El PSC acusa al alcalde de Tarragona de impedir que se aclare el 'caso Terres Cavades'

Más de dos semanas después de que el grupo municipal de ERC en Tarragona instara a la Generalitat para que emitiera un informe sobre la legalidad de la tramitación de Terres Cavades, la mayor reforma urbanística de la ciudad, el Departamento de Gobernación aún no ha recibido la documentación que ha solicitado al Ayuntamiento. Por ello, el portavoz municipal del PSC, Josep Fèlix Ballesteros, acusa al alcalde, Joan Miquel Nadal (CiU), de "entorpecer descaradamente" esta investigación.

Nadal reveló ayer que el informe que encargó a funcionarios municipales para determinar la legalidad de los votos del concejal de Urbanismo Àngel Fernández (CiU) durante los trámites del proyecto sostiene que el edil actuó correctamente, pese a que su hermano, Juan Fernández, posee el 9,8% del capital de la empresa que construirá los casi 4.900 pisos proyectados y además es dueño de terrenos en Terres Cavades.

El Ayuntamiento de Tarragona está formado por 14 concejales del equipo de gobierno, (CiU y PP) y 13 de la oposición (PSC, ERC e ICV). Al iniciarse los trámites de Terres Cavades, en el año 2002, la composición del gobierno municipal era de 16 a 11, aunque en la votación que inició el proceso faltaron dos concejales convergentes, por lo que el voto de Àngel Fernández siempre ha sido determinante a favor del proyecto.

El reglamento municipal, al margen de la normativa de la Generalitat y de la estatal, establece mecanismos que impiden a los concejales votar en aquellos proyectos en los que tienen intereses propios o de familiares de hasta cuarto grado.

El informe municipal encargado por Nadal concluye que en asuntos de interés general, como las ordenanzas, los presupuestos o la planificación urbanística, los concejales no tienen por qué abstenerse cuando se produce una votación. Sin embargo, durante la tramitación de Terres Cavades ha habido múltiples votaciones, todas con el voto determinante de Fernández, y en ocasiones este interés general puede ser dudoso, sostiene la oposición. "Votar el plan general sí es de interés general, pero una modificación concreta de este plan general no lo es", dijo ayer el portavoz de ERC, Xavier Almagro.

Joan Miquel Nadal encargó este informe jurídico a los propios funcionarios municipales, circunstancia que aprovechó Ballesteros para calificarlo de "escrito al dictado".

Informe externo

Al margen del informe técnico, el alcalde de Tarragona ha solicitado otro peritaje a una empresa externa. Mientras, Gobernación y la Comisión de Urbanismo de Taragona, órgano que depende del Departamento de Política Territorial, trabajan también en determinar la legalidad de este proceso.

El escándalo de Terres Cavades surgió después de que se hiciera pública la relación familiar del concejal de Urbanismo, Àngel Fernández, con uno de los propietarios de la sociedad que edificará las viviendas. Toda la oposición municipal ha criticado con dureza el caso, y ERC ha recurrido ante el Gobierno catalán para que determine la nulidad de un proyecto al que se oponen.

El PSC, que se ha abstenido en todas las votaciones, ratificó ayer, por boca de Josep Fèlix Ballesteros, la petición de dimisión del alcalde y del concejal. ICV, por su parte, considera que este caso es tan sólo la "punta del iceberg" de una política urbanística en Tarragona que exigen cambiar radicalmente.