Evitar la pesadilla del verano
Nos encontramos ante el peor año en cuanto a incendios forestales desde 1991 en nuestra Comunidad Autónoma, según muestran las estadísticas oficiales de la Junta de Andalucía. Muchas han sido las advertencias por parte de técnicos forestales de que el problema de los incendios puede alcanzar intensidad inesperada en cualquier momento, por lo que huelgaban los triunfalismos gubernamentales tras casi una década de aceptables resultados, y en modo alguno podía bajarse la guardia respecto a ellos -todo lo contrario de lo que se ha venido haciendo, como expondré a continuación-.
En primer lugar, tras los iniciales años de bonanza y sin considerar el paulatino incremento de las superficies incendiadas año tras año, surgieron voces desde dentro de la "administración ambiental" que criticaban los excesivos costes del sistema y la necesidad de desviar fondos a otros menesteres (reconociendo así implícitamente la incapacidad política de la Consejería de Medio Ambiente para conseguir mayor presupuesto en base al creciente cúmulo de competencias que comenzaba a desarrollar).
En segundo lugar, la prevención "inmediata" de incendios, entendiendo por tal la apertura y el mantenimiento de cortafuegos, fajas y áreas auxiliares deja bastante que desear, salvo tal vez en ciertos montes ordenados de titularidad pública y algunos grandes montes privados.
Fuera de ello, podemos hablar sin exageración de un verdadero caos motivado por la total ausencia de planificación comarcal integrada. El instrumento que la legislación prevee para ello, las Agrupaciones de Defensa Forestal, no pueden funcionar por falta de estímulos y ayudas oficiales, al contrario de lo que sucede con todo tipo de agrupaciones de agricultores más o menos equivalentes (Agrupaciones de Defensa Sanitaria, Agrupaciones para tratamientos fitosanitarios, etcétera) integrados bajo el ámbito de la administración agraria. En ausencia de dichas Agrupaciones, la legislación obliga a muchos propietarios privados a actuaciones absurdas, cuyo lugar de exposición adecuado no es éste.
Pero sin lugar a dudas lo más grave, con serlo bastante, no es todo lo anterior. La Consejería de Medio Ambiente se ha dedicado, desde su creación hace una década, a vaciar de contenido el Plan Forestal Andaluz como instrumento básico de política forestal, y a desviar fondos inicialmente forestales a otras actuaciones más o menos relacionadas con el medio natural que en nada sirven para la restauración, conservación, mejora, aprovechamiento y transformación de las masas forestales.
Bien es verdad de que la Junta de Andalucía ha acusado siempre al Ministerio de Medio Ambiente de desviar ingentes fondos forestales procedentes de Europa para otras actuaciones diferentes, en el contexto de un fuerte enfrentamiento político entre ambas instituciones. Pero lo cierto es que la Junta de Andalucía no dudó en sacrificar esta partida sin suplirla, siquiera parcialmente, con otros recursos financieros, demostrando así lo poco que le importa la política forestal.
Entre los altos responsables medioambientales de la Junta de Andalucía parece haber calado profundamente la idea de que lo mejor para los montes es gestionarlos lo menos posible, a fin de que no pierdan sus valores "naturales" actuales. Tales ideas tienen su origen a mi juicio en un profundo desconocimiento de la dinámica vegetal y su interacción secular con las actividades humanas y por lo tanto en una incorrecta interpretación de la evolución de la vegetación en el contexto geográfico e histórico del área mediterránea. Sus consecuencias prácticas son arrasadoras para el eslabón más débil de la economía agraria -la más débil a su vez de todos los sectores productivos- pero el de mayores valores ambientales: ecosistemas que comenzaron a restaurarse hace décadas y que ya deberían tener la suficiente diversidad para empezar a ser considerados bosques, se encuentran estancados en su fase preliminar (repoblaciones) por falta de manejo sostenido; ecosistemas que han sido objeto de utilización forestal tradicional presentan graves carencias en la gestión que propician su empeoramiento sanitario y su envejecimiento progresivo; ecosistemas más o menos degradados cuyo abandono propicia su acelerada sustitución por otras actividades más lucrativas que los destruyen irreparablemente; tejido social y económico relacionados con el monte (empleo rural, industria de base forestal...) destruidos con la consiguiente aceleración del abandono del medio rural por la población; y una larga lista de consecuencias negativas que no procede comentar aquí por las limitaciones de espacio.
La Asociación de los Profesionales Forestales de Andalucía (PROFOR-A) entiende que urge un debate profundo entre todos los sectores afectados por la cuestión forestal -Ayuntamientos, propietarios privados de montes, empresas forestales, sindicatos, usuarios, asociaciones rurales, técnicos y profesionales del sector- conducido por la Administración Pública en su calidad de máxima propietaria de superficie forestal, máxima fuente financiera hacia el sector y primera responsable de la política forestal. De dicho debate, que no puede eternizarse, debería resultar la refundación del Plan Forestal Andaluz sacándolo del ostracismo a que el gobierno autonómico lo condenó cuando decidió convertirlo en mero apéndice del Plan Andaluz de Medio Ambiente.
Solamente así se estarán sentando las bases, de forma humilde y sin esperar resultados espectaculares ni inmediatos, para que en el futuro los incendios forestales no sean la pesadilla de muchos veranos andaluces, y de paso se contribuya a mantener la economía, la sociedad y la cultura en un medio rural que va muriendo poco a poco sin que se tome plena conciencia de ello por parte de los poderes públicos.
Nicolás de Benito Ontañón es Presidente de PROFOR-Andalucía (Asociación de los Profesionales Forestales de Andalucía).
