De cabrero a juez prevaricador

"¡Convenceos! En España sólo hay tres jueces que sepan instruir: Garzón, Moreiras y yo". Corría el año 1993 y Luis Pascual Estevill ya había saltado a los diarios como el juez justiciero de Barcelona. Por entonces alardeaba de que no le temblaba la mano para encarcelar a un ex consejero de la Generalitat o a un aristócrata y sus decisiones lo corroboraban porque también era capaz de imputar a la cúpula de todo un banco, sin reparar en que algunas de esas personas quizás no tenían nada que ver con los hechos que investigaba, como le ocurrió al doctor Carlos Zurita, cuñado del Rey Juan Carlos. Eran tiempos en que sus compañeros le admiraban por su valentía y el empresariado catalán le temía, precisamente por ese arrojo.

Acabó sentado con los mejores abogados en el mismo restaurante en el que los había servido

Años después se supo que parte de esa leyenda era una patraña y que algunas decisiones judiciales de Estevill sólo pretendían amedrentar a quienes investigaba para chantajearles y forzarles a pagar para salir de la cárcel o para no entrar. Con la misma frialdad con la que era capaz de acudir al levantamiento de un cadáver mordiendo un Montecristo, Estevill admitió el pasado lunes sin pestañear ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le juzga que unos empresarios le pagaron 75 millones de pesetas (casi medio millón de euros) para no acabar en prisión y que el dinero se lo ingresaron en una cuenta suiza. Jamás en una sala de vistas en España se había oído nada igual. La fiscalía le acusa de cohecho, detención ilegal, alzamiento de bienes, amenazas y tres delitos de prevaricación, los peores cargos que pueden presentarse contra quién debía impartir justicia.

Pero es que la vida de Estevill siempre ha basculado entre extremos. En su época de justiciero se le conocía como El Lobo, una ironía del destino para quien pasó su juventud como pastor de cabras en Cabassers (Tarragona), el pueblo donde nació en una familia humilde. El mismo Estevill ha explicado que a los 19 años apenas sabía leer ni escribir y que no se licenció en derecho hasta los 33 años, aunque la carrera la aprobó en 27 meses. En 1971 intentó ser procurador en las Cortes franquistas por Tarragona y, en 1982, senador por el CDS, pero en en ambos casos fracasó.

A los tres años de abrir despacho en Barcelona se hizo un nombre como abogado, lo que se explica por la facilidad del ex juez para las relaciones sociales, aunque no falta quien afirma que la Iglesia de la época le allanó el camino. Un abogado que conoce sus pasos desde hace años y que reclama el anonimato explica que cuando Estevill tuvo como clientes al conde Güell o el marqués de Setmena dedicó muchos esfuerzos a hurgar en los registros mercantiles y archivos oficiales para localizar propiedades que esos mismos aristócratas desconocían que poseían. Así pudo amasar fortuna en poco tiempo y se convirtió en un cliente asiduo de La puñalada, un restaurante del paseo de Gràcia donde se fraguaban muchos negocios de Barcelona. En ese local trabajó Estevill como camarero durante años y sirvió muchos platos a lo más granado del empresariado catalán, pero también de los abogados de la época como Gonzalo Quintero, Octavio Pérez Vitoria y Àngel Latorre. Con el tiempo, Estevill acabó sentado en su mesa.

Años antes, ya había entablado amistad con Joan Piqué Vidal, el que fuera abogado del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Juntos defendieron a los primeros empresarios acusados de delincuencia económica, como el padre de Javier de la Rosa o su colaborador, Rafael del Barco, por un fraude en el Consorcio de la Zona Franca. Y juntos han acabado en el banquillo. El fiscal pide para Piqué seis años y cuatro meses de cárcel por participar en los chantajes. El abogado sólo admite que medió en un caso.

El caso que ahora se juzga ocurrió entre 1990 y 1994 cuando era Estevill juez en Terrassa y en Barcelona. El ex juez, que ahora tiene 70 años, atesora una condena firme de seis años de suspensión por prevaricación y otra de siete años de cárcel por delito fiscal, cometidos como ciudadano.

Este hombre que vistiendo la toga era capaz de decir frases como "las mulas se compran a prueba" para referirse a las parejas de hecho, accedió a la judicatura por el cuarto turno, el reservado para los juristas de prestigio. Fue el número uno de su promoción entre 42, pero diversos sectores judiciales coinciden en que muchas de las resoluciones que firmaba Estevill no las redactaba él, sino los abogados y hasta algún fiscal. "Sus autos se notaban mucho, porque eran farragosos y no se entendían", recuerda un juez de Barcelona. Probablemente para evitarlo y cuando tenía un asunto comprometido, Estevill acudía al Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, con dos resoluciones antagónicas, pero bien argumentadas y en función de cómo fuesen las declaraciones optaba por una u otra.

"Lletrat: l'ocell, a la gàvia" (letrado: el pájaro, a la jaula), era otra de sus frases preferidas cuando decretaba una orden de prisión. Las normas de reparto vigentes en la época le permitieron ser el instructor de algunos de los asuntos tan sonados como Planasdemunt, Indelso, Prenafeta o Bertrán de Caralt. La fiscalía lo sabía y en ocasiones esperaba a que Estevill estuviese de guardia para encargar una diligencia y que el asunto acabase en su juzgado. Muchas órdenes de prisión además duraban unos días, pero tenían la función ejemplarizante que el juez pretendía.

Entre finales de 1994 y 1996 Estevill acabó en el Consejo General del Poder Judicial de la mano de CiU. A las pocas semanas de estar allí y ver sus escarceos, el presidente Pascual Sala le dijo a Miquel Roca: "Este hombre es un impresentable".

Roca había sido su valedor junto al consejero catalán de Economía de la época, Macià Alavedra, que declarará como testigo el 4 de octubre. Cuando en 1996 la justicia empezó a investigar a Estevill por los sobornos que le han llevado al banquillo, Roca dijo que eso eran "habladurías".

La semana pasada, Estevill declaró que confesaba el delito porque quería colaborar con la justicia, cínica declaración viniendo de quien probablemente más ha dañado la imagen de la justicia en España. Su esposa e hijas no están en el banquillo, pero su hijo ha aceptado una pena de cárcel de un año. Probablemente eso sí tiene que ver con la confesión del ex juez.