Cruzada francesa contra la deslocalización
Gobierno y oposición plantean fórmulas, y cuestionan incluso el actual marco de la UE, en defensa de su industria nacional
"Tengo los empleados en Rumania, el dinero en Suiza pero mi corazón sigue en Francia". Así se expresa, en una caricatura del semanario Le Canard enchaîné, un empresario francés-tipo, con un habano en la boca. Eso es lo que piensa el ciudadano medio, el mismo que se escandaliza cuando lee que la plantilla de Bosch va a trabajar gratis una hora más a la semana para evitar que se lleven la planta de Venissieux a Eslovaquia, o cuando descubren que el jefe de la patronal propone el retorno a las 40 horas semanales sin aumento salarial.
Reino Unido agrava los problemas al oponerse a cualquier intento de armonización fiscal que evite la competencia desleal entre Estados de la UE
Sobre el papel, las deslocalizaciones apenas representan el 5% del capital industrial francés invertido en los últimos 12 meses, pero es un porcentaje que crece. La UE a 25 parece favorecer el movimiento. El automóvil absorbe parte de los proyectos y Valeo, TRW, Snappon S.A. o Annoflex buscan reemplazar sus más de 800 asalariados franceses en los países del Este. Para Renault, en cambio, Logan, la berlina que fabrica en las remozadas instalaciones rumanas de Dacia para ser puesta en venta por menos de 5.000 euros no es una "deslocalización", como no lo fue en su día abrir la planta de Valladolid. Que esas inversiones, a la larga, hayan significado reducir la plantilla doméstica no se quiere equiparar a los actuales desmantelamientos industriales salvajes.
Si el equipamiento automovilístico busca condiciones idóneas en el Este -la siderurgia hace lo mismo-, la electrónica prefiere el Sur de Asia (India, Indonesia, Camboya...) mientras el textil, los productos de "línea blanca" y los centros de llamadas telefónicas se instalan en Senegal o el Magreb.
El ministro de Economía, el omnipresente y poderoso Nicolas Sarkozy, cree que "las deslocalizaciones afectan a todas las regiones y sectores. Debemos reaccionar si no queremos que el país se convierta en un desierto industrial".
Trasfondo político
Para Clara Gaymard, que dirige la Agence Française pour les Investissements Internationaux, organismo que canaliza la inversión extranjera, no hay que caer en el catastrofismo. "Francia es el segundo inversor mundial en el extranjero, tras EE UU, pero es también el segundo país que más capital foráneo atrae, detrás de China". Según ella el atractivo depende tanto de "la correlación entre la inversión francesa fuera y la inversión extranjera en Francia" como del "gran nivel de productividad de nuestra mano de obra". Salarios y costes sociales relativamente altos no son un freno: "el salario no significa más del 10% o 15% del coste total de un producto".
Para el antiguo primer ministro socialista, Laurent Fabius, hay que votar contra la futura Constitución europea precisamente "porque queremos reindustrializar Europa" y no hay nada en el acuerdo que "subordine las ayudas financieras de la UE a una perspectiva de armonización fiscal y social con los nuevos Estados miembros". Otro socialista, el especialista en temas económicos Dominique Strauss-Kahn, quiere "crear una empresa pública de capital-inversión que ayude a las sociedades que tengan problemas a corto plazo pero puedan ser viables a largo plazo, es decir, aquellas que más apuestan por la innovación".
El gobierno ha comprendido que la ciudadanía está inquieta y preocupada por las deslocalizaciones y no quiere que todas las iniciativas en este tema queden a manos de la oposición o de la actividad frenética de Sarkozy. Este, aún sabiendo que su propuesta no puede ser aceptada, planteó a sus homónimos europeos "la conveniencia de que los países candidatos a recibir ayudas de los fondos estructurales tengan un nivel de presión fiscal como mínimo equivalente a la media de la UE".
Basta mirar el impuesto sobre sociedades para comprender quien está en el punto de mira. Si en Francia dicho impuesto es del 35,4% -en España del 35%, en Alemania del 38,3% y en Gran Bretaña del 30%- en Polonia se queda en un 19%, en Irlanda en un modesto 12,5%, en Hungría en un 17,7% y en Letonia en 15%.
