Vacaciones a cadena perpetua

Hace 12 años, la familia Alonso firmó el contrato de compra de un apartamento en Benalmádena (Málaga) en el régimen de multipropiedad. Se trataba de disfrutar de un apartamento durante una semana al año con posibilidades de intercambiar la fecha o incluso, por medio de RCI, una compañía de intercambios internacional, viajar a otro destino a casi cualquier parte en el mundo. Parecía el sistema perfecto para las vacaciones. Y así lo fue durante los primeros tres años. Pero lo que fue una alegría se ha convertido ahora en una pesada carga, casi una condena a cadena perpetua.

Las cuotas de mantenimiento son ahora cada vez más altas, prácticamente no se puede intercambiar ni de fecha ni de lugar y, sobre todo, no pueden vender lo que es de su propiedad.

"Queremos que la gente se entere y no caiga en el engaño de la multipropiedad"

La familia Alonso, como decenas de personas en todo el país que firmaron con la empresa LSI, que desapareció en 1999, sólo quieren "deshacerse" de su propiedad, pero se encuentran en un laberinto legal, según explica una portavoz de Abogadas Asociadas Castellana. "No pueden venderlo ni disfrutan de ello porque en cierta forma fueron engañados", explica la letrada. "En ese momento nadie nos advirtió de que éramos propietarios", explica José Antonio Alonso, que coordina la Asociación Damnificados de Multipropiedad-La Quinta Dos. Este grupo se ha constituido para agrupar a las personas que se sienten "atrapadas" en el régimen de la multipropiedad. Hasta el momento han logrado reunir a un centenar de personas de todo el país. En la Quinta Dos existen 10 apartamentos en este sistema, lo que afecta a 510 familias, sin embargo no todos pertenecen a la agrupación, porque algunos están de acuerdo y con otros no se ha contactado.

La legislación actual sobre la multipropiedad, aprobada en 1998, no permite que las familias vendan su parte de la propiedad. Desde entonces, nadie puede acceder al régimen de multipropiedad por más de 50 años.

El despacho de abogadas indica que los afectados han dejado pasar el tiempo legal de cuatro años para anular el contrato. "Los primeros tres años todo funcionaba bien y en ningún momento fuimos informados de los plazos" asegura una afectada. "Si fuera tan maravilloso, ¿porqué tanta gente se querría salir?", añade molesta.

La abogada asegura que es casi imposible que los afectados recuperen lo que han pagado por la propiedad, pero buscan una manera para que logren dejarla. Sin embargo, prefiere no mostrar sus cartas en la batalla legal que preparan. Y advierte que los afectados no deben dejar de pagar las cuotas de mantenimiento "en ningún momento", porque les embargarían la nómina o "cualquier otro bien, excepto la multipropiedad".

La media del coste del mantenimiento es de 220 euros por semana, lo que da un presupuesto anual de 98.000 euros por apartamento. "Hay que decir que no son malos apartamentos, pero para lo que cobran deberían tener muebles de oro", asegura un miembro de la asociación. "Yo lo regalo", asegura, "pero no hay nadie que se lo quiera quedar. Además, venderlo a un tercero "sería contribuir con el engaño", dice otro afectado, "es una pescadilla que se muerde la cola", se lamenta. La asociación asegura que Vacaciones Torrequebrada, la empresa que administra las instalaciones, no les ofrece ninguna opción y que para cualquier venta deben ponerse de acuerdo todos los propietarios. Este periódico no ha podido hablar con ningún representante de la empresa. Los asociados son conscientes de que la solución a su problema, si es que la hay, no llegará pronto, pero quieren hacerlo público para que "nadie más entre en este sistema, del que es imposible salir".