El Gobierno carga la agenda legislativa al prometer el envío de 63 proyectos de ley al Parlamento andaluz

El Gobierno andaluz va a dar bastante trabajo a los grupos parlamentarios y no sólo porque se dediquen a ejercer su labor de control e impulso político. El Ejecutivo autonómico se comprometió ayer a remitir al Parlamento 63 proyectos de ley en esta legislatura -un 40% más que la anterior-, una cifra muy alta que obligará a los 109 diputados a imprimir un fuerte ritmo a sus trabajos.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, dio a conocer las iniciativas legislativas que el Ejecutivo quiere enviar al Parlamento para "cumplir con sus compromisos electorales", aunque no el calendario de presentación. Algunos de los proyectos son modificaciones y reformas de leyes.

La cifra apalabrada ayer por Zarrías es muy alta en comparación con las legislaturas anteriores. Ni siquiera en la constituyente, la actividad legislativa rozó las pretensiones de ahora. Entonces (1982-1986), el Parlamento aprobó 43 de los 49 proyectos presentados. La quinta legislatura (1996-2000) fue, desde el punto de vista numérico, la más fructífera ya que de los 58 proyectos y proposiciones de ley tramitados, se aprobaron un total de 44.

El Gobierno quiere presentar el "grueso" de los 63 proyectos de ley entre 2005 y 2006 de manera que haya tiempo suficiente para que vean la luz. Por término medio y en función del ritmo de trabajo que marquen los presidentes de las comisiones, una ley tarda en aprobarse entre cuatro y cinco meses.

Entre las leyes anunciadas por el Gobierno -en las que se incluyen las de los presupuestos de la comunidad- destacan la de creación de la Agencia Tributaria de Andalucía y, de nuevo, la de la Función Pública, una norma prometida en las tres legislaturas pasadas y que los redactores del documento de la segunda modernización consideran prioritaria y clave para que la Administración andaluza preste servicios de calidad.

El Ejecutivo no ha incluido el proyecto de ley de Cooperación Territorial -en el que se diseñaba una nueva estructura de la comunidad, con la creación de áreas metropolitanas y comarcas- porque entiende que este asunto debe abordarse en los trabajos de la ponencia de la reforma del Estatuto de Autonomía, en opinión de Zarrías.

El Gobierno quiere dar prioridad a los proyectos que afectan a los derechos sociales y a la modernización de la comunidad. En el primer bloque figuran un total de 12 leyes entre las que destacan las de inclusión social; participación en la educación; igualdad de género; vivienda; respeto a la intimidad del paciente; y mediación familiar.

En el segundo apartado, el Ejecutivo contabiliza 19 proyectos. Entre ellos, los de estabilidad presupuestaria -con la que se pretende adaptar la norma autonómica a la estatal-; la de creación de los órganos de defensa de la competencia; la ley del sector ferroviario; Función Pública; Agencia Tributaria; y estatuto del concejal