España enviará agentes antiterroristas a países con focos de integrismo islamista

La policía va a destinar en breve a agentes antiterroristas a las embajadas y delegaciones diplomáticas de aquellos países que se consideran caldo de cultivo del terrorismo islamista. El Plan Antiterrorista del Gobierno, ultimado en la reunión del Comité Ejecutivo del Mando Único del pasado día 13, prevé destinar antes de fin de año agentes de enlace y agregados policiales a Islamabad (Pakistán), Yakarta (Indonesia), Damasco (Siria) y Trípoli (Libia). Además, se va a elevar el nivel de la presencia en Estados Unidos "debido a su gran importancia en la cooperación internacional" antiterrorista.

Interior tiene hoy día 56 funcionarios de enlace o agregados destinados en 34 países

La presencia en Estados Unidos será elevada de nivel para aumentar la colaboración

La cooperación internacional es considerada vital por todos los servicios policiales del mundo para combatir tanto el terrorismo, con tentáculos en todo el orbe, como la delincuencia organizada, cuyo funcionamiento tiende a parecerse cada vez más a una multinacional del hampa con divisiones territoriales. Los acuerdos de ayuda mutua en estos países son decisiones plenas de sus respectivos gobiernos, pero la ejecución a pie de obra corresponde a las fuerzas de seguridad.

España tiene destinados actualmente 56 funcionarios en 34 países que desempeñan labores en las embajadas de agregados del Ministerio del Interior, de oficiales de enlace o coordinadores de seguridad. Las labores son diversas y algunos incluso tienen bajo su égida distintos países, como es el caso del agregado de Bucarest, acreditado también en las embajadas de Praga (República Checa), Bratislava (Eslovaquia) y Chisinau (Moldavia).

La representación más nutrida se encuentra en Francia, donde hay seis agregados de Interior más uno que está adscrito a la Embajada en París, pero que tiene residencia en Fort de France (Martinica), según un listado facilitado por el Gobierno. Francia es una pieza clave en el combate contra ETA y, además, goza (gracias a su potente maquinaria policial, militar y diplomática) de un alto nivel de información sobre el terrorismo de origen islamista.

La segunda en número de agentes es Marruecos (con cuatro), muy volcados en asuntos migratorios y de tráfico de drogas, pero ahora especialmente atentos al fenómeno terrorista islámico, especialmente tras los atentados de Casablanca (16 de mayo de 2003) y del 11-M. De los detenidos hasta ahora por la masacre de Madrid, 36 proceden de Marruecos (sobre todo de Tetuán y Tánger, cerca de la frontera de Ceuta), aunque sólo 10 de ellos están presos. España también tiene presencia policial en Argelia (dos), país del que procede otro grupo de terroristas implicados en el 11-M.

"El trabajo en las embajadas no es de protección", indica uno de los acreditados en Marruecos, "porque eso es labor de los GEO o de servicios de seguridad locales. Se trata más bien de canalizar hacia España las informaciones que puedan sernos policialmente de interés, mantener contactos fluidos con las autoridades policiales locales, atender a los españoles que puedan tener problemas con las policías de cada país o servir de enlace entre los servicios de seguridad ambos Estados".

El reforzamiento de la cooperación internacional supondrá la "reestructuración de la representación del Cuerpo Nacional de Policía en el Extranjero", para lo que se ha dispuesto la "creación o reconversión" de varias agregadurías. Se trata del cuarto pilar del plan policial para la prevención del terrorismo de raíz islámica diseñado por Interior.

La policía considera vital crear agregadurías en Yakarta, con extensión de la acreditación a Filipinas; Islamabad, Damasco (con extensión a Ammán, Jordania) y Trípoli, que tendría una pata en Túnez, lo que "conllevará la reconversión de la existente actualmente en Túnez", donde ya hay un agregado de Interior.

La reestructuración de la lucha antiterrorista en el exterior llevará a la potenciación de la presencia policial en Estados Unidos y Turquía ( "cada uno de estos países por motivos diferentes", se explica en un documento interno), no tanto en número como en nivel. Según fuentes policiales, ambas están cubiertas en la actualidad por miembros de la escala ejecutiva (inspectores e inspectores jefes) y se considera necesario acreditar a comisarios. En sentido contrario, se rebajará el nivel de las de Andorra, Portugal y Bolivia, que pasarán de tener comisarios a tener inspectores o inspectores jefes. Las dos primeras cuentan, además, con sendos miembros de la Guardia Civil (el de Portugal es el enlace con la Guardia Nacional Republicana, de carácter militar).

La reestructuración, encomendada a la Subdirección General Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, llevará a agentes, aunque por motivos distintos, hasta San Salvador; que cobrará gran importancia debido a que la acreditación del funcionario allí destinado se extenderá a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Hoy día el agregado de Costa Rica está acreditado también en Panamá, mientras que existe ya presencia de un agente español en Managua, lo que supondrá una reestructuración global del estatu quo policial en Centroamérica. Precisamente en El Salvador hay un funcionario de seguridad destinado, que desempeña el cargo de "asesor del programa de asistencia a las instituciones oficiales de la República de El Salvador".

La policía también va a dar un vuelco a su presencia en Europa del Este, ya que los países que estaban al lado oriental del muro se han convertido en emisores de emigrantes y de un tipo de delincuencia con entrenamiento militar y un aprecio por la vida diferente al de España. Por ello, se va a mandar un agregado a Vilna (Lituania), que se ocupará también de Estonia y Letonia.

Lo que aún está claro es cuál será la presencia de agregados policiales en la antigua Yugoslavia. Haberlos, los habrá, pero lo que no se sabe aún es cuántos y dónde.

"La delicada situación política y social en aquella región y la enemistad existente entre los nuevos Estados (que antes formaban parte de la República Yugoslava) y Serbia-Montenegro aconsejan actuar con prudencia en esta decisión", se lee en el antes citado informe policial.