las campañas de concienciación en el medio rural, surtieron efecto, y los cebos envenenados terminaron por convertirse en una rareza. Aquel periodo de bonanza para la fauna autóctona duró bien poco, ya que a comienzos de los años noventa se manifestó una brusca regresión en esta tendencia, de manera que los venenos volvieron a cobrar un triste protagonismo.
Según el Grupo de Trabajo de Ecotoxicología, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y en el que participan especialistas de diferentes instituciones y organizaciones no gubernamentales, entre 1990 y 2003 se registraron en España más de 6.500 casos de envenenamiento que afectaron, sobre todo, a aves y mamíferos. Casi el 45% de los ejemplares implicados en estos sucesos pertenecen al grupo de las especies amenazadas y, lo que es más grave, existe una notable incidencia en el selecto capítulo de las especies en peligro de extinción.
Cebos envenenados
Los cebos envenenados originan pérdidas insostenibles en el caso del águila imperial (más de 70 casos de envenenamiento registrados), el quebrantahuesos (16 casos), la cigüeña negra (17 casos) o el oso pardo (4 casos), animales cuyas poblaciones son muy reducidas y frágiles. Hay que tener en cuenta, además, que los individuos que son detectados apenas suponen el 10% de los que realmente se ven afectados por los venenos.
Andalucía y Castilla-León son las comunidades donde se han localizado más casos de envenenamiento, aunque éste es un dato que, en gran medida, está condicionado por el esfuerzo de muestreo. El hecho de que la Consejería de Medio Ambiente andaluza cuente con un programa específico para la erradicación de los cebos envenenados, en el que participan Ecologistas en Acción, asociaciones de cazadores y centros de investigación, explica el hecho de que se detecten muchos más casos que en otras regiones, aún cuando éste sea un problema que, a juicio del Ministerio de Medio Ambiente, registra en los últimos años una clara expansión en la zona norte del país.
En 2003 se contabilizaron en la comunidad andaluza más de 120 casos de envenenamiento, que afectaron a diferentes especies animales. Por provincias, el reparto de incidentes lo encabezan Córdoba (23 casos), Granada (21) y Málaga (20), aunque el problema está presente en todo el territorio regional.
El producto identificado con mayor frecuencia en cebos y cadáveres suele ser alguno de los incluidos en el grupo de los carbamatos, potentes insecticidas agrícolas, de elevada toxicidad, cuya comercialización y uso están regulados de forma estricta por la ley. En Andalucía, según revela un informe de la Estación Biológica de Doñana (EBD), también es frecuente el uso de estricnina, a pesar de que es una sustancia prohibida desde hace años, así como diferentes productos destinados al control de roedores.
El informe de la EBD precisa que, aún siendo los animales carroñeros y carnívoros los que se ven afectados en mayor medida por estas prácticas, existen determinadas circunstancias anómalas. Por ejemplo, la cifra de águilas calzadas que han sufrido los efectos del veneno no se corresponde con los hábitos alimenticios de este ave, a la que no suele atraerle la carroña. Este fenómeno, aclaran los científicos, puede deberse a la práctica, cada vez más extendida, de usar cebos vivos, mamíferos o aves a los que se impregna en sustancias tóxicas y se les traba para que sean presa fácil.
La situación se considera alarmante, ya que algunas especies amenazadas podrían llegar a extinguirse si se mantienen las tasas de mortalidad atribuidas a los venenos. Lo que ya suponía un serio problema cuando el uso de cebos envenenados era una práctica limitada a las explotaciones cinegéticas, se ha convertido en una situación insostenible al extenderse este tipo de hábitos a los ámbitos ganadero y agrícola.
Así las cosas, la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, que reúne a representantes de las administraciones central y autonómica, acaba de aprobar una estrategia nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados. Se busca tanto la aplicación de la ley como el rechazo social de los envenenadores y, sobre todo, una acción coordinada de todos los sectores implicados.
sandoval@arrakis.es
Difícil de probar
La nueva estrategia contempla, entre otras medidas, mejoras en el pago de indemnizaciones a los ganaderos, agricultores o cazadores cuya actividad se vea dañada por la fauna silvestre, agilizando los trámites a los que deben someterse en estos casos. Asimismo, se pretende reforzar el control en la venta y utilización de productos fitosanitarios y, en general, en el uso de las sustancias tóxicas susceptibles de ser usadas en este tipo de trampas.
De poco sirve aumentar la vigilancia en el medio rural, por más que esta sea una medida que también contempla la estrategia, si la aparición de un cebo envenenado no tiene apenas trascendencia desde el punto de vista judicial, a pesar de tener la consideración de delito. Las dificultades que se plantean a la hora de identificar al autor del hecho delictivo, y los complejos análisis que se requieren para probar su culpabilidad, han hecho que apenas se dicten sentencias condenatorias en este sentido y que, por tanto, como el propio Ministerio de Medio Ambiente admite, se instale una "generalizada sensación de impunidad".
En este sentido se buscan fórmulas que permitan remitir a los juzgados pruebas con las suficientes garantías, lo que implica mejorar los procedimientos de recogida, custodia y conservación de cebos y cadáveres, optimizando, al mismo tiempo, los análisis periciales que se efectúen.
La legislación de las comunidades también deberá adecuarse a esta nueva batalla, incorporando medidas como las que ya se contemplan en Navarra, Castilla-La Mancha o Andalucía, donde los titulares de aquellos terrenos en los que aparezcan cebos envenenados deben asumir ciertas responsabilidades o pueden ver limitados sus aprovechamientos.
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