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Camps encarga a Font de Mora un pacto por la educación que incluya a alcaldes y promotores

El presidente pretende un giro al "centro" en el departamento más difícil para el PP

El segundo consejero de Educación de Francisco Camps, Alejandro Font de Mora -uno de los ex diputados centristas que se sumaron a las filas del PP en los noventa y que ejercía como consejero de Presidencia y portavoz- recibe ahora el complejo encargo de intentar alcanzar en los tres años que restan de legislatura un amplio pacto en materia educativa que incluya a la oposición y a todos los agentes sociales implicados (sindicatos, patronales, padres, profesores y alumnos) y se extienda a alcaldes y constructores para llevar a buen puerto la descentralización de los niveles de Infantil y Primaria, claves para la integración laboral de la mujer y la escolarización de los hijos de los inmigrantes.

Deberá sortear fuertes resistencias de sectores del partido vinculados al Opus Dei o FAES
El 56% de los alumnos de Valencia cursa estudios en centros privados concertados

El presidente del Consell anunció en junio pasado -justo cuando los rumores de cambio en su Gobierno empezaban a arreciar coincidiendo con la derrota del PP en las elecciones generales- un segundo plan de inversiones que prevé "acabar las construcciones escolares en marcha" (85 colegios, ahora instalados de manera provisional en aulas prefabricadas) y los 45 restantes que faltan para culminar el Mapa Escolar aprobado por su predecesor Eduardo Zaplana en 1996, que no han sido licitados aún por falta de suelo municipal. Junto a este paquete, Camps anunció otras 273 actuaciones entre reformas y colegios nuevos que supondrán otras 15.000 plazas públicas nuevas (junto a las cerca de 30.000 del Mapa Escolar) en 2007.

En el acto, al que asistieron los actuales altos cargos y todos los ex directores generales de la breve etapa en la que estuvo al frente de la Consejería de Educación, Camps reiteró su "compromiso con la enseñanza pública" como instrumento de "cohesión social" y como pilar básico para formar "ciudadanos en una sociedad democrática".

Con este discurso, el presidente del Consell y del PP valenciano anuciaba en junio su intención de trabajar para lograr "cerrar el debate de la Educación" en la Comunidad Valenciana, mediante un amplio pacto social abierto -insistió- no sólo a los partidos de oposición, sindicatos y agentes sociales y educativos, sino que pretende además que se incorporen -en un gesto inédito en el sistema educativo español- "los promotores, arquitectos y contratistas". El gesto busca, en la práctica, blindar además de las críticas y sospechas de clientelismo a la empresa pública de construcciones escolares Ciegsa, creada por Zaplana en noviembre de 2000, nada más revalidar la victoria del PP con mayoría absoluta en las autonómicas de julio de 1999, con la intención de dotarse de un instrumento de gestión que permitiera al Consell recuperar el tiempo perdido entre 1996 y 1999: el periodo de máxima ofensiva institucional del Gobierno central del PP y de las grandes patronales para forzar a sus ejecutivos autonómicos a ampliar los conciertos educativos en todos los niveles, que culminó nada más obtener la mayoría absoluta José María Aznar con tres contrarreformas educativas -la universitaria LOU; la de la Formación Profesional y la LOCE, que acaba de dejar en suspenso el nuevo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero-.

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De manera que el presidente del Consell y sucesor de Zaplana optaba en junio por proseguir con el modelo de construcciones escolares públicas iniciado en la pasada legislatura.

Un modelo que el propio presidente regional de la Comunidad de Madrid, y hoy alcalde de la capital madrileña, Alberto Ruiz Gallardón, estudiaba implantar en 2002 poco antes de firmar el proyecto de Pacto Local, que diseñó él mismo y logró aprobar con el veto en contra de los sectores más neoconservadores de su partido -como el ex secretario general del PP Javier Arenas- y en contra de los defensores del discurso (sólo verbal como ha destapado el ministro socialista de Economía, Pedro Solbes) de la ortodoxia del déficit cero, donde se sitúaban el ministro popular de Hacienda, Cristóbal Montoro y el propio ex presidente José María Aznar.

