El Ayuntamiento de Torrejón, sancionado por recopilar las huellas dactilares de sus trabajadores

La Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha sido sancionada por la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad (APD) por recopilar, el pasado abril, los datos de las huellas dactilares de sus trabajadores sin declararlo previamente a la agencia, vulnerando así la Ley Orgánica de Protección de Datos. La resolución, comunicada al Consistorio hace dos semanas, señala que la infracción fue "grave", pero al haber sido cometida por una Administración pública, no será castigada con el pago de una multa.

Esta medida del Ayuntamiento, gobernado por una coalición PSOE-IU, se debió a la instalación de un sistema de lectura de las huellas dactilares en las puertas del Consistorio para controlar la entrada y salida de los 1.100 trabajadores municipales, en sustitución del sistema por tarjeta electrónica (ver EL PAÍS del 17 de abril). Esto hacía necesaria la creación previa de un fichero digital de los datos obtenidos de las huellas. Sin embargo, parte de los trabajadores tuvieron que aportar sus datos sin que el Ayuntamiento cumpliera con los trámites legales necesarios antes de comenzar la recopilación. Una vez aprobado en el pleno, lo que ocurrió el pasado 2 de abril, el Consistorio debería haber enviado la solicitud para la creación de dicho fichero a la APD, publicar la medida en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y abrir un periodo de alegaciones, además de informar previamente a los trabajadores del fin para el que se estaban recogiendo sus datos.

Denuncias de los sindicatos

Los sindicatos CC OO y UGT denunciaron entonces a la APD que el Ayuntamiento procedió a la recopilación sin cumplir esos requisitos, y la agencia les ha dado la razón. Caridad de la Rosa, portavoz de CC OO en el Consistorio, considera que la resolución de la APD es una "batalla ganada" ya que, "se ha obligado a dar marcha atrás" al Consistorio, paralizando el proceso y provocando que respete los trámites legales establecidos.

Por su parte, el concejal de Personal y Régimen Interior, Francisco Carlos Colomer, reconoce que "hubo un error al implantar el sistema". "Incumplí en esa parte y no esperé a que la agencia diese su aprobación", dice, pero insiste en que "requerí la toma de los datos para aligerar los trámites". Sin embargo, asegura que no fueron tomados a más de 11 trabajadores. "Ya que paramos el proceso al saber que la agencia había abierto un expediente informativo", dice.

Sin embargo, Colomer matiza que la resolución de la APD no afecta a la aplicación del sistema de control en su conjunto y anuncia que, una vez pasado el periodo de alegaciones, se pondrá en marcha, "seguramente a partir de septiembre". Por su parte, De la Rosa considera que se trata de un "sistema desmesurado" de control de los trabajadores municipales, por lo que no descarta que su sindicato alegue la anulación completa de la instalación de dicho sistema de control.