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Barberá y Camps aceptan la sociedad estatal del Gobierno para la Copa del América

Solbes dice que la toma de decisiones debe reflejar el peso del Ejecutivo, que pone el dinero

La reunión mantenida en la noche del miércoles entre el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el consejero de Economía, Gerardo Camps, empieza a despejar el camino hacia el acuerdo para crear la sociedad estatal que impulsa el Ejecutivo socialista con el fin de gestionar las infraestructuras de la Copa del América. Tras el pacto alcanzado el lunes entre el Gobierno y el Consell, Barberá declaró ayer que "es posible un gran acuerdo global". La alcaldesa manifestó su "voluntad" de llegar a un consenso y afirmó que las tres administraciones trabajan para encontrar un "encaje" jurídico-administrativo de la sociedad estatal y el Consorcio.

El presidente del Consell, Francisco Camps, dio su respaldo el lunes en una reunión con Sevilla al plan del Ejecutivo, que implica para Barberá perder el control sobre el Balcón al Mar en la dársena interior del puerto. El plan prevé crear una sociedad estatal y que el Gobierno financie con 500 millones de euros las obras de la Copa con un préstamo del Instituto Oficial de Crédito (ICO), que el Estado devolverá por vía presupuestaria y mediante la explotación durante 20 años del Balcón al Mar. La alcaldesa ha defendido en los últimos meses al Consorcio Valencia 2007, que preside, como instrumento para organizar la Copa. Ayer destacó que las tres administraciones trabajan "con ilusión" en un acuerdo para crear la sociedad prevista por el Ejecutivo para gestionar las infraestructuras de la Copa, pagadas por el Estado.

Las conversaciones continúan para llegar a un pacto sobre cómo se reparten la participación en esa sociedad que gestionará inversiones por 500 millones de euros. Los asuntos a negociar afectan al gerente de la sociedad -Barberá quiere opinar sobre su elección- y la participación del Ayuntamiento en esta entidad, en la que el Ejecutivo aporta los recursos. Barberá ha manifestado que quiere que la participación estatal y local sea paritaria, ya sea en el Consorcio o en la sociedad. Las tres administraciones socias del Consorcio reconocen que el plan de financiación podría variar finalmente, no en cuanto a la cantidad de dinero ni quién lo aporta -los 500 millones los financiará el Gobierno-, sino en cómo se articula, ya que la alcaldesa insiste en que el Ayuntamiento no quede al margen de cómo se gestiona y organiza la competición. En ese sentido, Gerardo Camps declaró que "quedan flecos burocráticos" para terminar de perfilar la entidad. "Aún no hay decisiones definitivas, pero hay coincidencia en que la sociedad instrumental, fuera cual fuera el porcentaje de cada una de las administraciones, sería una sociedad que ejecutaría aquello que el Consorcio le mandara en relación con las infraestructuras" de la Copa. El consejero admitió que "parece lógico" que los ingresos de la explotación de la dársena por parte del Estado "vayan encaminados a pagar parte de las infraestructuras".

Sevilla, mientras, indicó que se mantiene el diálogo con el fin de resolver problemas burocráticos y administrativos "para encajar la sociedad instrumental con el Consorcio" y declaró que "las cosas están avanzando muy bien". Sevilla y Barberá volverán a verse el lunes en Valencia en las prerregatas de la Copa. También en relación con la Copa, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha subrayado que la toma de decisiones en la estructura actual del Consorcio no refleja el peso real del Gobierno, que es el único que hasta ahora aporta recursos económicos.

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