El Gobierno inicia la reforma legal sobre el nombramiento de jueces

El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar la norma por la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. A partir de la modificación, los nombramientos requerirán una mayoría de las tres quintas partes del pleno del órgano de gobierno de los jueces, frente al sistema vigente de mayoría simple.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que el objetivo de la reforma es que "nadie pueda imponer sobre los demás sus candidatos a jueces sino que todos nos debamos poner de acuerdo para tener a los mejores".

Fernández de la Vega se refería a que, con el actual sistema de nombramientos por mayoría simple, el sector conservador del Poder Judicial, que cuenta con 11 de las 21 vocales, ha colocado a cuatro magistrados en las cuatro vacantes de la Sala Segunda del Supremo, encargada de juzgar a diputados, senadores y ministros.

El pasado martes, el Congreso aprobó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, una proposición no de ley en la que se pidió al Gobierno que modifique la vigente Ley del Poder Judicial.

Fernández de la Vega resaltó ayer que la reforma trata de reforzar "la legitimación democrática y el pluralismo en los nombramientos del Poder Judicial", ajustándose a los criterios de "mérito y capacidad" para el nombramiento y acceso al Supremo y a los tribunales superiores de justicia.

La vicepresidenta primera argumentó que el sistema de elección de tres quintos es el que utilizan el Congreso y el Senado para elegir a los miembros del CGPJ y, además, "introduce el consenso como la técnica más idónea de adopción de acuerdos en un órgano colegiado, como el Consejo Genetal del Poder Judicial".

El proyecto prevé también que el magistrado jefe del servicio de Inspección del Consejo del Poder Judicial tenga la consideración de magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo. Si el jefe de la Inspección es ya magistrado del Supremo no perderá dicha condición. También señala que los magistrados jubilados del Tribunal Supremo que así lo quieran podrán seguir ejerciendo funciones jurisdiccionales como eméritos hasta cumplir 75 años.

La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, criticó duramente el cambio en el sistema de nombramientos, señalando que la reforma "tiende a copar, con carácter exclusivo, todas las decisiones del Poder Judicial".

"Se quiere tener la llave de todos los nombramientos de los más altos cargos de la Magistratura politizando, sin disimulo, tales nombramientos, o consiguiendo la posible paralización del CGPJ si no se aceptan las imposiciones de la minoría en él representada".

Según la APM, con la llamada "justicia de proximidad" se quiere introducir el nombramiento de jueces "carentes de las exigencias de mérito, capacidad y profesionalidad" que exige el artículo 122 de la Constitución.

A su vez, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, dijo que la proposición aprobada en el Congreso el martes "no era más que una pantomima, una actuación teatral para intentar dar cobertura a una reforma que tenían ya elaborada para amordazar a los jueces, para silenciar la independencia judicial y para tener una Justicia a la carta".

Por su parte, la vicepresidenta primera Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno no tiene intención de buscar el enfrentamiento con la Iglesia católica. "Éste es un Estado laico, aconfesional y no hace falta ningún tipo de plan para garantizarlo", dijo, tras recordar que se mantiene sin cambios la financiación de la Iglesia en los Presupuestos Generales del Estado para 2005.