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Reportaje:

Del cementerio al banquillo de acusados

La Audiencia de Granada juzga a una traficante que simuló su muerte durante dos años para evitar ir a la cárcel

La policía detuvo a una muerta. Cuando los agentes de la Brigada de Estupefacientes de Granada se presentaron en el domicilio de Francisca Martos a finales de septiembre de 2003, esta conocida narcotraficante del polígono del Almanjáyar llevaba en teoría dos años bajo tierra. Una parada cardiorrespiratoria posterior a un infarto había acabado con La Paquitina -como la llaman en el barrio- justo después de que la Justicia la condenara a 10 años de cárcel. Sin embargo, tras el trágico trance, allí estaba ella: resucitada, de cuerpo presente y con los mismos trapicheos de siempre. Ahora vuelve a sentarse en el banquillo, que comparte con los abogados que supuestamente la ayudaron a simular su muerte para evitar la prisión.

La Audiencia de Granada la condenó en septiembre de 2001 por un delito contra la salud pública. La sentencia consideró probado que La Paquitina vendía heroína y cocaína en su casa del Polígono por lo que la sentenció a 10 años y una multa de 205.546 euros. Pero no llegó a entrar en la cárcel. Lo evitó uno de sus abogados, según el escrito del fiscal. "Manuel Martínez Valle", dice la acusación, "concibió la idea de simular la muerte de aquélla y, de ese modo, obtener la impunidad de su cliente y conseguir que eludiese la pena impuesta".

El 15 de octubre de 2001 la Audiencia la citó para conducirla a la cárcel, pero no se presentó. En su lugar apareció su abogado durante el juicio, Miguel Ángel Caro Lara, que entregó un sobre con su certificado de defunción, según una de las funcionarias. Francisca Martos murió de una parada cardiorrespiratoria el 27 de septiembre de 2001, según el escrito. Un pediatra granadino daba fe en papel oficial sellado por el Colegio de Médicos.

Falsificación

Las pruebas caligráficas realizadas tras su resurrección descartan que ese médico redactara el documento. Tampoco los abogados lo hicieron, sino un desconocido. Lo que sí hizo uno de ellos (Caro) fue presentarse en el Registro con el certificado a fin de inscribir la muerte. "Manifestando ser amigo de la fallecida", dice el fiscal, "rellenó y firmó el cuestionario para la declaración de defunción, consiguiendo la inscripción".

Caro confirmó el miércoles que entregó el sobre en la Audiencia pero aseguró que desconocía su contenido. Dijo que lo recibió de su compañero Martínez Valle, quién lo engañó con "mala fe". "Unos días después me confirmó que aquel documento era el certificado de defunción de La Paquitina", dijo ante el tribunal, donde se calificó de "pardillo". Las pruebas caligráficas que lo inculpan se hicieron con "negligencia profesional", afirmó.

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Martínez Valle prefirió no declarar. Pero el viernes, una ex compañera de despacho lo inculpó declarando que cinco meses después de cambiar de trabajo, se encontró en la Audiencia con la hermana de La Paquitina, Dolores, cuando ésta pedía que le devolvieran la fianza de su hermana, argumentando que había muerto. Dolores le confesó que "seguía instrucciones de don Manuel [Martínez del Valle]", creyendo que seguían juntos, según su testimonio. "Cuando le dije que ya no trabajaba con él, cambió de color", añadió.

La vuelta a la vida de Paquitina derivó en la resurrección de un segundo traficante, Juan Fernández, que sólo desapareció durante dos meses. Martínez del Valle y Caro fueron menos cuidadosos en ese caso, según el fiscal. Los peritos confirmaron que esta vez sí era la escritura de Caro la que aparecía en el certificado médico (sellado por el mismo pediatra), además de en el cuestionario del Registro. Paquitina y Fernández volvieron a la cárcel en septiembre y octubre de 2003. Sus penas pueden aumentar en cinco años si la Audiencia atiende la petición del fiscal. El Colegio de Abogados ha suspendido cautelarmente a Del Valle y a Caro que pueden correr la misma suerte que los traficantes. Fuentes de la fiscalía aseguraron que en España nunca se ha juzgado a nadie por simular su muerte para no ir a la cárcel. El caso de La Paquitina, dicen, carece de precedentes.

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