El Consell deniega conciertos a 29 colegios privados y reduce unidades en 88 centros más

La Administración de Francisco Camps ha emprendido un giro en la política de conciertos iniciada por el PP nada más llegar al poder en 1996 y, por primera vez en ocho años, ha recortado a la mitad las solicitudes de conciertos en 88 de 131 centros privados que lo solicitaban, y ha denegado todas las peticiones en otros 29. Entre estos últimos están el polémico María de Icíar de Riba-roja que, en 1999 cuando se concertó, ya tenía deudas tributarias por 600.000 euros; o la academia de la ex concejal de UV Dolores García Broch, en la mira de los sindicatos desde hace años. Las razones oficiales, en su mayoría, alegan falta de documentación o suficiente oferta pública, sobre todo, en zonas donde ya se han construido los colegios nuevos.

En la operación de limpieza del presupuesto público destinado a conciertos educativos han partipado de manera coordinada la Secretaría Autonómica de Educación, que dirige Máximo Caturla -que es quien, de facto, lleva las cuentas de la consejería que consume el 33% de los presupuestos generales de la Generalitat Valenciana-, el consejero de Economía, Gerardo Camps, y la secretaria autonómica de Empleo, Ana Encabo, responsable de todos los programas de formación de parados, ello explica en buena medida que se haya "puesto orden" a un puñado de academias que impartían cursos de estética, dietética, animación sociocultural o asesoría de imagen personal, que ni siquiera están en el catálogo oficial de ciclos formativos.

Éste es el caso del Centro de Estudios Gracía Broch, en el distrito de Russafa de Valencia, al que se han denegado los cinco ciclos formativos solicitados. Se da la coincidencia de que esta academia ha estado siempre en el ojo del huracán de los sindicatos, por considerar que "no cumple los requisitos" para ser concertada. Lo mismo ha ocurrido con centros como la Cooperativa Salus de Castellón de la Plana o El San Cristóbal o el Ribalta, al que se ha denegado las 11 unidades de distintos ciclos de FP solicitados, o las Escuelas San José Obrero de Orihuela. Otros de los centros privados a los que, de momento, se les ha denegado el concierto son colegios de más reciente subvención como el Altozano de Alicante, el Altabix de Elche, Las Colinas de Real de Gandia, sobre el que también existían informes reiterados por parte de la Inspección Educativa y de los sindicatos representados en la mesa de conciertos.

La lista de recortes de unidades se extiende a buena parte de colegios religiosos como el Santa María o el San José Artesano de Elche, La Purísima de Torrevieja, Nuestra Señora del Socorro de Benetússer, el Natividad de Nuestra Señora de Burjassot o el Sant Antoni Abat de Canals.; o a zonas como Paterna-La Cañada -que ha sido bastión de la enseñanza privada de élite durante décadas-, al coincidir con la entrada en funcionamiento en estas zonas de los colegios públicos de nueva construcción comprometidos en el Mapa Escolar de 1996. En general, la orden de Educación publicada en el DOGV el pasado 22 de julio apela al cumplimiento de las dos grandes leyes orgánicas estatales, aún vigentes, la LODE y la LOGSE, que exigen integración educativa y tener en cuenta las plazas públicas de la zona.Las cifras son las que son. En la Comunidad Valenciana, según adelantó ayer el secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, un total de "157.307 alumnos recibirán subvenciones por valor de 12,6 millones de euros" el próximo curso escolar 2004-2005 para adquirir libros de texto. Caturla también garantizó que las actuales ediciones de texto se mantendrán cuatro años más, de acuerdo con el periodo de consulta abierto entre el ministerio y las autonomías.

Este cifra, no obstante, coincide además con el número de niños y jóvenes que en este momento estudia en colegios privados valencianos, si se tiene en cuenta que el último dato oficial de unidades concertadas eleva a 7.459 en total, lo que supone 157.000 alumnos. Éstos son los datos de conciertos actualizados difundidos por el consejero de Educación valenciano, Esteban González Pons, el pasado 21 de julio en unos cursos de El Escorial, donde volvió a defender por enésima vez la necesidad de aumentar el número de plazas concertadas, ya que "4.000 niños se han quedado sin poder optar a un centro concertado". Algo que irritó a oposición y sindicatos en bloque, ya que la Ley de Admisión de Alumnos hecha por el PP en 1998 exige unos baremos económicos que imposibilitan el acceso a una plaza pública a familias con un sueldo medio.

El debate, no obstante, tiene distintas ópticas. Según los informes del Defensor del Pueblo de los últimos tres años hechos públicos, bajo el anterior Gobierno popular de José María Aznar, el 86% de los niños inmigrantes, de baja extracción social y de hogares monoparentales estudian en la red pública. El Defensor confirmaba de manera implícita lo que los sindicatos vienen denunciando reiteradamente, la falta de integración social y, por ende, el incumplimiento de las "normas básicas" en materia de conciertos que dictan las leyes orgánicas estatales,por ejemplo: la "coeducación" y la no separación de alumnos por sexos, algo que inclumplen los colegios vinculados al Opus Dei. Esta batalla judicial aún sigue abierta en varias autonomías.

Otro principio que se suele incumplir en forma de pagos paralelos en concepto de "fundaciones" y "actividades extraescolares", el de la gratuidad de la plaza escolar, salió a relucir cuando la inspección educativa abrió a final de 1999 investigaciones en media docena de colegios élite y vinculados al Opus Dei.