70 casas 'ilegales' levantadas en suelo público de Alcorcón serán derribadas
Unos 70 vecinos del municipio de Alcorcón y sus familiares tratarán de impedir hoy que el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, derribe las viviendas, almacenes y casetas que poseen en la parcela conocida como Camino de Carrolomillo.
Estos vecinos han denunciado al Consistorio por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), pues aseguran que el derribo de las instalaciones es ilegal. Según explicó Pablo Moreno, representante de los afectados, hace más de 30 años utilizaron este terreno, que entonces pertenecía al Ministerio de Defensa, para construir viviendas, almacenes, huertos y otras instalaciones de carácter privado. "Ahora", agregó Moreno, "pretenden derribar esas instalaciones, en las que los vecinos han invertido dinero y algunos incluso viven allí, sin darles indemnización por los derechos de propiedad que poseen, no ya sobre suelo, pero sí sobre las construcciones que ellos levantaron".
El representante de los afectados, que calificó esta utilización de terreno público de "posesión pacífica", aseguró que el Ayuntamiento no ha seguido el proceso legal y en eso basan la denuncia por prevaricación interpuesta en los Juzgados de Alcorcón para evitar el derribo. "Aunque este suelo es público, los vecinos que tienen allí viviendas, almacenes y casetas adquieren unos derechos por posesión continuada y la ley dice que el Ayuntamiento lo primero que tendría que hacer es escucharles para que presenten alegaciones y reclamen las indemnizaciones correspondientes", insistió Moreno.
La concejala de Urbanismo de Alcorcón, Anunciación Romero, asegura que los asentamientos "son ilegales, ya que ese suelo pertenece al proyecto de ampliación del enclave conocido como Industrias Especiales", y subraya que "los vecinos que construyeron allí estas instalaciones, a sabiendas de que ese suelo no era suyo, no tienen ningún derecho a indemnización".
