Las 35 horas en Francia. Otro balance

No corren buenos tiempos para la reducción del tiempo de trabajo. La lógica de la competitividad, concebida como un fin en sí misma, la globalización desreguladora, las políticas de ajuste estructural y las amenazas crecientes de la deslocalización de empresas intentan cambiar la ecuación "menos jornada laboral, más empleo", por "la reducción de jornada aumenta el paro". El debate ha llegado a Alemania, país en el que la conquista de las 35 horas se realizó por la vía contractual, no por ley. Se aprovecha la amenaza de deslocalización de algunas empresas para generalizar el incremento de la jornada.

Al debate de "trabajar menos para trabajar todos" -reparto del empleo- frente a "ganar menos para trabajar todos" -reparto del salario, el que está triunfando-, se añade la consigna de "trabajar más para seguir trabajando".

Querer hoy volver a cuestionar las 35 horas sería tirar a la papelera todos los compromisos establecidos

Se aprovecha la amenaza de deslocalización de algunas empresas para generalizar el incremento de la jornada

Sin duda alguna, el carácter emblemático de la reducción de jornada se produjo en Francia dada la utilización del mecanismo legal para la implantación de las 35 horas, calificado por los empresarios como autoritarismo político. Frente a una subida masiva del paro en los años 80 y a la ineficacia de las políticas clásicas de empleo, sucesivos procesos legislativos -ley de Robien en 1996 y, sobre todo, ley Aubry del 98 y del 2000- introdujeron la generalización de las 35 horas como mecanismo para crear empleo, con las suficientes ayudas financieras del Estado para neutralizar los posibles aumentos de los costos laborales unitarios.

La valoración de las consecuencias económicas y sociales de la legislación sobre jornada laboral en Francia han sido sectarias y muy de brocha gorda, hasta el punto de culpabilizar a las 35 horas del incumplimiento del Pacto de Estabilidad.

Para otro balance de los efectos de dicha reducción es necesario recordar el impulso negociador que se concreta en 212 acuerdos de sectores, más de 72.000 acuerdos de empresas, sin contar las empresas que aplican directamente un acuerdo profesional de sector, más o menos otras 65.000 empresas implicadas. Un movimiento de negociación de tanto alcance era inaudito en Francia.

Si abordamos los efectos sobre los empleos creados, hay que afirmar que todos los acuerdos firmados incluían nuevas contrataciones, reconociendo el papel importante del crecimiento. Gracias a la reducción de la jornada se han creado más de 350.000 empleos y se han salvado otros 50.000 en el marco de los despidos por motivos económicos.

En lo que hace referencia al coste económico, es cierto que dicha reducción ha tenido un coste. Hay que considerarlo teniendo en cuenta los gastos realizados, pero también las ganancias que ha generado. En cuanto al coste, existe una base de cálculo indiscutible: se trata de las reducciones de las cargas ligadas a los acuerdos de reducción de jornada. Representan 10.000 millones de euros para el año 2002. Con la desaparición de las ayudas ligadas a la reducción de la jornada y la generalización progresiva de las reducciones de cargas -"sueldos bajos" de la ley Fillon instaurada en julio de 2002-, las ayudas ligadas a la reducción de la jornada han bajado a la mitad en 2003, y desaparecerán por completo el 1 de julio de 2005. Por el contrario, para el mismo año las ayudas "sueldos bajos" alcanzarán los 15.000 millones de euros sin ninguna garantía de efecto sobre el empleo. Esto hace la derecha.

Pero también hay ganancias incontestables. Las contrataciones han conllevado ganancias sociales adicionales para la Seguridad Social y las cajas de pensiones y ahorro del desempleo, así como efectos positivos sobre la fiscalidad y la consiguiente aportación de nuevos trabajadores al consumo y al crecimiento.

Más allá de las finanzas públicas, el centro del debate es si las empresas francesas han perdido competitividad. En la mayoría de los casos los acuerdos han resultado positivos para el empleo y para las empresas. Han cambiado las organizaciones del trabajo. Se han promovido nuevas competencias y se han descubierto nuevos yacimientos de productividad. Esto explica por qué la productividad de los trabajadores franceses, incluso con las 35 horas, se encuentra entre las más elevadas del mundo.

Los expertos Bercy han calculado que el aumento del 4,5% del coste del salario por hora ha sido totalmente compensado: en un 1,4% por la reducción de las cargas, de un 1% por la moderación salarial y en un 2,2% gracias al aumento de la productividad.

Se han dado respuestas muy diferentes a realidades muy diversas mediante la reorganización del tiempo de trabajo. La introducción de la anualización de la jornada laboral para tener en cuenta la actividad de los distintos sectores profesionales; la adopción del trabajo en turnos sucesivos, en algunos casos del trabajo el fin de semana o por la noche para aumentar el tiempo de uso de los equipamientos. En otros muchos casos, la duración semanal de la jornada sigue siendo de 39 horas, los trabajadores obtienen días de vacaciones adicionales distribuidos a lo largo del año.

Querer, a día de hoy, volver a cuestionar las 35 horas, sería ignorar y tirar a la papelera todos los compromisos establecidos en los sectores profesionales y en las empresas. Son estos compromisos los que justamente han permitido encontrar un punto de equilibrio entre el interés de los trabajadores y la competitividad de las empresas. Este equilibrio encontrado por medio de la negociación no fue encontrado en las funciones públicas, ya que la ley impuso a las empresas la obligación de llegar a un resultado que las administraciones no han cumplido.

Hay un aspecto muy negativo que es la desigualdad entre trabajadores. Quedan fuera de las 35 horas casi cuatro millones en las pequeñas empresas. Dicha desigualdad se ve agravada por la enmienda que adoptó la Asamblea Francesa, en el marco de la ley Fillon sobre diálogo social, referente a las empresas de menos de 20 trabajadores, cuyo efecto es permitir a las empresas que se hagan las 47 horas extraordinarias además del contingente anual fijado por los sectores profesionales. El colmo de la paradoja es que el recurso a las horas extras está muy por debajo del contingente legal.

Las encuestas afirman que la mayoría de los trabajadores no quieren volver atrás. Las frustraciones, cuando existen, provienen de los que no se han beneficiados de las 35 horas o de los que se han visto obligados por imposición a la reducción de jornada sin negociación.

Como conclusión se puede afirmar que las 35 horas han traído calidad de vida, tiempo para el ocio, para la conciliación de la vida laboral y personal, así como la mejora de la organización y competitividad de numerosas empresas, la creación de empleo, con los efectos beneficiosos para el conjunto de la economía, a pesar del frenazo de la derecha política.

El debate sigue, ya que se trata de un planteamiento de sociedad, que no es otra cosa que otra manera de organizar socialmente el trabajo que posibilite una mejor distribución de la riqueza.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su último informe sobre el empleo en el mundo, nos recuerda que tenemos 170.000 millones de parados y más de 500.000 millones de subempleados. Ésta es la consecuencia del fundamentalismo de la competitividad como sea y al precio que sea. Esto exige un debate supranacional sobre los objetivos y condiciones de viabilidad de la reducción de jornada.y sobre todo una fuerte reacción social que está ya iniciándose.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el CES vasco.