El CES advierte de que cumplir con Kioto puede afectar al empleo a partir de 2008

El Consejo Económico y Social (CES) apoya los planes del Gobierno para cumplir con el Protocolo de Kioto, especialmente los diseñados para el periodo 2005-2007. No obstante, el dictamen sobre el proyecto de decreto-ley que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, muestra su preocupación por "los efectos que puedan tener sobre la producción, la inversión y el empleo" los objetivos de reducción de emisiones fijados para 2008-2012. En ese periodo España no debe superar en más de un 15% las emisiones de 1990 (330 millones de toneladas).

Una de cal y otra de arena. El dictamen elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) sobre los planes del Gobierno para cumplir con Kioto apoya las medidas previstas para el periodo de prueba 2005-2007, que prevén que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan un 0,4% en ese plazo. Pero advierte que los objetivos previstos para el periodo 2008-2012, cuando de verdad España tiene que cumplir y no superar en más de un 15% las emisiones del año 1990 (ahora las supera en más de un 40%) pueden afectar negativamente a la producción, la inversión y el empleo de las empresas.

"Con los datos disponibles en este momento" señala el dictamen "y dadas las incertidumbres sobre la disponibilidad de las nuevas tecnologías económicamente viables" el Consejo manifiesta "su preocupación" por los efectos de "los objetivos de reducción de emisiones previstos para el periodo 2008-2012, particularmente si no se adoptan, con la debida antelación, medidas eficaces, con recursos suficientes, que reduzcan las emisiones de los sectores difusos no incluidos en la directiva".

Repartir esfuerzos

En suma, el CES aboga por repartir, desde ya, los esfuerzos de reducción de emisiones entre los sectores obligados por la normativa europea (cemento, papel, siderurgia, cerámica y vidrio, refino y eléctrico) y aquellos que no lo están (sector residencial y transporte) pero que son responsables de más de la mitad de la contaminación responsable del cambio climático.

El CES, organismo que preside Jaime Montalvo, considera el mercado de emisiones -al que deben acudir las empresas para comprar o vender derechos- "válido" para lograr los fines que se persiguen, señala no obstante, que ese mercado puede afectar a los costes y a las tarifas y repercutir "negativamente" en la competitividad, el proceso inversor, el empleo y en los consumidores. Por ello, cree "que el Gobierno debiera implementar medidas de aopoyo y/o minoración del proceso de internacionalización de los costos derivados del mismo".

Es decir, el CES reclama medidas de apoyo a las empresas afectadas que, en teoría, y según los planes del Gobierno, deben asumir los costes que suponga cumplir con Kioto. Esos costes, según los cálculos del responsable del Plan de Asignación de Emisiones en el Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, no superarán, en el peor de los casos, los 500 millones de euros en cinco años.

El Consejo Económico y Social defiende, además, mesas tripartitas entre las Administración, los sindicatos y los empresarios, a nivel global y en cada sector "apara hecer seguimiento y ajustes del plan". Detras de la propuesta está la idea de que en el proceso internacional de ratificación del Protocolo de Kioto "pueden darse escenarios cambientes" que harían recomendables prever "mecanismos de flexibilidad" en los objetivos políticos a largo plazo.

Preocupación empresarial

Buena parte de las críticas del CES al proyecto de decreto elaborado por el Gobierno coinciden con las preocupaciones expresadas por las empresas de los sectores afectados y por la patronal CEOE.

El dictamen recoge incluso una idea muy manejada por los empresarios: que las emisiones de los sectores afectados por la normativa europea se sitúan por debajo de las que se observan en los mismos sectores en el conjunto de la UE.

El dictamen del CES, no vinculante, es uno de los pasos previos exigidos para que el Gobierno pueda aprobar los planes elaborados en los últimos meses. Resta aún el dictamen del Consejo de Estado.El Gobierno, que ha recibido alrededor de 400 alegaciones al Plan de Emisiones que se aprobará a la vuelta del verano, está en el proceso de adjudicar derechos de emisión instalación por instalación en las industrias.