Narbona quiere conocer los planes de Madrid y Castilla y León en Guadarrama
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, lamentó ayer la desidia que, a su juicio, demuestran los Gobiernos de Madrid y Castilla y León, ambos del PP, por no querer reunirse con ella para tratar la creación del Parque Nacional de la sierra de Guadarrama. "Les pedí compartir con ellos los planes de ordenación que se están haciendo, pero me dijeron que quedaba bastante tarea y no les parecía el momento", señaló. Unas 2.000 personas se manifestaron el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, para reclamar el parque.Narbona aseguró que ella no puede presionar a las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León porque "ellas tienen la competencia para hacer esos planes y luego será el ministerio el que dirá si sus resultados son el soporte que justifica que se haga un parque nacional o no". Pero, a juicio de la ministra, las peculiaridades de la sierra requieren de un estudio previo, "porque está muy poblada y muchos de sus usos pueden ser incompatibles con el parque nacional".
Narbona estima que el ecosistema de Guadarrama es muy "valioso", pero que para crear la reserva es necesario "tomar las decisiones correctas para restringir los usos residenciales y los usos tradicionales del monte". La ministra fue más allá y precisó: "Entre estos condicionantes negativos destacan las especulaciones urbanísticas, como en Abantos".
Con especial dureza habló de esta zona: "No se está haciendo lo que se tiene que hacer, pero es una responsabilidad exclusiva de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de El Escorial, y yo, desde el Ministerio de Medio Ambiente, lo que puedo es condicionar determinadas decisiones finales". Narbona expresó también su deseo de que estos organismos escuchen lo que hacen los ciudadanos de esta zona "antes de seguir destruyendo Abantos, que forma parte de lo que es el escenario en el que se ubicaría el parque nacional".
La responsable de Medio Ambiente recordó que su ministerio no puede ejercer acciones de manera directa, pero sí lo pueden hacer los ciudadanos por la vía judicial en caso de que se detecten delitos ecológicos. "Lo que haremos será modificar la Ley de Montes, para que cuando haya incendios que afecten a zonas forestales éstas no puedan cambiar su uso en 30 años. Estoy segura de que con esta medida muchas presiones especulativas contra áreas forestales podrán vencerse", dijo.
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