El Consell respalda el plan de financiación del Gobierno central para la Copa del América

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sellaron el lunes durante una cena el plan de financiación de la Copa del América. El Gobierno será la única administración que invertirá en la ejecución del proyecto: 500 millones de euros -a través de un crédito del ICO-, de los que 200 millones los sufragará por la vía presupuestaria a partir de 2006 y el resto los recuperará con la explotación del Balcón al Mar.

"Lo importante es que se hagan las obras, no quién las hace", dice Rafael Rubio

La bruma política en torno a la organización y financiación de la Copa del América comienza a disiparse a cinco días tan sólo de que se celebren en el puerto de Valencia las prerregatas, un primer anticipo de lo que será esta gran competición náutica. El pasado lunes y después de un periodo de turbulencias entre las tres administraciones implicadas en la organización de la Copa -el Gobierno central, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat-, el ministro de Administraciones Públicas y vicepresidente del consorcio organizador, Jordi Sevilla, obtuvo el respaldo del presidente de la Generalitat al tan traído y llevado plan de financiación. Fue en una cena que un portavoz oficial del ministerio aseguró que "desconocía" y que Camps no negó.

El plan que, según fuentes oficiales, conocían con antelación la Generalitat y la alcaldesa de Valencia y presidenta del Consorcio Valencia 2007, Rita Barberá, prevé que el Estado financie con 500 millones de euros las infraestructuras necesarias para el evento. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concederá préstamos por esta cantidad que el Estado devolverá por vía presupuestaria -200 millones de euros que empezará a amortizar mediante anualidades a partir de 2006- y mediante la explotación durante 20 años del denominado proyecto del Balcón al Mar, que la alcaldesa tenía pensado convertir en un espacio de ocio junto al mar. Una sociedad estatal gestionaría las infraestructuras de la Copa.

El encuentro entre las dos administraciones desbloqueó, si no formalmente sí funcionalmente, una etapa de desencuentro, nunca reconocida de puertas afuera, entre la alcaldesa y la Generalitat con el Gobierno central a propósito de la gestión del evento. El Gobierno ha cedido a la solicitud de la Generalitat de diseñar una bocana que no frustre la ampliación del puerto de Valencia por el norte y se ha comprometido a mejorar de forma inmediata la accesibilidad de Valencia con vistas a 2007, año de la cita náutica, como es la ampliación del aeropuerto de Manises o la ampliación de la V-30. La Administración central exigía a las dos administraciones locales, en contrapartida y como gesto de colaboración que, dado que realizaba toda la inversión, lo lógico era que la dirección de las obras recayera en una persona de su confianza y no en el director general del Consorcio, José Salinas, hombre de Barberá.

En este contexto, el plan financiero del Estado ha caído como una bomba en el Ayuntamiento de Valencia, hasta el punto de que la reunión del Consorcio de la Copa que debía haberse producido antes de las prerregatas de octubre no ha sido convocada por la alcaldesa.

Fuentes del Gobierno niegan que la alcaldesa desconociera el plan, como declaró el pasado martes en un acto público la propia Barberá. El programa financiero se esbozó los días 2 de agosto y 14 de septiembre entre representantes de ACM, empresa propietaria de los derechos de la competición, el Consorcio, la Autoridad Portuaria de Valencia y Puertos del Estado.

Ayer, el presidente Camps, de visita en Bruselas, se mostró satisfecho con los Presupuestos del Estado "porque mantienen los compromisos de inversiones previstos por el Gobierno anterior del PP", y añadió que la Copa del América sigue a buen ritmo, informa Joaquín Ferrandis. "Rita Barberá y yo mismo estamos trabajando para que eso sea así. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la presencia de las tres administraciones", añadió.Con este plan financiero, la alcaldesa de Valencia pierde el control del Balcón al Mar, que en principio explotará el Estado. También pierde, al menos de momento, la construcción de una gran marina residencial en terrenos portuarios, como proyectaba, ya que el Gobierno no tiene pensado recalificar más suelo. Barberá tiene la sensación de haber perdido pie en la organización del evento y desde hace unos días está pidiendo un encuentro, al margen del consorcio, para negociar la financiación entre las tres administraciones. Según diversas fuentes, Barberá tenía previsto anoche entrevistarse con el ministro Sevilla.

