El PSOE critica el cierre de una residencia de ancianos en Galapagar

La diputada socialista Carmen García Rojas denunció ayer "la pasividad y la permanente inhibición" del Gobierno regional para solucionar los problemas de los mayores de la Comunidad de Madrid, "una dejación de funciones que se hace más patente todavía en los periodos estivales, en los que se agudizan los problemas de este sector de la población", declaró la parlamentaria.

García Rojas hacía así referencia al cierre de una residencia privada en Galapagar, que dejará en la calle en el plazo de un mes a treinta ancianos. (Véase EL PAÍS del pasado martes).

"Éste es un ejemplo más de la precaria situación de nuestros mayores y de sus familias, que tienen que recurrir a la red privada de centros por la carestía de plazas públicas, ya que la red pública sólo atiende en la región de Madrid al 1,6% de la población mayor de 65 años", señaló García Rojas.

Garantía y calidad

En opinión de la parlamentaria regional, el esfuerzo económico que tienen que hacer las familias para costear las plazas privadas no se ve recompensado con la suficiente supervisión por parte de la Administración respecto a la idoneidad, la garantía y la calidad de las mismas.

"En este caso, y una vez más, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se inhibe de una problemática que es consecuencia de la falta de voluntad para crear recursos públicos suficientes de atención sociosanitaria para las personas mayores", indicó.

García Rojas detalló que la política del Gobierno regional para los mayores se ha caracterizado por el incumplimiento del Plan de Velocidad (de las 39 residencias prometidas en la legislatura anterior, el Gobierno sólo ha inaugurado una), hay una lista de espera de más de 17.000 mayores para una plaza en una residencia, existen graves carencias en material sanitario e higiénico, y algunas residencias no pueden poner en uso un elevado número de camas por falta de personal que las atienda.