Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El fiscal pide la imputación de dos diputados de Unió por el 'caso Pallerols'

El fiscal ha solicitado a la magistrada que investiga el caso Pallerols, sobre la supuesta financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que cite a declarar como imputados a los diputados de CiU en el Congreso por Barcelona y Lleida, Josep Sánchez Llibre y Pere Grau, respectivamente. Cinco años después de que estallara el caso, la investigación judicial está prácticamente concluida, por lo que si la juez accede a la petición del fiscal deberá inhibirse en favor del Tribunal Supremo ante la condición de aforados de ambos parlamentarios.

El fiscal fundamenta su petición en el informe elaborado por la Guardia Civil a instancias de la juez y en el que se asegura que Sánchez Llibre y Grau supuestamente cobraron del empresario Fidel Pallerols 18.030 y 697 euros, respectivamente, para su beneficio personal. Las academias del grupo Pallerols fueron en la década de 1990 las máximas beneficiarias de las subvenciones de la Generalitat para cursos de formación para desempleados. En concreto, entre los años 1994 y 1999, esas academias percibieron 8,8 millones de euros, según la documentación presentada a la juez por el actual Gobierno catalán.

La tesis de la fiscalía es que el 10% de ese dinero público sirvió para financiar a Unió. En este sentido, el informe de la Guardia Civil señala que Sánchez Llibre y Grau "presuntamente participaron en los pactos de Fidel Pallerols con UDC y la gestión de los cobros procedentes de esta persona". Sánchez Llibre fue secretario de Organización de Unió entre noviembre de 1998 y 1999 y el informe policial asegura que desde que él gestionó los cobros, "los pagos pasan a materializarse prioritariamente a través de facturaciones ficticias (no ya nóminas) de personas que realmente desarrollan su actividad para UDC".

Sánchez Llibre, que está personado en el caso, ha presentado un escrito de alegaciones al juzgado en el que cuestiona la veracidad del informe de la Guardia Civil y aporta supuestas pruebas que lo rebaten. El diputado de CiU declinó ayer pronunciarse sobre la petición del fiscal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de julio de 2004