Rebajada la pena a tres reos de estafa porque el juicio se ha demorado 17 años

La Audiencia de Madrid ha condenado a penas de sólo seis meses o un año de cárcel a tres empresarios de la construcción acusados de una estafa ocurrida en 1986 y cifrada en más de un millón de euros (cerca de 200 millones de las antiguas pesetas). Lo más llamativo de esta sentencia es que el tribunal ha rebajado sustancialmente las penas que pedía el fiscal para los tres acusados, y lo ha hecho "por dilaciones indebidas del proceso": el fiscal reclamaba para dos de los reos sendas penas de seis años de cárcel (12 años en total para cada uno), y otra pena de dos años de prisión para el tercer acusado. Finalmente, a dos de los empresarios se les ha quedado la condena en dos penas de seis meses -un año para cada uno-, y al tercero, en seis meses.

Aunque el tribunal señala que la dilación del proceso se debe a los muchos recursos planteados por las partes y a las inhibiciones de unos juzgados en otros para que tramitasen el asunto, también indica que la gran demora no es atribuible a los acusados.

Por ello, ha decidido aplicar la atenuante por "dilaciones indebidas". La dilación, desde que se inició la investigación en el Juzgado de Instrucción número 10 y hasta que el asunto ha terminado con el juicio y la sentencia, ha sido de casi 17 años, ya que las pesquisas se iniciaron en 1987. La estafa afectó a 17 personas.

Los dos condenados a un año de cárcel cada uno -el fiscal pedía para ellos 12 años- son Benito del Peral Pérez, de 49 años, y José Antonio Hernández García, de 56; el tercer condenado, a seis meses de prisión, es Jesús Román Romero. Los dos primeros deberán indemnizar, además, con 944.417 euros a 13 de los afectados, mientras que a otros cuatro deberán abonarles las cantidades que se establezcan en ejecución de sentencia.

La estafa es compleja. Detalla el tribunal que Hernández García constituyó, junto a otras personas, la Inmobiliaria Habana 137, SA el 23 de septiembre de 1985 y que, posteriormente, se hizo con todas las acciones y cedió el 90% de ellas al también acusado Benito del Peral.

Añaden los jueces de la Audiencia que otras dos personas no acusadas en este proceso -Antonio José Jiménez y Juan Manuel Muñoz- compraron en noviembre de ese año 1985 un terreno en Collado Villalba y contrataron la urbanización y ejecución de obras en el mismo con la empresa Laing. En junio de 1987, ambas personas vendieron los terrenos a otra entidad "y entregaron [a ésta] diversos contratos en blanco de la futura venta de los locales" que se iban a construir. Con esos contratos querían "hacer frente a las obligaciones [dinerarias] que habían adquirido" respecto a la sociedad que les vendió el suelo y a la constructora que iba a hacer las obras.

Muchos de esos contratos en blanco llegaron, "en condiciones no aclaradas", a manos de los acusados, que los entregaron a proveedores de su negocio y de otras empresas de suministro que trabajaban para ellos, y con las que tenían [supuestas] deudas pendientes. Entiende el tribunal que todo este trapicheo fue "una argucia" de los dos principales inculpados para apropiarse de dinero ajeno y "enriquecerse".

Los magistrados atribuyen, además, a Hernández García y Peral Pérez la venta de inmuebles en una urbanización de Villaviciosa sobre los que existían hipotecas. Y a Jesús Román, el tercer acusado, el haber obtenido 120.202 euros de dos afectados en calidad de préstamo con garantía hipotecaria por un "inexistente bloque". A los tres acusados el tribunal les aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por los años trascurridos. La Audiencia ha optado por rebajarles la pena y descarta otras opciones para reparar "las lesiones" que esta demora de 17 años ha supuesto a los acusados.

En la actualidad se celebra en la Audiencia otro juicio, el de la promotora Promocisa, en el que hay 1.500 afectados. Se trata de un caso de hace casi 27 años.