Piñeiro defiende ante Ibarretxe y Atutxa una justicia "independiente" y sometida a la ley

El presidente del Tribunal Superior vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, defendió ayer ante los máximos representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de Euskadi la necesidad de "profundizar" en una justicia "eficaz, de calidad, responsable y, desde luego, independiente" y sometida exclusivamente a la ley. En el acto de apertura del año judicial y ante el lehendakari y el presidente de la Cámara de Vitoria, Juan María Atutxa, imputado por desobediencia por el alto tribunal vasco, Piñeiro mostró su voluntad de defender los "superiores valores constitucionales".

El acto de apertura del año judicial en Euskadi se movió ayer entre la lealtad institucional y la cordialidad entre las autoridades políticas, judiciales, policiales y militares presentes en el Palacio de Justicia de Bilbao.

El telón del fondo de las decisiones judiciales pendientes en relación con los imputados por desobediencia por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) o con la legalidad de la tramitación del plan Ibarretxe no afectaron ni un gramo a un acto de fuerte calado institucional. Los saludos entre posible juzgador (Piñeiro) y posible juzgado (Atutxa) -si finalmente la juez instructora del caso Atutxa, Nekane Bolado, no archiva la causa- fueron seguidos de manera atenta por los medios que acudieron a cubrir el acto. Fue la fotografía de la normalidad, sin ningún sobresalto. O como dijo el propio Ruiz Piñeiro en su discurso, unos "momentos para disfrutar del conocimiento mutuo" que "facilitan una cordial relación", más allá de las vicisitudes judiciales que afecten a determinados políticos.

Las dependencias nobles del Palacio de Justicia abrieron sus puertas para retomar un acto institucional que no se celebraba desde 1988, año en el que el Poder Judicial impuso un acto único para toda España. El nuevo presidente del alto tribunal vasco quiso recoger el testigo allí donde lo dejó quien entonces ocupaba su cargo, Juan Bautista Pardo, reiterando en euskera y castellano sus palabras: una defensa de la Justicia como una "permanente voluntad de servicio" a los ciudadanos, siempre con "independencia y sometimiento exclusivo a la ley, y con una clara vocación de defensa de "los superiores valores constitucionales".

En su intervención, Piñeiro indicó que ese servicio a la sociedad de jueces, fiscales y del resto de personal del mundo judicial vasco ya está cosechando sus frutos. Concretó que el pasado año se resolvieron más asuntos (257.902) que procedimientos entraron en los juzgados de la comunidad autónoma (en total, 254.074). Piñeiro se comprometió ante los presentes -entre ellos el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma- a mantener ese objetivo para el presente curso judicial.

Recuerdo a Lidón

Además, mostró su disposición para "profundizar en la consecución de una justicia eficaz, razonablemente rápida, de calidad, responsable y, desde luego independiente".

El otro discurso del acto de apertura corrió a cargo de la fiscal jefe del Superior, María Angeles Montes, quien dedicó parte de su intervención al recuerdo de algunos de los jueces y fiscales asesinados por ETA como el magistrado de la Audiencia de Bilbao José María Lidón o el fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, y especialmente a las víctimas del 11-M.

Montes citó también el papel del ministerio público de velar por "la independencia de los tribunales", así como de "exigir el cumplimiento de la legalidad". Una tarea, admitió, nada fácil, sobre todo cuando los 81 fiscales y 73 agentes y demás personal auxiliar que trabajan en el País Vasco lo hacen en una "sociedad atemorizada por la violencia terrorista".

Pese a la brevedad de los discursos, Montes aprovechó el suyo para desgranar en cifras parte del trabajo del ministerio público. Enfatizó dos aspectos: por un lado, el crecimiento de los casos de "violencia familiar", que han pasado de 1.827 causas en 2002 a las 2.524 que se contabilizaron el año pasado. En 1995 por este motivo se incoó un solo procedimiento.

La fiscal jefe subrayó lo "irracional" de la violencia doméstica y señaló que los datos ofrecidos llevan a una "profunda reflexión sobre las causas que originan estas conductas" y sobre si las medidas que se adoptan por parte de la judicatura y la Fiscalía son "suficientemente eficaces para combatirlo".

Piñeiro reveló después en su discurso que Euskadi fue la quinta comunidad en número de órdenes de protección el pasado año, con 443 solicitudes, de las que se acordaron 307. Montes destacó la siniestralidad laboral que dejó 27 muertos y 149 heridos.