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Tribuna:

El derecho en las prisiones

Los días recientes se ha vuelto a hablar de prisiones en Cataluña a propósito de la decisión política de cumplir con la ley: el Departamento de Justicia de la Generalitat ha trasladado al orden jurisdiccional penal la investigación sobre unos hechos con trascendencia delictiva cometidos en el interior de los centros penitenciarios. No se da nada nuevo en esta iniciativa, ya que ésta es una práctica habitual de la Administración penitenciaria en los casos de agresiones entre internos, tráfico de drogas, quebrantamientos de condena, amenazas y extorsiones.

Es obligación de las instituciones poner en conocimiento de los tribunales de justicia la existencia de delitos. La única particularidad es que en este caso los presuntos autores son funcionarios de prisiones y el delito que se investiga es de torturas y lesiones. La relevancia radica en el hecho de que, por primera vez en la reciente historia democrática, el consejero de Justicia toma la decisión de no mirar hacia otro lado y apuesta por una acción penitenciaria respetuosa con los derechos humanos. En los últimos 20 años en las prisiones catalanas han sido muchos los profesionales, de dentro y fuera de la Administración, dedicados a la labor de introducir el derecho en las prisiones. Sin embargo, este esfuerzo ha ido acompañado de una gran impotencia, ya que no se ha visualizado una auténtica voluntad política de asumir tal propósito y de erradicar prácticas inhumanas que, en menor o mayor grado dependiendo de los recientes periodos, se han producido en casi total impunidad. Y lo innegable es que esta voluntad política constituye el auténtico motor de impulso para que las otras instituciones que confluyen en el sistema penal actúen adecuadamente, teniendo en cuenta que la fiscalía y los tribunales deberían desempeñar el papel de velar por la legalidad.

En estos 20 años hay una ausencia de sentencia judicial alguna referida a abusos cometidos en prisión, a pesar de las denuncias interpuestas. Sin embargo, todo apunta a que el coraje y el rigor de la acción política del actual Gobierno de la Generalitat permitirán gestar un escenario penitenciario nuevo, donde no exista ninguna duda de cuál es la línea que la ley, igual para todos los ciudadanos, obliga a no cruzar.

A partir de esta certeza de legalidad, muchas cosas pueden cambiar en la realidad penitenciaria. Cuestiones trascendentales, como el uso proporcional y riguroso del régimen disciplinario, en coherencia con las líneas de tratamiento penitenciario, y la visualización de los profesionales como agentes portadores de valores normativos reales, contribuirán en mucho a mejorar las expectativas de reinserción social de la población penada.

Es indudable que persistirán problemas de carácter estructural, de hacinamiento, de salud mental, de drogodependencias, que deberán tener respuestas planificadas con rigor e impulsadas con determinación política desde todas las instituciones y entidades sociales. Pero estas acciones necesarias no serían posibles sin el sustrato claro y diáfano del respeto a los derechos humanos sin matices.

Mejor sería que las voces de la ahora oposición y hasta hace poco responsables penitenciarios, y de los sindicatos, optaran por un discreto silencio sobre este tema. Todos sabemos que, a pesar de no actuar, en privado siempre han reconocido su impotencia para atajar las malas prácticas de un grupo reducido de funcionarios. Por ello provoca perplejidad que quienes no evitaron la actual situación, cuando estaban obligados legalmente, se permitan negar el valor de decisiones rigurosas haciendo demagogia de cuestiones tan elementales.

Hay servicios públicos altamente sensibles, como la policía, la sanidad y las prisiones, donde la pasividad de la acción política se paga cara. Y a costa del inventario comunitario. Que el anterior Gobierno deje trabajar a los actuales responsables, esto es lo mínimo que se puede pedir en nombre de la lealtad institucional.

Como decía el malogrado y eminente magistrado Tomás y Valiente, el Estado de derecho debe velar por incluir en su demarcación el interior de los muros de las cárceles. Y esto, en el momento actual, parece por fin vigente.

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Gemma Calvet Barot es abogada

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de julio de 2004