Sarkozy busca menos obtener un acuerdo que convencer a sus futuros electores de su capacidad para defender el inetrés de Francia. El gobierno de Raffarin, que se supone lucha por mantener una línea política fijada por el presidente Chirac, ha revelado una serie de medidas destinadas a frenar las deslocalizaciones. La primera es la creación de "polos de competitividad" destinados a reforzar "las especializaciones de la industria, mejorar su visibilidad y crear las condiciones favorables para que surjan nuevas actividades".
Algunos de esos "polos" ya existen. En Niza, Rennes, Toulouse o en Grenoble, por ejemplo, la microelectrónica o la aeronáutica tienen gran poder de atracción. Mil millones de euros, según Raffarin, a invertir en un lapso de tres años, deben servir para que los "polos" tengan el dinamismo deseado. En realidad, el Estado sólo se ha comprometido a desembolsar entre 360 y 370 millones dejando que sean los poderes locales -no olvidemos que todas las regiones, excepto Alsacia, han votado por la izquierda- las que aporten el resto.
La política fiscal también va a implicarse en la cruzada. Por un lado se quiere evitar que las empresas se marchen prometiéndoles reducciones de hasta 100.000 euros anuales en materia de tasa profesional -son siempre los poderes locales los que el Estado pone a contribución- si permanecen en zonas críticas, laboralmente hablando; por otro, se proponen créditos que pueden suponer hasta el 50% de la masa salarial para las empresas que regresen a Francia tras más de cinco años implantadas en otro país. Ese crédito, que pasaría a ser a fondo perdido en cinco años. Una cláusula temporal para que no sean los "cazadores de subvenciones" los que se amparen en la medida con operaciones de falsas reindustrializaciones.
Si Raffarin ha abandonado la fórmula de "amnistía fiscal" para los capitales repatriados, no ha renunciado a la idea. Para aumentar el atractivo de Francia como país paraíso del inversor parece dispuesto a renunciar -temporalmente- a la severidad fiscal. Los sindicatos se lo reprochan pues tienen la sensación de que es al trabajador a quién se pide todo el esfuerzo: trabajar más cobrando igual o menos, renuncia a ventajas sociales y que se preste a todas las demandas de unos empresarios que, de lo contrario, amenazan con colocar su capital en India o en China, o en cualquier lugar dónde no haya vacaciones pagadas, descanso semanal o control sobre el trabajo de menores de 16 años.
En cierta manera el gobierno Raffarin es heredero de una opción de política industrial que lleva funcionando en Francia desde hace más de tres décadas y que tendió a privilegiar la creación de empleo con alto valor añadido en sectores de tecnología avanzada. Si a corto y medio plazo eso pudo parecer razonable, a la larga, en la medida en que gigantes como China o India se despiertan y ponen en el mercado sus profesionales bien formados y menos caros, la apuesta se revela peligrosa.
La inquina británica
En su día Alcatel se presentó como empresa del futuro: sin fábrica y sin trabajadores, solo dedicada a gestionar una producción y unos servicios externalizados. La realidad es menos tecnológica y virtual pues la agroalimentación, la energía y la construcción representan el 80% de las inversiones en investigación y desarrollo, es decir, son los motores de los sectores más punteros. Además, su capacidad para crear empleo sigue siendo muy importante y su producción de valor añadido mucho más estable que la dependiente de las volátiles nuevas tecnologías.
Francia tiene en Alemania, Luxemburgo y Bélgica los únicos aliados sólidos y en Gran Bretaña un enemigo no menos sólido y, sobre todo, con una gran capacidad para ganarse amigos. Cualquier proyecto de armonización fiscal, topa de inmediato con la reticencia anglosajona. El resultado es que la UE, que debiera servir más para establecer lógicas de cooperación y complementariedad, fomenta la competencia salvaje por no decir desleal. Para el ministro británico de Finanzas, Gordon Brown, esa competencia es "sana". A pesar de Eurotúnel, el canal de la Mancha sigue ahí.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.