El Poder Judicial resuelve que no puede amparar al comisario jefe de Sanlúcar frente al juez instructor

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer que no es competente para resolver la solicitud de amparo que le ha dirigido el comisario jefe de policía de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) contra la actuación del juez de primera instancia número 3 del Puerto de Santa María, Miguel Ángel López Marchena, a quien acusa de supuestos delitos de calumnias, prevaricación y denuncias falsas.

Fuentes de la Comisión Permanente explicaron que el CGPJ sólo puede conceder su amparo a los jueces y magistrados que se sientan perturbados en su independencia. No obstante, se informará al comisario de que puede plantear una queja contra la actuación del juez y el Consejo la examinará por si existen indicios de responsabilidad disciplinaria.

Un largo enfrentamiento

La petición de amparo del comisario de Sanlúcar de Barrameda, Clemente Patón, ha sido el último episodio del largo enfrentamiento entre policías y fiscales de Cádiz con el juez Miguel Ángel López Marchena, que cree que no se persiguen debidamente los asuntos de narcotráfico en la provincia.

El diputado socialista Salvador de la Encina calificó de "sorprendente" la petición de amparo del comisario al CGPJ y le emplazó a que, "si tiene algo que denunciar, lo haga ante los tribunales". De la Encina concluyó que la denuncia pretende "nublar las circunstancias de la investigación para que no se vea lo que hay detrás", y defendió al juez, de quien dijo que "tendrá sus errores, pero es honesto, trabajador y de reconocida solvencia en la lucha contra el narcotráfico". El diputado del PP por Cádiz Aurelio Sánchez acusó al comisario de Sanlúcar de "buscar el descrédito del juez en los medios de comunicación" y atribuyó la petición de amparo al Consejo a su intención de "airear rencillas personales en la prensa".

El portavoz de la Federación de Asociaciones de Lucha Contra la Droga de Cádiz, Francisco Mena, advirtió sobre "el perjuicio y la alarma social" que provoca "el enfrentamiento público de las instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 19 de agosto de 2004.

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