El Tribunal de Cuentas detecta 100 millones sin justificar en Marbella entre 2000 y 2001

El Ayuntamiento de Marbella no ha justificado más de 100 millones de euros de gastos públicos o pagos realizados entre los años 2000 a 2001, según el anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre este periodo, gobernado por Jesús Gil y Gil. El documento refleja numerosas irregularidades contables y urbanísticas. Las "anomalías" en la venta de suelo municipal habrían supuesto al municipio un perjuicio superior a los 137 millones de euros. Los auditores denuncian el insuficiente control de las operaciones económico financieras y la falta de colaboración municipal.

El documento, de más de 200 folios, subraya que el Ayuntamiento de Marbella no exigió que se justificaran transferencias a las sociedades, que ascendieron en esos dos años a 120 millones de euros, y que la gestión de las órdenes de pago en firme y a justificar fue "irregular". El propio interventor municipal fue suspendido de empleo y sueldo por Gil por haber facilitado información al Tribunal.

Durante esta época se reconocieron obligaciones distintas a las de los documentos, se asumieron deudas sin garantías, se entregaron cantidades a justificar a personas vinculadas al Ayuntamiento o se utilizaron para atender a otras finalidades distintas. Entre los gastos "sin soporte justificativo o con una justificación insuficiente" destacan varios expedientes por valor de 2,3 millones de euros o el pago de un total de 63.293 euros a diversos concejales. También figuran los 41,8 millones de euros abonados al arquitecto Carlos Monteverde, por 73 proyectos de obras ya realizadas o inexistentes; 735.759 euros que se pagaron al abogado José María del Nido; y los 3,6 millones de euros de Fergocon por obras no verificadas.

El Ayuntamiento y las sociedades reconocieron obligaciones a favor de General de Galerías Comerciales S.A. por un total de 31,1 millones de euros, y por obras cuya ejecución no ha quedado acreditada. Parte de esta cantidad se abonó mediante la entrega de bienes municipales, que se enajenaron a un precio inferior a su valor, lo que ha supuesto un perjuicio al municipio de 45,2 millones de euros. También están pendientes de justificar contratos y proyectos de obras encargados por Contratas 2.000, por 11,8 millones de euros, y otros pagos de 10,4 millones de euros relativos a otras sociedades municipales.

Una gran parte de los convenios urbanísticos incorporan una cláusula que condiciona su eficacia a la aprobación de la revisión del PGOU. El Ayuntamiento negoció los aprovechamientos con los futuros parámetros urbanísticos y cobró por anticipado una parte. En definitiva, vendió terrenos con la nueva calificación no aprobada, y negoció y transmitió los excesos de aprovechamientos. Las actuaciones "realizadas al margen de la ley, comprometen la situación financiera de la Entidad", asegura el Tribunal, como en caso de que los promotores reclamen.

El informe señala que Gil y su equipo enajenaron numerosos bienes municipales por "precios muy inferiores a los de mercado". Los auditores calculan que las irregularidades y anomalías de las valoraciones utilizadas en la enajenación de parcelas y aprovechamientos urbanísticos "han producido un perjuicio a los intereses municipales de 132 millones de euros", a los que hay que sumar cuatro millones más. Los compradores obtuvieron plusvalías que van desde el 25 %, en el mismo día de la enajenación, a hasta casi el 1000% en cuatro años.

La aplicación incorrecta de las normas contables llevó al Ayuntamiento a hablar de superavit en el remanente de Tesorería, cuando había un déficit de 141,7 millones de euros. El 31 de diciembre de 2001 la Corporación tenía un desequilibrio financiero de 178 millones de euros mientras que los derechos pendientes de cobro alcanzaban los 172 millones.

Para compensar la deuda de 16,7 millones por retenciones del IRPF no ingresado, el Ayuntamiento no recibe transferencias del Estado. Además mantiene otra deuda de más de 98,4 millones de euros con la Seguridad Social. La auditoría ha descubiero que una deuda a favor del Ayuntamiento, que figuraba pendiente de cobro en 2001, se abonó en 1998 con la entrega de varios pagarés en la sede del club financiero presidido por Jesús Gil y librados por la sociedad municipal presidida por su hijo.