En medio de esta tensión -que fue cada vez más visible en los últimos dos años, entre los sectores enfrentados en el PP por un modelo de enseñanza centralista que no ocultaba la apuesta por un modelo neocentralista de Estado- el ex presidente Aznar culminaba los llamados "últimos traspasos educativos", que se hicieron efectivos el 1 de enero de 2000 dando lugar a un mapa territorial de nuevo cuño y a un hecho (que ha sido definido como "inédito" por expertos como el catedrático de Historia de la UNED, Manuel Puelles Benítez) como es la implantación real de un sistema educativo descentralizado, partiendo de una situación de partida muy diferente entre las distintas comunidades autónomas debido a las diferencias de densidad de población -con la consiguiente repercursión en las políticas de escolarización- y, sobre todo, por la diversa situación socieconómica y en materia de inmigración de las distintas regiones y nacionalidades de España.

Pese al giro al "centro" emprendido con la "profunda remodelación de Gobieno" anunciada el jueves pasado por Camps, tanto el PP valenciano, como el del aspirante a presidente nacional Mariano Rajoy, deberán sortear la fuerte resistencia de sectores de su partido, vinculados al Opus Dei y a la fundación FAES, que fueron precisamente en su día "los promotores" -palabras textuales del fallecido presidente de la patronal de Fomento de Centros de Enseñanza, Félix Falcón- de un modelo territorial neocentralista, que sentó el andamiaje para un modelo educativo de corte similar.

En medio de este debate nacional, tanto el nuevo presidente del Gobierno del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, como Rajoy han expresado en varias ocasiones y de manera abierta su intención de abogar por "un pacto de Estado" en materia de Educación y Ciencia. Sin embargo, de momento la educación Primaria -una etapa que "debería ser considerada el motor didáctico para el desarrollo de la personalidad y todas las capacidades del alumno"- se encuentra en opinión de expertos y profesores del Movimiento de Renovación Pedagógica como Julio Rogero Anaya, en "un lugar límbico entre la Infantil y ESO" y "sin identidad propia". Y lo que, a juicio de prácticamente todos los sindicatos -desde el STEPV, Fete-UGT y CC OO hasta el CSIF- es más problemático: en camino de un modelo de enseñanza privatizado, que por la ley de admisión de alumnos deja fuera de la red pública a las familias con sueldo medio y comienza a tener bolsas de guetos de inmigrantes en zonas de expansión inmobiliaria, por ejemplo en Malva-rosa y Campanar en Valencia.

Según el único estudio sobre la matrícula en Valencia capital publicado a finales de 2003 por CC OO (y elaborado con datos oficiales del Ayuntamiento del PP dados al Consejo Escolar de la ciudad) el equilibrio entre la enseñanza pública y la privada ya se ha roto: del total de 39.933 alumnos escolarizados en el actual curso académico 2003-2004, el 56,45% está en centros concertados (22.545) y el restante 43,55% en colegios públicos (17.384 alumnos). De estos, el 70% de la matrícula concertada responde "al modelo de centro integrado antiguo de ideario católico", dotado de 3 o 4 líneas escolares con profusión de servicios (gimnasios, piscina, comedor, etcétera), lo que choca frontalmente con "la falta de servicios básicos de colegios públicos próximos, que sólo tienen una línea o dos autorizadas y carecen incluso de servicios básicos como comedor. Se trata, en general de colegios de élite de reconocidas empresas vinculadas al Opus Dei como Fomento de Centros de Enseñanza, que mantienen un litigio abierto por CC OO y UGT desde que a finales de 1998 el entonces consejero de Educación y hoy presidente Camps recibiera en el Congreso Nacional de su partido instrucciones directas del ex presidente Aznar de concertarlos, pese a incumplir en aspectos como el de la coeducación o el porcentaje de integración de alumnos más desfavorecidos. Camps también ha desecho este camino, y acaba de denegar conciertos en 29 de estos centros.

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