La lentitud judicial deja impunes a 137 acusados de estafa en el subsidio de desempleo

La lentitud de la justicia, sobre todo en las investigaciones más complejas, sigue deparando sorpresas. La Audiencia de Madrid ha dejado impunes, por el tiempo transcurrido y por "prescripción" del más grave los delitos que se les imputaban, a los 137 implicados en una macroestafa que, hace 26 años, supuso un fraude de 336.000 euros (56 millones de las antiguas pesetas, y con el valor de entonces) a la Seguridad Social. Los 137 reos iban a sentarse en el banquillo y se enfrentaban a penas de hasta 8 años de cárcel cuando los jueces han visto que uno de los delitos cometidos, el de falsedad ideológica, fue despenalizado en 1996, y que otra de las infracciones, la de estafa, estaba prescrita.

Desde que el fiscal calificó por primera vez los hechos en 1991 y hasta que el Juzgado 12 de Madrid, el que instruyó la causa, dio traslado a los abogados para que hicieran sus alegaciones transcurrieron más cinco años, que es el plazo de prescripción de ese delito si la causa está parada. En esos seis años la causa estuvo en las estanterías del juzgado sin actividad alguna. Otras reformas legales posteriores fueron la excusa para que las diligencias fuesen del juzgado a la Audiencia y desde aquí de nuevo al juzgado, transcurriendo años en cada paso que se daba.

Cuando finalmente la causa se elevó definitivamente a la Audiencia, ya con otros jueces en el tribunal, éstos han entendido que ya no vale la pena celebrar el juicio. Eso sí, en el auto en el que sobresen las actuaciones dejan en manos de la Seguridad Social, la gran perjudicada por los chanchullos de esta trama, la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil y exigir allí a los acusados el dinero estafado. Pero la Seguridad Social, si es que finalmente acomete esta acción, es posible que no pueda recuperar todo el dinero defraudado, ya que los principales acusados en la trama ya han fallecido. A lo largo de estos años han fallecido 41 de los 137 acusados.

A grandes rasgos, el chanchullo cometido por los acusados era el siguiente: crearon cuatro empresas fantasma -Manfisa, Imperter, Senio y Talleres Alonso- y hacían como que contrataban a trabajadores que luego despedían. En realidad, unos y otros actuaban en connivencia. El dinero que pagaba el Estado por el subsidio de desempleo se lo repartían entre ellos. Los cabecillas buscaron 130 falsos empleados.

Devolución de las fianzas

La Sección Tercera de la Audiencia de Madrid, en un auto fechado el pasado 21 de julio, acuerda "el sobreseimiento" de la causa y levanta las medidas cautelares que pesaban los imputados. Ordenó la devolución de fianzas y el levantamiento de embargos. Contra tres de los 130 acusados existían incluso órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión nunca materializadas. Los jueces explican en el auto que, dado el largo tiempo transcurrido desde los hechos, cualquier pena sería una contradicción.