Columna
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Aquí se paga

Viniendo como venimos de un Gobierno del trágala y tente tieso se agradecen mucho los debates públicos que suscita el actual Ejecutivo. Pero si a cada cosa que queda por hacer hay que anteponer una discusión, no hace falta ser una lumbrera para aconsejar que no se intente debatir de golpe y sobre cualquier cosa en una misma semana o en un mismo mes. Salvador Pániker, tan interesado por el problema de la eutanasia, ante las cautelas del presidente y de los ministros en este asunto, se mostraba comprensivo y hablaba de prioridades del Gobierno a la hora de afrontar un asunto como la eutanasia, que requiere de un acercamiento a distintas posiciones y de un debate que preceda a las soluciones que se hayan de tomar. Es de esperar que la ministra de Sanidad no haga una reflexión por su cuenta uno de estos días. Porque son los propios ministros o sus cargos los que se adelantan a suscitar debates que a veces se cierran sin sentido o quedan abiertos con interrogantes.

Menos mal que a eso no contribuye la portavoz del Gobierno, contenida y comedida, que en lugar de echar leña al fuego corre a apagarlo con frecuencia. Entre los ministerios que se han distinguido por su locuacidad y por cierta precipitación está el de Cultura. Y de allí vinieron esta vez los comentarios sobre una nueva política del libro que despertaron en los medios de comunicación la discusión sobre el precio único, los descuentos en los libros escolares, la marginación de la pequeña librería heroica frente a las grandes superficies comerciales y la conclusión, por parte de los consumidores, de que la nueva política anunciada iba a repercutir, para mal, en los bolsillos de las pobres familias. Si eran los libros escolares el objeto de la discusión bien parecía que el Ministerio de Cultura se metiera donde no lo llamaban y dejara al de Educación preguntándose quién le había dado vela en aquel entierro. Pero, una vez más, le brindaban a la oposición la posibilidad de subrayar una descoordinación gubernamental de la que no cabe dudar con frecuencia. Y que resulta tanto más alarmante en un tiempo en el que una sociedad compleja, por la interrelación de sus problemas, rara vez resuelve sus asuntos en un solo ministerio. Lo cierto fue que el debate sobre los libros de texto acabó donde tenía que haber empezado: en la gratuidad de esos libros. Y además, terminó revelándose inútil, aunque tuvo un efecto positivo: nos llevó a ver de qué modo esta aspiración social no es en Europa una utopía de vieja izquierda trasnochada. Allí donde gobierna la derecha liberal en la que milita la presidenta de Madrid, los libros de texto son gratuitos, con alguna excepción como Portugal y otros pequeños países.

Y lo mismo sucede donde gobierna la socialdemocracia tibia. Aquí, en Castilla-La Mancha y Aragón, sin ir más lejos, dan los libros gratis. Y es más: el propio Fraga, en Galicia, tiene la experiencia en fase de entrenamiento. Aunque quizá a nuestra presidenta lo de Fraga Iribarne le parezca una secuela del franquismo del subsidio. Y no es que Esperanza Aguirre no quiera dar nada gratis porque participe de la teoría de que lo que se da sin pagar no se aprecia; ella sabe muy bien que satisfacer necesidades fundamentales de los ciudadanos con nuestros impuestos no es un modo de regalar. Y es verdad que a la Comunidad no le sobra el dinero, pero de buen gobernante es establecer prioridades. Lo que pasa es que la gratuidad de los libros de texto no se encuentra entre las prioridades del Gobierno de Madrid; de lo contrario, hasta parecería razonable que la presidenta le pidiera a Pedro Solbes dinero de sus arcas para resolver lo que el Gobierno de la nación dice ahora que quiere promover, esa gratuidad, ya que lo que promueve cuesta evidentemente dinero a otros. Porque si se tiene en cuenta que lo promovido es competencia de las autonomías, ya nos dirá el Gobierno cómo va a promover esa gratuidad en Madrid si no es pasando la pasta. Pero aun en ese caso, aquí nos encontraríamos con un Gobierno autonómico del PP que en su programa electoral no presentaba semejante compromiso, con lo cual podría darse el caso de que, aunque le dieran el dinero, la presidenta se negara a cumplir el programa electoral de otros, y con razón, y fueran los papás de esta nuestra Comunidad los que siguieran desembolsando sus euros por no haberse leído los programas electorales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 13 de septiembre de 2004.