Las obras del tren de Benicàssim incumplieron la normativa europea

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, declaró ayer a través de una sentencia que España incumplió la normativa europea al construir un tramo de 7,6 kilómetros de vía férrea para rodear Benicàssim sin la preceptiva evaluación de impacto de ambiental y, por lo tanto, sin permitir a los vecinos afectados presentar alegaciones al proyecto.

El nuevo tramo de vía férrea se inauguró hace poco menos de un año. Cientos de vecinos participaron en el acto inaugural para celebrar la clausura del antiguo trazado que partía en dos la trama urbana de Benicàssim. Sin embargo, el Gobierno que presidía José María Aznar incumplió una directiva europea de 1985, que España incorporó a su legislación nacional en 1987, y que exige que determinados proyectos públicos y privados se sometan a una evaluación de impacto ambiental previa para prevenir daños al medio ambiente. La norma europea establece, además, que esa evaluación de impacto debe exponerse al público durante unos meses previos al inicio de las obras para que los ciudadanos afectados puedan presentar alegaciones al mismo.

La sentencia del tribunal europeo responde a una demanda planteada inicialmente por los vecinos afectados por el trazado del tramo entre Las Palmas y Benicàssim, de la línea entre Valencia y Tarragona del corredor mediterráneo. La vía está prevista para circular a velocidades altas, en torno a 220 kilómetros por hora, y los raíles se asientan sobre una plataforma que forma una barrera y altera la caída de aguas.

El Gobierno español alegó que el nuevo trazado estaba establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Benicàssim, aprobado en 1992, que reservaba el suelo necesario para la nueva vía y que ya había sido sometido a exposición pública. También defendió que la obra era un mero desdoblamiento de una vía en servicio. El plan general ya establecía en 1992 que el trazado definitivo de la nueva vía debería someterse a las alegaciones de los vecinos.

Sin sanción expresa

Pero el tribunal europeo replica que el tramo en litigio desborda el término municipal de Benicàssim y apunta que una distancia entre vías de 800 metros supone algo más que un desdoblamiento.

La sentencia se limita a declarar que el Gobierno español incumplió la normativa, pero no detalla ninguna sanción.

El litigio en torno a la nueva vía del tren desató gran polémica en Benicàssim y derivó incluso en la formación de un partido político que obtuvo representación municipal durante dos legislaturas.

Los vecinos se unieron para reclamar el soterramiento de las vías a lo largo del término municipal, pero el Gobierno rechazó cualquier modificación.Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, se implicó directamente para que el proyecto del Gobierno saliera adelante pese a las denuncias. El entonces subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral, llegó a recurrir a las fuerzas de seguridad del Estado para que se ocuparan las fincas afectadas. Los propietarios de esas fincas fueron, precisamente, quienes recurrieron a los tribunales internacionales.

Las obras del tramo entre Las Palmas y Oropesa han sido financiadas con fondos europeos, un dinero que estuvo paralizado a consecuencia del litigio pero que el Gobierno aseguró haber recuperado.

El tramo inmediato del corredor mediterráneo, que afecta a Oropesa, también se ejecutó sin cumplir con la directiva europea.