Los complicados pasos previos

Poco a poco se van poniendo en marcha los distintos mecanismos diseñados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para afrontar la reforma de los estatutos de autonomía y de la propia Constitución, unos procesos de los que se habla continuamente y que organizan mucho ruido, pero que no han arrancado aún y que exigen bastantes, y complicados, pasos previos.

Por ejemplo, todavía no se ha iniciado siquiera el debate parlamentario para la reforma del Consejo de Estado, una pieza fundamental de todo el entramado. El viernes pasado terminó el periodo de presentación de enmiendas al proyecto de ley, pero no es previsible que antes de enero el Consejo esté en condiciones, y sobre todo que tenga las competencias necesarias, para empezar a estudiar la famosa reforma constitucional, limitada a cuatro puntos, que propone Zapatero. El Consejo de Estado, que deberá tener para entonces entre sus miembros natos a los ex presidentes del Gobierno -incluido, lógicamente, José María Aznar-, necesitará, como mínimo, de ocho meses a un año para alcanzar, si procede, el ansiado dictamen.

Jordi Sevilla reúne el lunes a los consejeros de Presidencia de las CC AA para empezar a debatir el orden del día de la futura conferencia de presidentes

También marcha pausadamente la anunciada conferencia de presidentes de comunidades autónomas. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tiene previsto reunirse mañana, lunes, en Madrid con los consejeros de Presidencia de todas las comunidades autónomas para empezar a preparar el orden del día, pero la convocatoria no llegará, posiblemente, hasta noviembre. Lo lógico es que esa primera reunión se celebre sin grandes problemas, como símbolo de una cierta voluntad de cooperación. Lo más interesante será, probablemente, saber cómo se organiza para funcionar en el futuro, con qué competencias y con qué modelo.

El Gobierno no cree tampoco que las cosas vayan mucho más rápidas en el País Vasco o en Cataluña. Respecto a Euskadi, se han producido algunos gestos novedosos: el PNV, por ejemplo, ha aceptado por primera vez dar otro de esos pasos previos, necesarios para la reforma constitucional que defiende el PSOE: esta semana coincidió en la necesidad de poner en marcha, de nuevo, en el Senado la ponencia de reforma de la Cámara que fue clausurada por el PP en la legislatura anterior.

Además, en el País Vasco va tomando fuerza la precampaña electoral (las elecciones autonómicas se celebrarán dentro de ocho meses), y quien más y quien menos empieza a tantear diferentes opciones. El PNV sabe que los socialistas pueden atraer voto procedente del PP, pero también que al PSE le puede resultar más fácil el trato con María San Gil que con el antiguo candidato popular, Jaime Mayor Oreja

En Cataluña, el Parlament cuenta con sus propios ritmos. Los socialistas catalanes tampoco están empeñados en una operación relámpago, sino que calibran la importancia de la paciencia y la necesidad de atraerse al PP para evitar bloqueos en Madrid. Porque es fácil adelantar que si el PSC no es capaz de convencer a Josep Piqué para que apoye la reforma estatutaria, difícilmente podrá el PSOE convencer a Mariano Rajoy.

La ventaja para los socialistas, según su propio análisis, es que al PP, como partido con ambición de gobierno, tampoco le conviene quedar al margen de la reforma de los estatutos de las dos comunidades en las que siempre ha tenido más problemas para despegar: Cataluña y Andalucía. Y que es muy probable que comunidades como Valencia o Baleares, dirigidas por políticos populares, reclamen inmediatamente los mismos techos competenciales que requiera la Generalitat de Cataluña sin esperar casi a oír qué piensa el PP en Madrid.

La posición que adopte Josep Piqué respecto a la política autonómica del PP será precisamente uno de los elementos más interesantes del congreso que celebra su partido a primeros de mes.

Ceuta y Melilla

Otro de los puntos de la política autonómica del PP que despiertan más curiosidad es su posición respecto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las dos están gobernadas por los populares, y es previsible que sean ellos quienes tengan que decidir en el futuro si, aprovechando la anunciada reforma constitucional, abren el proceso para su conversión en auténticas comunidades autónomas, tal y como permite la Constitución.

La iniciativa corresponde a las propias ciudades norteafricanas, pero es tema delicado que afecta a intereses más amplios, incluidos los de Marruecos. Los socialistas aseguran que ellos no pondrán ningún mecanismo en marcha, pero que tampoco tienen intención de cortocircuitarlo si el PP decide lanzarse por ese camino.