Cuatro días de lucha entre policías y 'okupas' en Pamplona

Vecinos y comerciantes del casco antiguo de Pamplona llevan una semana en estado de sitio. Los turistas y los peregrinos del Camino de Santiago que estos días se han acercado al corazón medieval de la capital navarra tampoco han podido disfrutar de la tranquilidad veraniega de una ciudad recoleta. Desde que el pasado lunes la policía iniciase el desalojo y demolición del gaztetxe (local juvenil) situado en el casi centenario frontón Euskal Jai, en la calle de San Agustín, unos y otros han padecido en primera línea los violentos enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas policiales.

Cuatro días de desalojo de okupas y de subsiguientes algaradas callejeras se han saldado hasta ahora con seis heridos de diversa consideración atendidos en hospitales, la detención de más de 60 personas y la quema de más de 50 contenedores de basuras, entre un rosario de incidentes.

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Jóvenes encapuchados han usado técnicas de 'kale borroka' en los enfrentamientos

Durante toda la semana, las calles que rodean el antiguo frontón del que han sido desalojados los okupas han estado vigiladas por diversos cuerpos policiales. El tráfico ha permanecido cortado. Los vecinos han debido mostrar sus documentos de identidad para poder salir y entrar en sus casas. Los comerciantes han tenido grandes dificultades para poder trabajar. Los bares y restaurantes han visto alterado su labor por decenas de cargas policiales contra las barricadas y los okupas han intentado una y otra vez regresar por los tejados al viejo frontón en cuya demolición trabajan las excavadoras enviadas por el consistorio. En el último asalto, registrado ayer mismo, un forcejeo entre un municipal y un asaltante acabó con la caída de éste último desde una altura de dos metros, sin que sufriese heridas graves.

Cuando agentes locales y forales entraron en la madrugada del lunes en el gaztetxe, formado por un frontón y un edificio colindante de tres plantas, se encontraron un espacio fuertemente blindado. El Ayuntamiento y el Gobierno navarro sostienen que existe en la región un núcleo de ideólogos "profesionales" de la okupación que practican un método de "resistencia a la voluntad democrática" de ambas instituciones. Sus responsables, de Unión del Pueblo Navarro (UPN, la marca navarra del PP), indican que este movimiento pudo verse ya en primavera en el complicado desalojo de los pueblos de Itoiz y Artozqui, que iban a quedar anegados por las aguas de un pantano. En ambas localidades, decenas de jóvenes se encerraron durante días antes de que pudiesen ser desalojados.

Pamplona vivió en el verano de 2002 una serie de incidentes similares, con sucesivos días de disturbios y detenciones, por el proyecto del consistorio de reformar la plaza del Castillo, el corazón de la ciudad.

Frente a las críticas de la oposición municipal (PSN, IU, EA-PNV y Aralar) por la falta de diálogo previo y los contundentes métodos de la operación, la alcaldesa, Yolanda Barcina, ha reiterado que el desalojo está respaldado por un auto judicial y que fue la única forma de sacar a quienes definió como "okupas profesionales con antecedentes por desórdenes callejeros y resistencia a la autoridad". Sólo 16 de los okupas detenidos son pamploneses.Cuatro son extranjeros y el resto de otras zonas de España.

Toda la oposición ha criticado la introducción de grúas de gran tonelaje que comenzaron a derribar un edificio construido en 1909 cuando aún permanecían dentro varios jóvenes, unos encerrados en búnkeres en el sótano o adosados a las paredes y a la estructura metálica que cubría la antigua cancha y otros con sus brazos metidos en tubos sujetos a su vez con cemento a las paredes. Puertas y ventanas habían sido selladas con acero y hormigón para dificultar el asalto policial.

IU ha pedido que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, explique en el Congreso lo que considera actuación policial desproporcionada.

La empresa dueña del frontón lo cerró en 1978. En 1994 fue okupado por los jóvenes, que desde entonces desarrollaron allí actividades sociales, culturales y de ocio con luz y agua tomadas de la red general.

En junio pasado, el Ayuntamiento compró el solar por 1,2 millones de euros con la idea de construir un centro hidrotermal para los vecinos. El estado ruinoso del inmueble, las actividades gastronómicas sin licencia de sus moradores y los actos de organismos ligados a Batasuna celebrados en el local llevaron al consistorio a solicitar la orden de desalojo, según el auto que lo autorizó con fecha del pasado día 12. La asociación de vecinos Alde Zaharra del centro histórico ha apoyado a los okupas y los residentes de las calles más cercanas han hecho lo propio esta semana con caceroladas de protesta contra la presencial policial.

Todos los detenidos han ido quedando en libertad tras declarar ante el juez. La policía les acusa de usurpación, resistencia y desobediencia grave, así como atentado a la autoridad en algunos casos. El director general de Interior del Gobierno navarro, Juan Ramón Rábade, considera que entre los detenidos hay "ideólogos de la bunquerización" que organizaron una resistencia "perfectamente planificada".

Durante toda la semana las concentraciones de apoyo a la okupación se han convertido en algaradas en las que se han quemado más de 50 contenedores, se han roto escaparates y lanzado cócteles mólotov, cohetes pirotécnicos, botellas y piedras contra la Policía. El desalojo parece haber reactivado actuaciones de kale borroka que no se recordaban en la ciudad desde hacía mucho tiempo.

Grupos de encapuchados quemaron una caseta de información turística y días atrás atacaron con artefactos incendiarios un cajero automático. La policía ha llegado a lanzar pelotas de goma contra vehículos que hacían sonar el claxon en apoyo de los okupas. Los agentes frustraron un intento de asalto a la sede de la sociedad pública Pamplona Centro Histórico, propietaria del solar que ocupaba el gaztetxe.