El Gobierno emplaza al PP a "no temer el debate territorial" y confía en un acuerdo

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que "no hay que temer al debate territorial, porque los debates son buenos para la democracia". "Al final, lo lógico es que todos nos pongamos de acuerdo". Con esta declaración salió al paso de los ataques del PP sobre el riesgo de que se quiebre la unidad territorial tras el proceso de reformas estatutarias y constitucional promovido por el Gobierno. Fernández de la Vega expresó también la voluntad del presidente de reunirse "cuanto antes" con el líder del PP, Mariano Rajoy, para abordar estos temas.

La vicepresidenta primera, en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros celebrado tras las vacaciones, quiso quitar hierro al debate territorial que este verano ha protagonizado el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, sobre la posibilidad de distinguir en la Constitución entre "nacionalidades y regiones" y que ha sido contestado por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y por representantes del propio Gobierno. Así como a la iniciativa del ministro de Administraciones Publicas, Jordi Sevilla, de introducir el derecho de veto en el Senado para uso de las comunidades autónomas en defensa de sus hechos diferenciales.

La vicepresidenta primera dijo también que el debate territorial "está empezando" y expresó su "optimismo" en "cuanto a los resultados finales" porque el Gobierno "cree en el sentido común y la responsabilidad de todos".

Aclaró que este debate está en su primera etapa hasta que, a finales de 2005 o primeros de 2006, el Consejo de Estado emita un dictamen sobre la reforma constitucional que, en materia territorial, afectará a la reforma del Senado y a la denominación de las comunidades autónomas en la Constitución. Previamente, el Gobierno enviará al Consejo de Estado un informe sobre el funcionamiento del Estado de las autonomías, sus carencias y disfunciones y las orientaciones políticas de su posible reforma. Este último informe podría estar a punto a fines de este año.

El plazo que resta hasta que el Consejo de Estado se pronuncie, entre año y año y medio, estará cubierto por el inicio de las reformas estatutarias, empezando por Cataluña, y una serie de iniciativas anunciadas por el Ministerio de Administraciones Públicas. Entre las más urgentes figuran la convocatoria de la Conferencia de presidentes; la concreción de la participación de las comunidades autónomas en las instancias de la Unión Europea, incluido el Consejo de Ministros, y la creación de la Conferencia sectorial de Administraciones Públicas.

A estas iniciativas cabe añadir otras como la reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera; la participación de los presidentes autonómicos en las cumbres bilaterales del Gobierno central que afecten a sus intereses; la participación de los presidentes autonómicos en los viajes presidenciales, así como el proceso de descentralización de las sedes de los organismos del Estado a las comunidades autónomas que empezará con el traslado de Madrid a Barcelona de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Estas cuestiones fueron las principales conclusiones que surgieron de la ronda que el presidente del Gobierno mantuvo en La Moncloa con los presidentes de las 17 comunidades autónomas entre primavera y verano, y que ahora el Ejecutivo pretende llevar a la práctica.

A Zapatero le parece conveniente celebrar un encuentro con el líder del primer partido de la oposición, Mariano Rajoy, para abordar todos estos temas. Rajoy planteó públicamente esa reunión entre el 8 y 9 de agosto, tras defender Maragall que la Constitución reformada distinga entre "nacionalidades" y "regiones". Zapatero pensaba, en principio, celebrar la reunión con Rajoy, tras el Congreso del Partido Popular, que será a primeros de octubre. Pero fuentes de La Moncloa manifestaron ayer que "no hay inconveniente en que se celebre cuanto antes si Rajoy lo solicita formalmente".

Fernández de la Vega se dirigió ayer expresamente al PP y a los temores que le suscitan las reformas. "Nuestro objetivo es mejorar el modelo territorial, no cambiar el modelo. Y bienvenido sea el debate. Por parte del Gobierno no se va a escatimar ningún tipo de esfuerzo para mejorar la convivencia de los ciudadanos, la eficacia de las administraciones públicas y solucionar los problemas y disfunciones que existan".

En esta misma dirección, la vicepresidenta puso el ejemplo de la retirada por el Consejo de Ministros de ayer de cinco recursos y conflictos de competencia contra la Generalitat catalana. "El Gobierno quiere terminar con la tensión entre administraciones lo que le ha llevado a reconducir éstas por la vía política", indicó.

El Gobierno catalán mostró ayer su satisfacción por la retirada de estos recursos, informa Pere Rusiñol. El consejero de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, consideró además que se trata sólo del inicio de un proceso. Saura exhortó al Ejecutivo central a retirar el recurso contra la participación de las selecciones deportivas catalanas en competiciones oficiales.

Gestos de la Generalitat

El Ejecutivo de Maragall también ha hecho gestos similares para recuperar la colaboración entre ambos Gobiernos, que se truncó en la última etapa de la pasada legislatura con la ruptura entre el PP y CiU, que desencadenó un alud de recursos.

El martes, en la primera reunión del Gobierno catalán tras las vacaciones, también se acordó la retirada de siete recursos ante el Tribunal Constitucional contra iniciativas del Gobierno central. Y la Generalitat incluso retocó el decreto sobre las oficinas del Ejecutivo catalán en el exterior para facilitar la retirada del recurso planteado por el Gobierno central. Por ejemplo, en el preámbulo se ha añadido que la proyección exterior de Cataluña a través de estas oficinas se realizará "sin perjuicio de la función de representación exterior que corresponde al Estado".

El PP expresó su malestar singularmente por la retirada del recurso contra la ley del Derecho Civil catalán. El coordinador de Formación del PP, Gabriel Elorriaga, opinó que puede provocar la "disgregación" del ordenamiento jurídico español, un hecho que calificó de "muy grave".