Una juez tumba por cuarta vez el proceso de privatización de Canal 9

Por cuarta vez, un juzgado ha considerado que los tres acuerdos de privatización de Canal 9 que aprobó el consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) en marzo del pasado año infringen la ley. Por otra parte, la demanda contra el nombramiento de Pedro García como sustituto del anterior director general del ente ha sido admitida a trámite.

Los tres acuerdos que aprobó en marzo de 2003 el consejo de administración de RTVV gracias a la mayoría del PP para privatizar Canal 9 han sido, por cuarta vez, considerados ilegales. Es la respuesta de un juzgado de lo Contencioso de Valencia a la demanda que interpusiera en su día la Unión de Consumidores (UCE). Los argumentos son idénticos a los que se esgrimieran en respuesta a las demandas presentadas por UGT, EU y CGT. Los tres acuerdos, por los que se privatizaban los informativos, la gestión publicitaria y 1.886 horas de programación, incumplen la Ley de Creación de RTVV (porque establece el carácter público e intransferible tanto de la televisión autonómica como de la radio), la Ley de Terceros Canales (que fija el control de los intereses del ente en la Administración Autonómica sin posibilidad alguna de transferencia), y el Estatuto.

Queda pendiente por conocer el fallo en primera instancia respecto de la demanda interpuesta por CC OO. También los cuatro miembros del consejo de administración del ente llevaron a los tribunales los acuerdos de privatización, pero la justicia entendió que no estaban legitimados.

El proceso de privatización de Canal 9 tiene ya también una repuesta desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Cuando la justicia contestó a la primera demanda, presentada por UGT, la dirección de RTVV decidió recurrir. El TSJ volvió en julio a dar la razón al sindicato, pero la Generalitat, según afirmó la pasada semana su vicepresidente, Víctor Campos, ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo.

Pero los litigios con RTVV como protagonista van más allá de la cuestión de la privatización. EU comunicó ayer la admisión a trámite de la demanda contra el nombramiento como sustituto de Pedro García después de que dimitiera el anterior responsable del ente, José Vicente Villaescusa. Los hechos ocurrieron en julio. El Consell nombró a Pedro García como sustituto de Villaescusa sin pasar por el consejo de administración amparándose en el artículo 17.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. De hecho ese artículo había servido para un episodio similar en los 90. El texto respalda el nombramiento en casos de vacante, ausencia o enfermedad de un cargo público por parte de quien lo designe. Pero es justo el final de ese artículo el que fue derogado por inconstitucional, al entenderse que su trasposición a las autonomías suponía que se les obligaba a un mecanismo determinado y debían ser ellas quienes lo delimitasen. En el uso de ese artículo ya inconstitucional se basa la demanda contra el nombramiento de Pedro García, cuya fórmula, según la letrada de EU, Mónica Oltra, vulnera también la Ley de Creación de RTVV.