Al margen de los 500 millones de euros, la Generalitat y el propio Ayuntamiento esperaban que el Gobierno central se comprometiese con la construcción de una serie de obras necesarias para la ciudad y que pueden considerarse complementarias a la Copa. El consejero José Ramón García Antón mencionaba algunas de ellas el pasado martes tras entrevistarse con altos cargos del Ministerio de Fomento. Es el caso de las mejoras de la V-30, el AVE entre Madrid y la Comunidad Valenciana o la ampliación del aeropuerto de Manises. Las infraestructuras y obras de embellecimiento de la ciudad que pide Barberá se concretarán en próximos presupuestos, según el Gobierno.

Las obras en el puerto están en marcha y el Gobierno central garantiza su ejecución. La propia alcaldesa aseguró el martes que "no hay parón" en los trabajos. La agilización de algunas actuaciones, entre las que están el canal de la Copa y la nueva bocana, están pendientes de la celebración del Consorcio Valencia 2007, que debe convocar Barberá. El director general del Consorcio, José Salinas, cuya salida es inminente, ha manifestado su preocupación por los plazos y la marcha de varios contratos, como el de televisión. Tras la firma de una carta de intenciones entre ACM y TVE, el Consorcio facultó antes del verano a la presidenta, Rita Barberá, para la firma de un contrato en el que Valencia 2007 y TVE invertirían un máximo de 10 millones de euros. El acuerdo, que ya se ha firmado, según el Gobierno, asegura la cobertura televisiva. Salinas dice que el documento definitivo aún no está suscrito. Otro contrato, para la publicidad de las prerregatas que comienzan la semana que viene, sí sufrió un parón. Salinas lanzó el concurso por medio millón de euros y recibió desde el Gobierno central la orden de detenerlo porque la adjudicación corresponde al Consorcio. Sus estatutos permiten a Barberá autorizar gastos inferiores a 60.000 euros; los de cuantía superior deben ser visados por todos los socios.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Rafael Rubio, destacó ayer de nuevo que "nadie puede dudar" del apoyo de su grupo y del Gobierno a la Copa del América. Rubio subrayó que "lo importante es que se hagan las obras, no quién las hace". Además, el espacio de la dársena interior, donde Barberá plantea el Balcón al Mar, "estará a disposición de todos los valencianos" una vez finalicen en 2007 las regatas. El portavoz socialista animó a dejar de lado "las discusiones sin sentido" y a "caminar juntos" para lograr el éxito del evento. Rubio advirtió que "cuestionar diariamente" la preparación de la Copa afecta negativamente a la imagen de Valencia. En relación con la sociedad estatal, Rubio señaló que el Ejecutivo "aún está esperando la contestación del Ayuntamiento, que es normal que esté" en la nueva entidad. En la sociedad, "fundamental para la ejecución de las obras", dijo Rubio, "parece lógico que el Gobierno tenga el 51% porque es el que más aportación hace", así como que entren empresas. El dirigente socialista invitó a dejar de lado "la discusión banal" por el suelo de la dársena interior del puerto, que Barberá considera su aportación a la Copa del América. Rubio recordó que el Ayuntamiento sólo es propietario de tres tinglados de esa dársena. El consejo de administración del puerto, dada la necesidad de la Copa, aprobó antes del verano "una cesión de uso" del resto de la dársena, pero no la propiedad, que sigue en manos de la Autoridad Portuaria. La explotación de la dársena es una discusión que no interesa ahora porque "habrá tiempo para ello y para hablar de la recalificación urbanística", potestad del Ayuntamiento, añadió Rubio.

El concejal de Grandes Proyectos y teniente de alcalde, Alfonso Grau, sostuvo que Rubio "se mete a enredar" en un momento en que "se está procurando un clima de negociación sereno". "Su sentido partidista le lleva a entregar el patrimonio de todos los valencianos con tal de que sea su partido el favorecido", acusó Grau en referencia a la dársena. "En el diálogo, en el encuentro, en buscar fórmulas adecuadas, estamos absolutamente de acuerdo y ayer [por el martes], la alcaldesa tendió la mano y solicitó una reunión para llegar a un acuerdo", según Grau. Las obras "se deben hacer poniéndose de acuerdo" las tres administraciones "desde el respeto a las competencias y al patrimonio de las respectivas administraciones", añadió Grau. La Generalitat ya ha dado su respaldo a los planes del Gobierno.